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El 7° Juzgado de Garantía de Santiago acogió este domingo la solicitud de la Fiscalía Centro Norte y dejó en prisión preventiva al funcionario de Carabineros formalizado por el homicidio frustrado de un adolescente al que hizo caer desde el Puente Pío Nono. Pero además decidió ampliar la indagatoria a más efectivos, incluidos otros de mayor rango, por obstrucción a la investigación, falsificación de documento público y encubrimiento. «Estamos claramente frente a problemas de responsabilidad institucional, eso nos preocupa muchísimo», señaló el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco. Desde el Gobierno, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, volvió a respaldar a la institución y a su general director, Mario Rozas, pero dijo que es «frustrante el que hemos implementado mejoras y Carabineros haya incorporado cosas distintas, y que esto haya igualmente provocado un daño a un ciudadano”.
Este domingo, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago acogió la solicitud de la fiscal de Alta Complejidad Ximena Chong, de la Fiscalía Centro Norte y decretó prisión preventiva para Sebastián Zamora, el funcionario de Carabineros formalizado por el homicidio frustrado de un adolescente, al que hizo caer desde el Puente Pío Nono el pasado viernes durante manifestaciones en Plaza Baquedano.
El tribunal estableció que la libertad del imputado es «un peligro para la sociedad», tras una larga formalización en la que la Fiscalía además dio antecedentes de que el efectivo abandonó a la víctima y que entregó información falsa al Ministerio Público.
Esta última acción, Chong la calificó como «dolosa», debido a la invención de un procedimiento realizado por el teniente de Carabineros Eduardo Fernández Camiroaga y el carabinero Bryan Burgos Rivas. De acuerdo a la fiscal, los uniformados habrían entregado información falsa sobre un procedimiento de detención en contra de A.A. En los documentos cedidos por la 1ª Comisaría de Santiago había un acta de detención donde aparecía el adolescente, sumados a una declaración en la que supuestamente le habían leído sus derechos, hecho que nunca sucedió.
Por este motivo, la Fiscalía Centro Norte decidió ampliar la indagatoria a más carabineros, incluidos otros de mayor rango, por los delitos de obstrucción a la investigación, falsificación de documento público y encubrimiento.
Debido a esto, uno de los querellantes del caso, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) no descarta ampliar la querella presentada por los delitos de homicidio frustrado y omisión de socorro contra Sebastián Zamora contra los demás carabineros involucrados en esta omisión.
«Estamos frente a un homicidio frustrado, donde hubo uso desmedido de la fuerza contra un menor y con encubrimiento», detalló el director del INDH, Sergio Micco a Radio Cooperativa.
Sobre el encubrimiento, Micco asegura que «lamentablemente, da cuenta de una acción reiterada, que se ha hecho presente en la operación Huracán y el caso Catrillanca». «Estamos claramente frente a problemas de responsabilidad institucional, eso nos preocupa muchísimo», añadió.
En esa línea, Micco también habló de una reforma a Carabineros y una renuncia del general director, Mario Rozas, de quien aseguró que tiene «responsabilidad política», por lo que el Presidente Sebastián Piñera es «el que toma la decisión».
«Antes de evaluar si servirá o no, habría que aplicar los acuerdos que se tomaron en el consejo de reforma de Carabineros. Una cosa es lo que dicen las leyes y otra cosa lo que ocurre en la práctica», comentó a Radio Infinita.
«Se requiere una reforma integral a Carabineros con sujeción plena a la autoridad civil (…). Hay que hacer una formación y selección al ingreso de carabineros. Hay que hacer capacitación continua», añadió.
Desde el mundo político también reaccionaron a esta posible reforma a Carabineros. El senador PPD Felipe Harboe aseguró que «esto ya no se puede calificar como un hecho aislado. Hay una seguidilla de hechos y actos que revelan un problema estructural en la policía, que requiere una reforma profunda».
«Lamentablemente el Presidente recibió el informe el 30 de enero, pero resulta que quedó ahí (…). Lo que vimos es la consecuencia de un actuar inadecuado, poco profesional y desmedido», añadió a Radio Duna.
Por eso, recalcó que «Piñera va a ser el responsable si tenemos o no una reforma policial. Eso estamos esperando desde el día 30 de enero, que inicie este proceso ahora».
«Nosotros como poder político y senadores de oposición exigimos que el Gobierno inicie su proceso de reforma», finalizó.
El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, calificó como «frustrante» que las mejoras que han implementado a la institución sigan dejando heridos en manifestaciones.
«Es frustrante el que hemos implementado mejoras y Carabineros haya incorporado cosas distintas, y que esto haya igualmente provocado un daño a un ciudadano», dijo a Radio Duna.
«Aquí las instituciones tienen que funcionar y que se investiguen todos los hechos. Cuáles fueron las circunstancias y quiénes son responsables de que una persona cayera al Río Mapocho», afirmó.
Sobre el futuro del general Rozas, Galli explicó que «la postura del Gobierno ha sido muy clara, respaldo a Carabineros cuando actúa dentro del ordenamiento jurídico».
