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Crédito: Aton
«Quienes hayan escuchado ese audio, es estremecedor, y que nos duele especialmente a los que somos padres o madres», asumió el vocero Jaime Bellolio. El hecho es investigado de oficio por la Fiscalía de Ñuñoa-Providencia, mientras entidades como la Unicef y la Defensoría de la Niñez expusieron su preocupación y la Cámara de Diputadas y Diputados decidió de forma inédita presentar un recurso de protección. En el Gobierno ponen sus fichas en que el Sename está en un proceso de reemplazo, pero la candidata presidencial DC, Ximena Rincón, fue enfática en que “nada de esto cambiará cuando funcione el nuevo Servicio de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia, que el Presidente Piñera se empeñó en sacar adelante, pues en él no existen cambios de fondo, y este modelo de Residencias Familiares permanece intacto”. En medio de este debate, y ante la urgencia de contar con un sistema de protección integral, el Laboratorio de Innovación Pública UC, junto a Unicef, desarrollaron una propuesta para articular los más de 40 programas que existen actualmente desde el Estado, que a pesar de los esfuerzos no consiguen responder a las necesidades de la infancia.
La gravedad de las imágenes que fueron viralizadas en el día de ayer, donde un niño aparece gritando por ayuda al interior del recinto Carlos Antúnez del Sename en Providencia ante un presunto maltrato, volvió a poner a esta instancia en el ojo del huracán y desató un debate político respecto a las deudas en materia de protección de los niños, niñas y adolescentes vulnerados.
La Fiscalía de Ñuñoa-Providencia inició una investigación de oficio, mientras entidades como la Unicef y la Defensoría de la Niñez expusieron su preocupación y la Cámara de Diputadas y Diputados decidió de forma inédita presentar un recurso de protección.
Desde el Gobierno, el vocero Jaime Bellolio planteó que «se va a hacer una investigación, se va a llegar hasta el fondo para saber qué es lo que sucedió, lo ha dicho la encargada del Servicio de Protección de la Niñez. Para nosotros es importante que todos los niños, todos, estén siempre en las mejores condiciones».
«Quienes hayan escuchado ese audio, es estremecedor, y que nos duele especialmente a los que somos padres o madres», dijo.
Hasta el centro concurrió además la jueza del Centro de Medidas Cautelares, Lorena Bruna, quien informó que “estamos indagando para determinar si existe algún tipo de vulneración”.
“De manera preliminar, lo que puedo señalar es que el protocolo se activó, pero el protocolo no fue eficaz y no produjo el resultado que debiese esperarse en este tipo de situaciones, porque el sistema en el que estamos insertos no funcionó de la manera adecuada”, declaró la jueza.
En este contexto, añadió que “estamos hablando de los niños que han sido olvidados por nuestra sociedad y de niños que lo único que tienen es el sistema que los debe proteger. Como jueces estamos preocupados de dar tramitación a este tipo de casos y en este caso indagar y por último ejercer las acciones que se estimen pertinentes”.
Cabe recordar que el Sename está en un proceso de reemplazo por el nuevo Servicio Nacional de Protección a la Niñez y Adolescencia, en un trabajo a cargo de María José Castro, quien a través de Twitter expresó que “esperamos una investigación exhaustiva en este o cualquier caso. Tenemos la misión de liderar el cambio, y tengan certeza que sí lo haremos”.
Sin embargo, el cambio genera escepticismo en el mundo político. La candidata presidencial de la DC, Ximena Rincón, se pronunció sobre estos hechos y señaló que “corresponde que el Gobierno actúe de manera clara y categórica, porque no puede ser que nuestros niños y niñas sigan sufriendo”.
“Nada de esto cambiará cuando funcione el nuevo Servicio de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia, que el Presidente Piñera se empeñó en sacar adelante, pues en él no existen cambios de fondo, y este modelo de Residencias Familiares permanece intacto”, comentó la parlamentaria.
En el Congreso, la presidenta de la Comisión de Familia de la Cámara de Diputadas y Diputados, Patricia Rubio, también agregó que «lo que está ocurriendo no va a variar con el cambio de nombre de una institución, sino que estamos hablando de una situación que requiere fiscalización, capacitación y una preocupación emocional, de salud física y mental de las niñas, niños y adolescentes».
