PAÍS
Crédito: Agencia UNO
La acusación constitucional por notable abandono de deberes contra Silvana Donoso, ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que en 2016 lideró la comisión que otorgó la libertad condicional a Hugo Bustamante, imputado ahora por el brutal crimen de la menor Ámbar Cornejo, acusa “criterio arbitrario y privilegio de convicciones personales” por parte de la magistrada. El libelo fue apoyado por diputados de Chile Vamos y también encontró respaldo en la oposición, como en el expresidente de la Cámara, el DC Iván Flores, o la diputada Alejandra Sepúlveda, de la Federación Regionalista Verde. Pero en el Poder Judicial no se mueven un ápice en su posición. «La Corte Suprema respeta el ejercicio constitucional por parte de los miembros del Congreso Nacional, pero estima que en el presente caso no se configura el presupuesto de hecho que establece dicha norma», dijo la vocera del máximo tribunal, Gloria Ana Chevesich.
Este jueves finalmente se concretó el ingreso de la acusación constitucional contra la jueza Silvana Donoso, quien en 2016 lideró la comisión de libertades condicionales que otorgó el beneficio a Hugo Bustamante, imputado ahora por el brutal crimen de la menor Ámbar Cornejo.
El diputado RN Andrés Longton lideró la presentación del libelo contra la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso por notable abandono de deberes, un recurso que fue apoyado por diputados de Chile Vamos pero también encontró respaldo en la oposición, como en el DC Iván Flores, expresidente de la Cámara, o la diputada Alejandra Sepúlveda, de la Federación Regionalista Verde.
El recurso genera tensión entre el Congreso y el Poder Judicial, al punto que esta jornada la vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, manifestó que el máximo tribunal respeta el derecho de los parlamentarios de acusar constitucionalmente, pero recalcó que discrepa del fondo del libelo.
“Conforme al artículo 52, número 2, letra C de la Constitución Política de la República, los diputados pueden formular acusaciones en contra de los miembros de los tribunales superiores de justicia por notable abandono de sus deberes y será la Cámara de Diputados la que tenga que pronunciarse», indicó.
«La Corte Suprema respeta el ejercicio constitucional por parte de los miembros del Congreso Nacional, pero estima que en el presente caso no se configura el presupuesto de hecho que establece dicha norma», añadió la vocera del máximo tribunal.
De acuerdo al documento de 90 páginas, los hechos dejan al descubierto que la “ministra Donoso en su rol de presidenta de la Comisión, dio preeminencia a sus convicciones personales (…), postergando el cumplimiento de la labor pública en vistas al bien común”.
El libelo acusa a la magistrada de actuar con “criterio arbitrario y privilegio de convicciones personales”. De acuerdo al diputado Longton, la jueza Donoso no respetó la norma y lo hizo «deliberadamente» de «forma torcida».
La acusación se sustenta en que en el año 2016 se dejó en libertad a Bustamante, pese a que el informe de Gendarmería señalaba en ese entonces que el sujeto «solo reconoce el daño a sí mismo, no incluye en nada a sus víctimas o lo que socialmente pudo haber provocado».
De acuerdo a Longton, “hay una aplicación torcida de la ley, que hay un criterio que es arbitrario, porque la jueza deliberadamente y reiteradamente y conscientemente omite informes de Gendarmería, teniendo la obligación de considerarlos». «Y es más –apuntó– nosotros citamos fallos de la Corte Suprema de esa época en que dice que el informe de Gendarmería es un elemento esencial, porque el decreto ley tiene que aplicarse en su integridad».
Según el legislador, «a través de esta presentación vamos a acreditar que son actos deliberados de omitir informes que son sustanciales a la hora de tomar una determinación de dejar en libertad a internos (…). Esta jueza ha hecho caso omiso de dichos antecedentes y, por lo tanto, está vulnerando de forma clara la ley de libertad condicional».
A juicio de Longton, el inicio de este proceso se trata de «un mensaje claro» por parte de los legisladores en orden a fiscalizar las actuaciones de otros poderes del Estado. «Las atribuciones de los diputados las vamos a utilizar cuando sea necesario, y en este caso, es más necesario que nunca, porque mientras esta jueza siga en el Poder Judicial, vamos a seguir teniendo delincuentes peligrosos en la calle».
El documento fue suscrito además por los diputados Iván Flores (DC), Daniel Verdessi (DC), Osvaldo Urrutia (UDI), Ximena Ossandón (RN), Erika Olivera (RN), Gonzalo Fuenzalida (RN), Luciano Cruz-Coke (EVO), Pablo Kast (EVO), Iván Norambuena (UDI), Sergio Bobadilla (UDI) y Alejandra Sepúlveda (FRVS).
