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Crédito: ATON
En el ranking de este año, Chile figura con la segunda puntuación más alta entre 15 países de Latinoamérica con 6.51 de 10, solamente superado por Uruguay, que ocupó el primer lugar del sondeo con un puntaje de 7.80. Chile ha experimentado una disminución en el puntaje, ya que en 2020 marcó 6.57, y en 2019 6.66. Sin embargo, el informe señala que «la capacidad para combatir la corrupción se mantuvo estable incluso tras el estallido social de finales de 2019 y las tensiones políticas asociadas a la pandemia a lo largo del año 2020». Pese destacar algunos aspectos, el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción también develó algunos temas a monitorear, poniendo hincapié en la instalación de la convención constitucional que se encargará de redactar una nueva Constitución.
La lucha para combatir la corrupción en América Latina experimentó una nueva ola de retrasos el pasado año a consecuencia de la pandemia global de coronavirus, según se desprende del llamado índice CCC 2021, presentado en Londres este lunes.
La Americas Society/Council of the Américas (AS/COA) y Control Risks, la empresa de consultoría especializada en riesgos globales, lanzaron, por tercer año consecutivo, este ránking de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) a fin de evaluar la capacidad de los países latinoamericanos para descubrir, castigar y detener la corrupción.
En el ranking de este año, Chile figura con la segunda puntuación más alta entre 15 países de Latinoamérica con 6.51 de 10, solamente superado por Uruguay, que ocupó el primer lugar del sondeo con un puntaje de 7.80.
Chile ha experimentado una disminución en el puntaje, ya que en 2020 marcó 6.57, y en 2019 6.66. Sin embargo, el informe señala que «la capacidad para combatir la corrupción se mantuvo estable incluso tras el estallido social de finales de 2019 y las tensiones políticas asociadas a la pandemia a lo largo del año 2020».
Destaca que «desde el año pasado, Chile ha tomado medidas para reforzar el entorno de anticorrupción. El Senado está debatiendo un proyecto de ley para proteger a los informantes que denuncien casos de corrupción».
También destacaron la condena del ex senador de la UDI, Jaime Orpis por el caso Corpesca: » fue condenado a cinco años de prisión tras ser declarado culpable de fraude y de recibir sobornos para favorecer los intereses de la mayor empresa pesquera de Chile, Corpesca, que fue multada».
«Los políticos locales también están bajo escrutinio: hay una investigación sobre el candidato presidencial y actual alcalde (de Recoleta) Daniel Jadue por una acusación de corrupción relacionada con donaciones a su municipalidad en Santiago», agrega el documento.
Finalmente, la medición sostiene que «Chile ha mantenido su fortaleza institucional, como lo demuestra su constante desempeño en la categoría de democracia e instituciones políticas. Las variables del país en esta categoría superan ampliamente la media regional y se sitúan muy cerca del líder del Índice, Uruguay».
Pese destacar algunos aspectos, el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción también develó algunos temas a monitorear, poniendo hincapié en la instalación de la convención constitucional que se encargará de redactar una nueva Constitución.
«A mediados de 2021, Chile iniciará un proceso muy complejo para redactar una nueva Constitución, que podría incluir nuevas normas que afronten la corrupción. Los miembros de la asamblea constituyente de todo el espectro político probablemente apoyarían las medidas para mejorar la transparencia y aumentar el acceso a la información pública», dice el reporte.
Manifiestan que «los proyectos de ley contra la corrupción seguirán avanzando lentamente en el Congreso. Las medidas para hacer frente a los efectos socioeconómicos a corto plazo del covid-19 seguirán teniendo prioridad, y otros proyectos de ley pueden quedar en segundo plano».
Por último, indicaron que «el sentimiento antigubernamental sigue siendo elevado, y cualquier caso de corrupción que implique a funcionarios públicos puede exacerbar las tensiones sociales de cara a las elecciones presidenciales de noviembre».
El índice CCC detecta que 5 de los 15 países evaluados registraron disminuciones significativas en sus puntuaciones; 7 se quedaron sin cambios y tres aumentaron de manera notable y encuentra que los dos países y economías más grandes de América Latina, Brasil y México, sufrieron algunas de las caídas más bruscas.
Brasil -que cayó del cuarto al sexto puesto-, registró una bajada del 11 por ciento en la categoría de democracia e instituciones políticas, donde el estado de relaciones ejecutivo-legislativo fue un factor clave, según este informe.
En cuanto a México, su puntuación cayó un 7 por ciento en 2021 -del octavo al undécimo lugar- y, en este caso, pesaron variables como las que miden la independencia de la fiscalía general y de las agencias anticorrupción.
Por contra, la República Dominica fue uno de los que más mejoró -del 13 al 10- al darse avances significativos en la categoría de capacidad legal, «reflejo de un impulso anticorrupción del presidente Luis Abinader», según explica el documento.
Por su parte, el informe destaca que Panamá y Ecuador experimentaron mejoras considerables en su capacidad legal mientras que los aumentos percibidos de politización de las instituciones anticorrupción redujeron las puntuaciones de Argentina y Colombia.
El índice CCC apuntó que Guatemala -que bajó del 11 al 13- cayó un 5 % este año y un 16 % desde 2019 mientras que Venezuela sigue en la posición más baja.
