PAÍS
A seis días de la instalación de los gobernadores regionales, el choque frontal entre las autoridades recientemente electas –que en su amplia mayoría responden a fuerzas políticas de oposición– y los delegados presidenciales, parece inevitable. Los gobernadores de distintas regiones acusan que el Gobierno ha interferido, a través de las intendencias, para reducir su poder, acelerando los concursos públicos de funcionarios y asesores clave, de modo que quede contratado personal afín a los delegados, que responden al Presidente y, así, dejar sin capacidad a los gobernadores de nombrar cargos de su confianza. Esto se suma, además, a lo que han calificado como descentralización tutelada o condicionada al nivel central, la que a toda costa está evitando la transferencia de poder, por el temor a la fuerza electoral de las nuevas autoridades regionales.
Un conflicto que siempre se supo que iba a llegar, está a días de concretarse. Esto, porque la anhelada instalación de las nuevas autoridades regionales coincidirá con un choque frontal con los delegados presidenciales, toda vez que, en la hora de los descuentos, diferentes fuentes advierten que La Moneda estaría interviniendo para asegurar una mayor posición de poder para sus delegados, que representan al oficialismo, por sobre los 15 gobernadores regionales de oposición.
Una de las acciones que sustentarían la tesis del «arropamiento» del Ejecutivo en favor de los delegados presidenciales, tiene que ver con la acción de los intendentes de acelerar los concursos públicos, a fin de cubrir todos los cupos con gente afín a los delegados –algunos de ellos incluso sin el perfil técnico o idóneo para el puesto–, de modo de dejar sin capacidad a los gobernadores de nombrar cargos de su confianza en puestos clave, como los de asesores.
Este actuar tendría diferentes vicios, y uno de ellos fue detectado en la Región de Los Ríos, donde –luego de una denuncia– la Contraloría General de la República, a través de la resolución N° E99459 / 2021, obligó a la Intendencia a “retrotraer el concurso público convocado para proveer un cargo grado 6 de la planta profesional de ese servicio…”.
Se trataba de la mala aplicación de un criterio en el concurso mismo, donde no se le habría dado valor a la experiencia que el cargo ameritaba, dejando a otros concursantes fuera de carrera. “Esta es una de las tantas artimañas que se han ocupado para llenar de ‘amigos’ los cargos de planta”, señalaron desde la asociación de funcionarios.
Por ahora, la asociación de gobernadores regionales, que funciona coordinadamente y que incluye a los dieciséis electos, se encuentra en etapa de recopilación de antecedentes y denuncias del mismo carácter. Lo que sí está claro –puntualizaron desde la entidad autoconvocada– es que no se trataría de casos aislados. Y aquello lo asumen como un intento desde Palacio por equilibrar su debilitada fuerza electoral.
El vocero de la asociación de gobernadores regionales, y electo gobernador por la Región de Los Lagos, Patricio Vallespín, apuntó a que “hemos sido informados por parte de la asociación de funcionarios que en diferentes regiones se habrían estado buscando fórmulas, mecanismos de poder, para dejar definidos una serie de cargos, cupos en las plantas de los gobiernos regionales, para tratar de dejar ahí amarradas a ciertas personas en particular, y que probablemente tendrían pocas posibilidades de estar ahí , ya sea por su calificación o su pertinencia”.
Por su parte, el gobernador regional electo por Antofagasta, Ricardo Díaz, agregó que “creemos que un sentido de mayor transparencia es que, quienes van a entrar a trabajar en el futuro gobierno regional, sean considerados por la futura administración. Ha ido ocurriendo con unos cargos que estaban a contrata, que estaban a honorarios, nos hemos enterado lamentablemente la semana pasada de contrataciones que se han hecho, y que lamentamos esa forma de actuar”.
A raíz de aquello, la asociación de funcionarios de los gobiernos regionales ingresó, el 25 de junio, el oficio 08.2021 a la Contraloría General de la República, donde se informa “sobre estado de situación de concursos públicos para proveer cargos de Planta Profesional en los Gobiernos Regionales”. En este oficio se entrega una larga serie de antecedentes que expondrían varios de los vicios acusados por los propios gobernadores.
En el escrito se señala que “a modo general, se debe señalar que las Bases de convocatoria a los concursos públicos están siendo elaboradas con criterios y ponderaciones ajustadas para determinados funcionarios, especialmente para aquellos que son de confianza de las/los actuales Intendentas/es, incluso algunos ejerciendo como jefes de división hasta el día anterior de la Toma de Razón de la Resolución Afecta; funcionarios con escasa o nula experiencia laboral en materias asociadas a funciones de gobiernos regionales; bajos niveles de capacitación y/o perfeccionamiento; además de nuevos llamados a concursos, faltando pocas semanas para que asuman las nuevas autoridades electas, entre las principales dificultades detectadas”.
Pero esa no es la única instancia que enfrenta a las autoridades electas y las delegadas del gobierno central, y que profundizaría la tesis del «arropamiento», pues otra arista trata acerca del espacio físico que ocuparán las nuevas delegaciones. Hasta el momento, en solo dos de dieciséis gobernaciones (Aysén y Magallanes) el actual intendente ha decidido dejar el espacio físico que ocupa en favor de la nueva autoridad, evidenciando una lucha mayor y que promete no solucionarse con solo el establecimiento de reglas más claras, las que al día de hoy no existen.
