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«A la fecha, las sanciones propuestas por la CGR no han sido aplicadas por el general director, pese a que existen dos generales inspectores que fueron ascendidos durante la sustanciación del procedimiento disciplinario”, dijo el contralor ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados de las actuaciones de las policías durante el estallido social. En la oportunidad también abordó la necesidad de la reforma policial con enfoque en ética pública, probidad y derechos humanos. “Nadie ha recibido un castigo ejemplar que marque algún precedente al interior de la institución (…) Hemos naturalizado que carabineros y sus altos mandos hayan actuado como un gato cuidando la carnicería y esto no da para más”, indicó el diputado integrante de la instancia Diego Ibáñez.
Por segunda vez en menos de dos semanas el contralor Jorge Bermúdez volvió a cuestionar la actuación de Carabineros durante el estallido social. Este vez fue durante su exposición ante la Comisión Especial Investigadora de los actos del Gobierno y de las policías en el marco del control del orden público, que hayan significado afectación o violación de los derechos humanos de civiles desde el 28 de octubre de 2019 en adelante.
En la instancia parlamentaria, el contralor cuestionó que aún Carabineros no haya aplicado sanciones a generales por su rol en el estallido social, según informó La Tercera. «A la fecha, las sanciones propuestas por la CGR no han sido aplicadas por el general director, pese a que existen dos generales inspectores que fueron ascendidos durante la sustanciación del procedimiento disciplinario», dijo, aludiendo al proceso que propone sanciones para el actual subdirector de Carabineros, Mauricio Rodríguez (suspensión por dos meses), el actual director nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales, Enrique Bassaletti (suspensión por un mes), y el retirado Jorge Ávila (suspensión por dos meses).
Sus dichos ante la comisión se suman a la reciente entrevista que concedió al canal Vía X, donde Bermúdez fue enfático en señalar sí hubo violaciones de derechos humanos en el estallido social. Y si estas ocurrieron fue “porque hubo un mando que no estaba ejerciendo bien su pega», dijo en dicha entrevista televisiva.
En la comisión investigadora, Bermúdez señaló que la Contraloría recibió 542 denuncias en contra de Carabineros y la PDI, de las cuales 187 se relacionaban con vulneraciones a los derechos humanos, tales como “incumplimiento de protocolos para el uso de la fuerza en el control del orden público, falta de identificación del personal policial, utilización de elementos disuasivos en contra de las personas y comentarios en redes sociales que incitarían al odio”. A la fecha, el ente de control ha realizado dos sumarios y seis fiscalizaciones a la policía uniformada y civil por incumplimientos a la norma y uso excesivo de la fuerza.
Cinco de esas fiscalizaciones son de carácter reservadas en aplicación del Código de Justicia Militar, en temas como adquisición, uso y control de elementos disuasivos por parte de Carabineros (balines), control de armas y municiones en Carabineros y PDI, y adquisición de bienes y servicios para cubrir necesidades logísticas en Carabineros.
Para el diputado integrante de la comisión investigadora, Diego Ibáñez (Convergencia Social), “la exposición del Contralor General de la Republica constituye una nueva reafirmación no solo de que Carabineros actuó violando los derechos humanos de la población sino que también lo hizo desde la más absoluta impunidad. Nadie ha recibido un castigo ejemplar que marque algún precedente al interior de la institución”.
“Otro elemento que rescatamos es la necesidad imperiosa de una reforma estructural que contemple formación en derechos humanos y en gestión administrativa. Hemos naturalizado que carabineros y sus altos mandos hayan actuado como un gato cuidando la carnicería y esto no da para más”, indicó el parlamentario.
En efecto, en la misma instancia, el contralor también abordó la necesaria reforma de las policías, la cual –según dijo- debe sustentarse en tres pilares: formación operativa y valórica (enfoque en ética pública, probidad y derechos humanos), fortalecimiento de gestión administrativa (actual debilidad institucional) y especificidad de las funciones.
Bermúdez además escribió un editorial en la última edición de la revista interna de Carabineros, desarrollada por el equipo de la Unidad de Relaciones Institucionales de la División y Gestión de Modernización de las Policías de la Subsecretaría del Interior.
En el texto titulado “Integridad policial, clave para la democracia”, el jefe de Contraloría planteó que «quienes quieran actuar al margen de la ley siempre buscarán nuevas maneras de hacerlo. Eso nos obliga a crear nuevos mecanismos de prevención y control para detectar oportunamente las irregularidades».
