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Un trabajo de cooperación entre el INDH de Chile y el Instituto Danés de Derechos Humanos reveló que el sector industrial de la salmonicultura –con presencia en La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes– no solo ha afectado gravemente al medioambiente sino también a la fe pública, además de producir transformaciones culturales no deseadas en los pueblos originarios, así como en las comunidades locales. Los alcances del impacto de esta industria de capitales chilenos, pero también de Japón, Noruega, China, Canadá y Estados Unidos, abarcan desde la contaminación por residuos industriales en playas, aguas y alteraciones del fondo marino, al uso de químicos y antibióticos, junto con vertimientos masivos de salmones muertos al mar, contaminación de cuerpos y cursos de agua dulce, hasta la falsificación de informes a fiscalizadores, colusión entre empresas que producen alimento para salmones, hostigamiento de defensores medioambientales y –en algunos casos– sometimiento de pueblos indígenas del extremo austral a procesos de asimilación forzada.
Desde que el virus ISA apareció en la Región de Los Lagos en agosto de 2007, en un corto periodo escaló desde un foco contenido en algunos centros de cultivo, hasta una epidemia que afectó a tres regiones, desatando una de las peores crisis económicas que ha registrado la industria.
Desde aquel año y hasta el 2009, los esfuerzos políticos, técnicos, académicos y científicos se dispusieron para calcular el daño en materia reputacional que significó la pérdida de millones y millones de dólares a la industria, además de su impacto en el empleo, pero no se hizo lo mismo en términos ambientales, a cuyo respecto se señaló que «no existe evidencia científica objetiva sobre los impactos ambientales de la industria salmonera en la región».
Una de las consecuencias directas de la crisis fue la expansión geográfica de la industria salmonera más hacia el sur, hasta las regiones de Aysén y Magallanes.
Debido a que la salmonicultura hoy se emplaza en un entorno de gran valor, como lo es el océano, y que dichas zonas han pertenecido tradicionalmente a pueblos indígenas, además de los graves episodios de contaminación que han quedado al descubierto estos últimos años y sus efectos sobre la biodiversidad en un contexto de cambio climático, es que el Instituto Danés de Derechos Humanos (IDDH) inició una colaboración con el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH) para calcular el impacto en el medio ambiente, en las comunidades locales y los trabajadores, desde una perspectiva de DD.HH.
Y las conclusiones anticiparon una tarjeta roja a la industria, al detectar la ausencia absoluta de marcos regulatorios específicos que ofrezcan una protección de los derechos humanos en el contexto de la actividad de las empresas salmoneras, así como una exigencia explícita por parte del Estado para el cumplimiento de estos, pudiendo verse afectados una serie de derechos en el curso de las distintas fases de la industria, desde el cultivo, la cosecha y el procesamiento.
En términos generales se detectó que los alcances del impacto de esta industria, de capitales procedentes de Japón, Noruega, China, Canadá, Estados Unidos y también Chile, abarcan desde la contaminación por residuos industriales en playas, aguas y fondo marino, al uso de químicos y antibióticos, junto con vertimientos masivos de salmones muertos al mar, contaminación de cuerpos y cursos de agua dulce, hasta la falsificación de informes a fiscalizadores, colusión entre empresas que producen alimento para salmones, hostigamiento de defensores medioambientales y –en algunos casos– sometimiento a procesos de asimilación forzada de pueblos indígenas del extremo austral.
La investigación, realizada entre el 2018 y 2020, en el marco del proyecto Océanos Sostenibles (OS) en Chile, por las investigadoras Andrea Riedemann Fuentes y Tulika Bansal –asesora senior del Instituto Danés de Derechos Humanos– y el coordinador del señalado proyecto, Fernando Pardo Núñez, sistematiza una serie de eventos críticos en que, tras la crisis del virus ISA (Infectious Salmon Anemia), la industria salmonera estuvo involucrada, vulnerando el derecho de vivir en un medioambiente libre de contaminación.
Entre los casos de mayor notoriedad, el estudio destaca el evento de marea roja, junto al llamado “mayo chilote”, ocurrido en mayo de 2016, cuando se produjo el masivo vertimiento de salmones muertos al mar.
