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Crédito: Aton
El diputado RN Andrés Celis Montt ofició a la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, militante del mismo partido, solicitando una serie de antecedentes respecto a dos licitaciones públicas en la repartición encabezada por la abogada.
“La gravedad de los hechos que se han dado a conocer y tratándose del interés público comprometido en las cuestionadas compras, cuyos procesos licitatorios han sido encabezado por Katherine Martorell, hacen concluir que podrían ser revocados, invalidados o resueltos los contratos, por ello interesa saber la postura de la jefa del organismo y si estas acciones serán ejecutadas”, dijo el parlamentario.
Una de ellas dice relación con un concurso por más de 14 mil millones de pesos para un sistema de televigilancia de mil cámaras a nivel nacional. El trabajo fue encomendado a la empresa Ingesmart, que proponía la instalación de aparatos que fueron cuestionados y sancionados en Estados Unidos por peligro de vulnerabilidad y presunto espionaje del gobierno chino.
Según informó Interferencia, las cámaras de marca Hikvisión, de origen chino, ofertadas por la empresa adjudicada, fueron retiradas de lugares estratégicos y recintos públicos como hospitales y gobernaciones, precisamente por sus problemas de seguridad estratégica.
El segundo cuestionamiento corresponde a la licitación llevada a cabo en marzo de este año para la adjudicación de cámaras corporales de Carabineros que ganó Motorola, por más de 378 millones de pesos.
Por este caso, el diputado recordó que la Subsecretaría ha debido dar cuenta en una querella interpuesta por eventuales delitos de prevaricación administrativa, fraude al fisco y falsificación de instrumento público, y se han decretado diligencias como la entrega del celular de Martorell hace ya dos semanas.
“Ambos casos suman reproches a la gestión de Katherine Martorell en la Subsecretaría de Prevención del Delito, lo cual resulta ilógico tratándose de un organismo que precisamente debe prevenir la comisión de los mismos. Por lo anterior, en mi labor fiscalizadora y para despejar dudas, decidí oficiar a la subsecretaria Martorell y pedir toda la información que permita aclarar si se actuó conforme a la legalidad y las acciones que pretenden adoptar”, sostuvo.
