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Señal contra la impunidad: Gobierno, INDH y Congreso valoran decisión de Abbott de revisar causas archivadas de DD.HH. del estallido social PAÍS Crédito: Aton

Señal contra la impunidad: Gobierno, INDH y Congreso valoran decisión de Abbott de revisar causas archivadas de DD.HH. del estallido social

El Fiscal Nacional puso el tema sobre la mesa en su Cuenta Pública de la semana pasada e insistió ayer con el tema, en la reunión que sostiene semanalmente con sus fiscales regionales. En La Moneda calificaron como una “buena noticia” la reapertura de causas archivadas y el ministro de Justicia destacó que “el Ministerio Público y el Fiscal Nacional estén procurando ver cómo ser más eficientes”. En el Congreso, el integrante de la Comisión de DD.HH. del Senado, Juan Ignacio Latorre, dijo que “es fundamental que las instituciones agoten todas las instancias, todas las posibilidades de investigación para que exista verdad, justicia y reparación de las víctimas y garantías de no repetición”, mientras la presidenta de la Comisión de DD.HH. Emilia Nuyado señaló que es necesario que se revisen miles de casos y que se establezcan responsabilidades de los superiores por los abusos cometidos durante el estallido social [ACTUALIZADA]


Uno de los hitos de la Cuenta Pública 2021 de Ministerio Público, del pasado 28 de abril, fue el anuncio del Fiscal Nacional Jorge Abbott de crear una Fiscalía especializada en DD.HH., la revisión de las causas archivadas del estallido social y la emisión de un nuevo oficio que actualizará los criterios de actuación en causas de ese tipo.

Según informa La Tercera, Abbott insistió ayer con el tema, en la reunión que sostiene semanalmente con sus fiscales regionales, oportunidad en la que se mencionó incluso la posibilidad de fijar metas de gestión en la materia.

Tanto en el Gobierno, el Instituto Nacional de Derechos Humanos como en el Congreso, estos anuncios de Abbott fueron bien recibidos. Consultado al respecto, el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio calificó como “buena noticia” la reapertura de causas archivadas porque “somos los principales interesados en que todas las causas de eventuales violaciones a los DD.HH. sean investigadas por la Fiscalía, sean tratadas por la Justicia y nunca jamás queden en la impunidad. Eso es lo que nos interesa”.

Antes, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, sostuvo que “me alegro que el Ministerio Público y el Fiscal Nacional estén procurando ver cómo ser más eficientes porque aquí cuando se archivan la mitad de las causas, quiere decir que en esas no hay investigaciones, y por lo tanto, se pierde el objetivo que es poder llevar a personas que han cometido delitos a la justicia (…) Valoramos los pasos que se den para avanzar en este sentido”.

De acuerdo a Abbott, pese a las dificultades enunciadas, a la fecha, la Fiscalía ha formalizado 57 causas por violaciones a los derechos humanos, las que involucran a 118 imputados, pertenecientes a Carabineros (113), el Ejército (4) y la Armada (1). Sin embargo, según publicó Ciper en marzo pasado, el Ministerio Público ha cerrado sin formalizados el 46% de las causas por violaciones de derechos humanos.

«Es fundamental que las instituciones agoten todas las instancias»

En el Congreso, el integrante de la Comisión de DDHH. del Senado, Juan Ignacio Latorre (RD), comentó que “es muy importante que en democracia no exista impunidad por violación a los derechos humanos. Chile tiene la triste historia de que el Poder Judicial no estuvo a la altura en dictadura cuando se violaron sistemáticamente los derechos humanos y ahora post estallido social hemos tenido de la crisis más grave de violación a los derechos humanos en democracia, por lo tanto es fundamental que las instituciones agoten todas las instancias, todas las posibilidades de investigación para que exista verdad, justicia y reparación de las víctimas y garantías de no repetición”.

En tanto, la presidenta de la Comisión de DD.HH. Emilia Nuyado también valoró la determinación del fiscal nacional de revisar causas de violaciones a los DD.HH. que fueron archivadas, señalando que es necesario que se revisen miles de casos y que se establezcan responsabilidades de los superiores por los abusos cometidos durante el estallido social.

“Esta es una buena señal, sobre todo porque son cientos los casos donde se denuncian abusos por parte de agentes del Estado, sobre todo durante el estallido social, que no tuvieron respuesta de los tribunales», comentó.

«Es importante avanzar en este sentido y la eventual creación de un equipo especializado para cumplir con esta tarea ojalá se lleve a cabo. Nuestra comisión tiene decenas de casos y denuncias de abusos y violaciones a los derechos humanos perpetradas por agentes del Estado durante el estallido Social», dijo Emilia Nuyado.

En este sentido, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos agregó que «en estos casos coincidimos en la necesidad de que se establezcan también la responsabilidad del mando, ya que estos abusos fueron generalizados».

«Nosotros como comisión vamos a poner todos los datos y testimonios que tenemos sobre los abusos durante el estallido social, cabe recordar que nosotros hemos tenido sesiones especiales justamente para tratar estos casos y por lo tanto estaremos a disposición de la fiscalía si lo requiere», concluyó Emilia Nuyado.

En el INDH, su director Sergio Micco, también valoró la señal del Ministerio Público, señalando que “como Instituto Nacional de Derechos Humanos valoramos que la Fiscalía Nacional examine los criterios aplicados en las causas de Derechos Humanos asociados al estallido social, sobre todo respecto aquellas investigaciones que fueron en principio archivadas, en varias de estas el INDH actúa como querellante. Esta es una señal que una muestra del compromiso de la Fiscalía con la búsqueda de la verdad y la justicia y la no impunidad en nuestro país”.

De acuerdo a la versión de La Tercera, los anuncios de Abbott en materia de causas de derechos humanos causaron cierto ruido entre los fiscales dado que la persecución de estos ilícitos se podría transformar en una meta de gestión institucional, lo que cambiaría las actuales prioridades que giran en torno a los delitos en contra de la salud pública y la aplicación del Artículo 318 del Código Penal.

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