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Crédito: Agencia UNO
El Gobierno aseguró que Hugo Bustamante, el imputado en el caso Ámbar, aún estaría preso con la actual legislación, y el reglamento referido a los delegados de libertad condicional y la organización interna de Gendarmería para estos efectos se encuentra pendiente de Toma de Razón por parte de Contraloría. Sin embargo, dicho documento fue retirado por el ministerio de Justicia el 22 de octubre de 2019 y desde entonces no ha sido reingresado al ente de control. De todos modos, la ley está plenamente vigente.
Luego del macabro crimen de Ámbar Cornejo, desde el Gobierno reaccionaron rápidamente, no solo condenando el hecho, sino también poniendo el foco en que la actual Ley de Libertad Condicional promovida por esta administración habría impedido la libertad del imputado Hugo Bustamante.
El caso del acusado por el homicidio calificado de la menor en Villa Alemana, reavivó el debate por las libertades condicionales. El sujeto conocido como “el asesino del tambor”, llamado así por el doble homicidio que cometió en 2005, cumplió solo 11 años de prisión de los 27 años a los que fue condenado por esos hechos. Pero se encuentra en libertad desde 2016 por decisión de la Comisión de Libertades Condicionales de Valparaíso.
Desde el Ministerio de Justicia informaron que la Ley 21.124, publicada en enero de 2019, modificó el sistema de Libertad Condicional, con el objetivo de concebirla como un beneficio, y no como un derecho.
No solo eso: también informaron que un reglamento referido a los delegados de libertad condicional y la organización interna de Gendarmería para estos efectos se encuentra pendiente de Toma de Razón por parte de Contraloría, aun cuando la ley está plenamente vigente. Lo importante -según la cartera- es que “con la actual legislación, el sr. Bustamante Pérez aún estaría privado de libertad”.
Sin embargo, al revisar el curso administrativo de dicho reglamento en Contraloría, se puede corroborar que la versión del Gobierno no se ajusta a la realidad.
El reglamento al que hace referencia el ministerio de Justicia fue ingresado el 24 de mayo de 2019 a Contraloría para su toma de razón. Sin embargo, fue retirado por la propia cartera el 22 de octubre del mismo año.
Según explica la Contraloría en su sitio, respecto a la tramitación de reglamentos, el retiro de estos “puede ocurrir cuando el acto que se examina contiene observaciones que no permiten su correcta tramitación, por lo que es retirado de forma voluntaria por el servicio, a fin de efectuar los correspondientes ajustes al acto, para ingresarlo nuevamente a la CGR, o retirarlo definitivamente”. Y en el caso de los cambios al sistema de Libertad Condicional, nueve meses después, el reglamento ad hoc hasta la fecha no ha sido reingresado.
