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Crédito: ATON
«Sí valoramos que se fortalezcan las instituciones autónomas de derechos humanos», dijo Sergio Micco en entrevista con El Mostrador en La Clave, en referencia al anuncio que hizo el Presidente Sebastián Piñera en su última Cuenta Pública, de abrir en el Ministerio Público una fiscalía especializada en DDHH. El director del INDH también calificó como un error gravísimo que el Gobierno haya omitido que en Chile se violaron los derechos humanos durante el estallido social, y reveló que el organismo presentó 2917 querellas, pero hasta ahora solo una tiene sentencia y más del 60% de los afectados “jamás han prestado declaración». Respecto a los presos del estallido social, enfatizó que aún «no tenemos clara la cifra de personas privadas de libertad por acusaciones, delitos producidos durante la crisis social» [ACTUALIZADA]
El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, se refirió a los anuncios del Presidente Sebastián Piñera en la Cuenta Pública en materia de DDHH, y si bien valoró la creación de una fiscalía especializada en la materia, fue enfático en que «los recursos tienen que entregarse ahora ya».
En entrevista con El Mostrador en La Clave, Micco sostuvo que “valoramos que se fortalezcan las instituciones autónomas de derechos humanos”, sin embargo sostuvo que ideas como la de la Fiscalía representan «una solución de mediano y largo plazo” y en lo inmediato “nosotros hemos pedido financiamiento para abogadas, abogados, psicólogos, trabajadores sociales que trabajen con las víctimas». Y en cuanto a las medidas comentadas por el Presidente ante el Congreso, el director del INDH comentó que «son anuncios, nosotros no hemos recibido lo que son las propuestas concretas».
En este contexto, consideró que en la Cuenta Pública «el Gobierno comete un error gravísimo en omitir que se están violando derechos humanos». También criticó lo dicho por Carabineros, que ha señalado que «mientras no haya sentencia judicial, no se demuestran las violaciones a los derechos humanos». Al respecto, sostuvo que «eso no es así», y argumentó que «el general Pinochet nunca fue condenado por un tribunal de Justicia en Chile como violador de derechos humanos».
Al dar cuenta del estado de las cosas, el director del INDH reveló que el organismo presentó 2917 querellas por violaciones a los derechos humanos en el estallido, pero hasta ahora solo una tiene sentencia. No solo no hay sentencias judiciales, sino que -sostuvo Micco- «el problema es aún mayor», ya que «más del 60% de estas personas jamás han prestado declaración».
«Es cierto que hay una pandemia (…) valoramos la medida de la fiscalía especializada en derechos humanos, pero los recursos tienen que entregarse ahora ya», recalcó.
Sergio Micco consideró que es necesario que se tomen medidas de corto plazo para dar respuesta a estas casi 3 mil querellas. En primer lugar, sostuvo que es necesario reforzar la labor de los fiscales de dedicación exclusiva, para que lleguen a las víctimas a las que todavía no se les toma declaración.
También señaló que es fundamental la labor del Servicio Médico Legal (SML), pidiendo que su labor sea reforzada. «Ellos se hicieron cargo de los muertos de la pandemia», y reveló que hay 645 querellas del INDH que requieren la participación del SML.
Hace dos y meses y medio, el propio Sergio Micco ya insistía en que “Chile no está cumpliendo sus deberes internacionales, y estamos más cerca de la impunidad que de la verdad”, dada la notoria falta de recursos para que puedan concretarse las investigaciones.
“El Instituto constata, a partir del informe que entregó Ymay Ortiz, quien es la encargada de Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional, que de las 6.500 causas que estaban activas, hay 3.050 que por distintas razones no se está continuando la investigación», dijo el director del INDH en su momento a El Mostrador en La Clave.
En cuanto a los denominados presos del estallido social, Micco reconoció que «no tenemos clara la cifra de personas privadas de libertad por acusaciones, delitos producidos durante la crisis social”, aunque el Ministerio Púbico señala que en la actualidad alcanzan a los 25.
La situación de este grupo de personas es analizada en un proyecto de indulto que se tramita en el Senado, pero es rechazado de plano por el Gobierno tal como lo expresó el Mandatario en la misma Cuenta Pública ante el Congreso. Mientras, candidatos presidenciales como Gabriel Boric (FA) y Daniel Jadue (PC) y los candidatos constituyentes electos en la Lista del Pueblo han presionado por conseguir una rápida solución.
Sin embargo, según Micco, la extensión de las prisiones preventivas no es un problema que afecta exclusivamente a estas personas, dado que “un tercio de la población penal está bajo la custodia del Estado en condiciones deplorables y no se ha emitido sentencia sobre sus casos».