Diferentes gobernadores electos consultados manifestaron que esta discusión arrastra de fondo la dignidad del cargo y, en el marco de esa diatriba, acusaron a La Moneda de llevar esta discusión al límite de un intento de demostración de poder de la autoridad central, lo que se asume como un profundo error, considerando la desventaja de una autoridad delegada (delegado presidencial) versus una electa vía escrutinio popular, lo que le otorga una mayor legitimidad ante la ciudadanía.
Un oficio emanado por la asociación de Funcionarios de los Gobiernos Regionales, con fecha 4 de mayo, advertía de esta problemática al acusar lo siguiente: “Según lo informado en la Comisión Investigadora de Descentralización, el día 25 de marzo de 2021, por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, María Paz Troncoso Pulgar, prevalece la decisión de transformar las Delegaciones Presidenciales Regionales en los actuales espacios u oficinas que hoy utilizan la mayoría de las Intendencias”. Dando cuenta entonces de la dificultad de resolución, cuando ese entrecruzan dos miradas tan dispares.
Uno de los gobernadores electos, que prefirió guardar su identidad, concluyó que “cuando privan a los gobernadores regionales electos por la ciudadanía del espacio histórico donde ha estado la máxima autoridad regional, es porque quieren privilegiar al delegado por sobre el gobernador (…). Eso no es casual, es decisión de un Gobierno que no cree en la descentralización”.
Por ahora, y por orden de Palacio, los actuales intendentes tienen la instrucción de generar líneas de comunicación con los gobernadores, que el 14 de julio deben instalarse en cada una de las regiones. Pero esa orden, replicaron los gobernadores, no pasa de ser una mera declaración de buenas intenciones, ya que en la mayoría de las entidades gubernamentales no existiría la voluntad de ceder espacios a las nuevas autoridades.
Por ahora, han existido acuerdos “impuestos”, y que van a obligar a las nuevas autoridades a tener que instalarse, ya sea en espacios reducidos, en oficinas contiguas en las mismas edificaciones, o en pisos por debajo de la actual administración, una situación catalogada de “inconcebible”, considerando que la propia Contraloría General de la República –explicaron– ya dio cuenta de que el gobernador regional será considerado la máxima autoridad regional.
Como ejemplo de eventuales problemas, desde la asociación de funcionarios sostuvieron que “están generando un conflicto artificial e innecesario, y que se trata de un conflicto de poderes, ya que ante cualquier demanda y/o problema social, por ejemplo, de los pescadores artesanales, trabajadores portuarios o respecto a reivindicaciones del Pueblo Mapuche, entre otras tantas, el/la gobernador(a) regional se relacionará o generará espacios de diálogo con los ciudadanos que promuevan aquellas demandas propias de la región, mientras que, en contraposición, el delegado presidencial regional podrá disponer del aparato de represión para restaurar el orden público”.
La asociación de gobernadores regionales llevó hasta el Parlamento una minuta donde determinó seis nudos críticos. Entre ellos, varios que están contenidos en las dos leyes complementarias de descentralización, y por las que se le solicitó a La Moneda quitarles a ambas la urgencia simple. De no hacerlo, aseguraron, llamarán a “nuestros parlamentarios” a rechazar los dos proyectos.
Se trata de la denominada ley corta donde se trabaja en la transferencia de competencias, y la de descentralización financiera de los gobiernos regionales. La primera se halla en la comisión de Gobierno de la Cámara en segundo trámite legislativo, y la segunda, en la comisión de Hacienda del Senado en primer trámite.
Respecto del financiamiento, la Ley de Presupuesto ya se encuentra en discusión y, si bien hay algunos gobernadores que acusan a la Dirección de Presupuestos (Dipres) de adelantar la negociación y, de esta forma, evitar la incidencia de los recién electos, hay otros que no suscriben la lectura de malas intenciones de parte de la entidad gubernamental.
Pero donde sí todos coinciden, es en la nebulosa y escasas atribuciones para manejar y obtener recursos que le den sustento a un cargo que tiene como responsabilidades, entre otras, la coordinación con los demás órganos y servicios públicos, además de asignar los recursos de los programas de inversión del Gobierno Regional.
La primera gran queja pasa por el hecho de que no existe aún claridad de un anhelo estancado por décadas y que consiste en la renta regional, es decir, que parte de la tributación de la actividad allí asentada, se quede en la región. Por ahora –alegan–, dependen cien por ciento de lo que se discute y se acuerde en la Ley de Presupuesto, lo que ha sido calificado como insuficiente.
En tal sentido, expresaron que “tenemos la facultad de establecer estrategias de desarrollo regional, políticas regionales, planes de inversión, es absurdo que sea el delegado quien lidere la coordinación”, tal como sale establecido.
Otra de las problemáticas –indicaron– consiste en lo que denominaron como la descentralización tutelada, y que tiene que ver con que, cualquier discusión de proyectos u otros, se debe hacer a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. En este sentido, apuntaron a que “si representamos a la región, y la Subdere ni siquiera tiene rango ministerial, que nuestro representante ante la Dipres o Interior sea la Subdere, es inaceptable”.
El electo gobernador por la Región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, resumió esto señalando que “partimos en una situación bastante compleja, bastante difícil, y lo que hemos dicho es que el proceso de descentralización es un proceso que se encuentra condicionado, tiene el freno de mano puesto, porque, objetivamente, al nivel central le cuesta precisamente transferir poder, un poder que hoy demandamos en poner en nuestra centralidad: el poder dirimir el derrotero de nuestro propio destino”.