Por su parte, el diputado Andrés Longton (RN) indicó que «el Sename ya va en retiro, pero lamentablemente hay centros donde al parecer sigue habiendo vulneración de niños, niñas y adolescentes, entonces obviamente ante cualquier atisbo de vulneración de derechos debe investigarse con celeridad y profundidad con todos sus aspectos. En ese sentido, es necesario determinar si hay responsabilidades administrativas y penales y nuestra labor como diputados es fiscalizar».
«Precisamente en este Congreso se legisló hace poco para que el Sename diera vuelta la página y existiera otra forma de funcionamiento y de trato para nuestros niños, niñas y adolescentes, por lo tanto, en esta sesión esperamos contar con todas estas autoridades para que nos aclaren de qué forma se está llevando a cabo la investigación, y de qué manera está funcionando este centro del Sename en la comuna de Providencia».
En el Congreso, además, la Comisión de Familia anunció que citará al ministro de Justicia, a la Directora Nacional del Sename, a la Defensora de la Niñez y a la subsecretaria de la Niñez, para que den explicaciones frente a lo sucedido.
«Estamos sumamente preocupados por este caso. Si bien la Cámara de Diputadas y Diputados presentará un recurso de protección, nosotros como Comisión queremos cumplir con nuestro rol fiscalizador, ya que el registro que se dio a conocer es violento, indignante, es una violación a los derechos de las niñas, niños y adolescentes más vulnerables de este país. El sistema está fallando, las residencias familiares deben contar con la supervisión y fiscalización necesarias para que estos hechos no se repitan», afirmó la diputada Rubio.
Por su parte, el diputado Raúl Soto (PPD) indicó que “no podemos seguir mirando hacia el techo mientras siguen persistiendo eventuales torturas, eventuales maltratos de niños, niñas y adolescentes. El deber del Estado es proteger a esos niños. Y esperamos que las autoridades respectivas den cuenta de esta situación, se investigue, y este tipo de hechos no sigan ocurriendo».
En medio de este debate, y ante la urgencia de contar con un sistema de protección integral que asegure un continuo de cuidado y protección a los niños, niñas y adolescentes del país, es que el Laboratorio de Innovación Pública UC (LIP), junto a Unicef, desarrollaron una propuesta de modelo de gestión para articular los más de 40 programas que existen actualmente desde el Estado, que a pesar de los esfuerzos no consiguen responder a las necesidades de la infancia.
Luego de un proceso de investigación que implicó una mirada exhaustiva de las redes institucionales y la oferta de servicios para los niños, niñas y adolescentes (NNA) en tres comunas de alta complejidad y de tamaño medio a grande de la Región Metropolitana (Colina, Santiago y La Florida), quedó en evidencia que en la escala local o municipal, donde se materializa el grueso de la prestación de servicios a los NNA en Chile, la oferta se entrega de manera muy fraccionada.
“Lo que hay que desarrollar es un continuo de cuidado, es decir, una forma de cuidar común. Lo que nosotros observamos es que todas las instituciones deben compartir una forma de hacer las cosas y debe contemplar la derivación efectiva de los casos, para atender la problemática integral de los NNA. Esto se puede hacer en la medida que se compartan procesos, lenguajes y enfoques, siendo un tema crucial que existan criterios de priorización compartidos. Mas allá de si hay 47 programas o cinco, lo importante es que compartan un modelo de gestión orientado a la infancia común”, dijo Mariana Fulgueiras, investigadora del LIP.
También se menciona en el informe que, para asegurar la protección, promoción y prevención de los derechos de los niños y niñas no basta con crear estructuras legales o administrativas centrales, sino que es necesario pensar a nivel local y asegurar que los procesos, protocolos, flujos, mecanismos de comunicación, retroalimentación, participación y rendición de cuentas sean coherentes entre sí y pertinentes a las realidades que enfrentan los NNA de Chile.
Otro pendiente es la urgencia de aprobar el proyecto de ley de Garantía de Derechos de la Niñez, actualmente en el Congreso, que lleva más de treinta años de discusión. Este proyecto tiene como propósito establecer un marco legal que fortalezca la protección integral de la infancia, garantizando una expresión territorial o local para la protección efectiva de la niñez en todo el país y favoreciendo la efectividad de la inversión pública orientada a niños, niñas, adolescentes y sus familias.