Varios de los testimonios claves en el curso de la investigación fueron realizados por expertos, quienes fueron entrevistados en la fase previa al trabajo en terreno, y que entre sus principales conclusiones destaca:
«Desde mi perspectiva el cambio más importante que estamos enfrentando tiene que ver con el aporte de nitrógeno de la acuicultura (…), esa cantidad de nitrógeno en la columna de agua es enorme y eso tiene que ver con el florecimiento de microalgas y otras cosas. No solamente los salmones meten nitrógeno al agua: los choritos, mejillones, también ponen nitrógeno en el agua; todo animal pone nitrógeno en el agua. Y por lo tanto, con el crecimiento de la acuicultura vamos a estar viendo un incremento más repetitivamente».
Luego, en octubre de 2017, se produjo el hundimiento del wellboat “Seikongen”, con 60 mil litros de petróleo a bordo y al menos 100 toneladas de salmones descompuestos.
A estos casos –consigna el informe– se suman varios escapes de salmones en el mar, siendo el último el hundimiento de 16 jaulas de un total de 18 en un recinto que mantenía a 875.144 peces. Por otra parte, otro escape de salmones, esta vez desde una piscicultura, podría tener graves consecuencias en el ecosistema del Lago Llanquihue y cuyas responsabilidades aún se están investigando.
Tanto en los escapes masivos de 2018 como en los de 2020, las empresas responsables confirmaron que parte de los salmones se encontraban en pleno tratamiento con altas dosis de antibióticos, lo que los convierte en no aptos para el consumo humano, por estar todavía con bacterias que representan un peligro para la salud humana. Además, los escapes pueden producir la transmisión de enfermedades asociadas a los salmones de cultivos, y una competición y depredación sobre especies nativas.
«La mortandad masiva de individuos originaría el ingreso de nutrientes y compuestos como antibióticos y pesticidas en el hábitat bentónico, causando alteraciones en los ciclo biogeoquímicos y el funcionamiento de las comunidades bentónicas. Los salmones escapados podrían introducir patógenos en los ecosistemas y alterar patrones de enfermedades”, señala el informe “Efectos y consecuencias ambientales del escape de salmónidos ocurridos en Centro Punta Redonda, Isla Guar, durante julio de 2018”.
Una de las críticas que se les hace a los proyectos de inversión de la industria salmonera es que muy pocos de ellos se someten a un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). La información del SEA confirma este gran desbalance que existe entre DIA y EIA: de un total de 2045 proyectos del sector salmonero aprobados entre los años 1996 y 2019, para las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, solamente 11 (0,5%) elaboraron un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y 2034 (99,5%) presentaron una Declaración de Impacto Ambiental.
«Las empresas salmoneras en muchos casos logran la aprobación de sus proyectos a través de una simple DIA porque plantean que no presentan riesgo para la salud de la población ni efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, ni tampoco una alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos, entre otros aspectos». Sin embargo, las contingencias, por ejemplo, tales como los escapes masivos de peces que cada vez son más recurrentes, no son abordadas adecuadamente a través de una DIA, ya que no se estudian ni evalúan los potenciales impactos ambientales que estarían teniendo estos eventos asociados al proyecto.
“… Nuestro recurso del mar, las salmoneras lo están destruyendo, esto no tiene vuelta atrás (…). Ellos encontraron hoy un tesoro en el mar de nuestra región, en nuestro mar, nuestro mar de Última Esperanza de Natales (…), pero un tesoro que no es de ellos, un tesoro que es de nosotros y que ellos lo robaron”, es uno de los testimonios que describe la introducción expansiva de la salmonicultura en Magallanes.
El 99% de la actividad salmonera chilena se concentra en un territorio del sur del país que abarca a las regiones de La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes.
La fase inicial de producción del salmón requiere agua dulce y para este proceso se utiliza mayoritariamente infraestructura emplazada en tierra. Si bien en varias regiones existen pisciculturas, en este estudio se abordó específicamente el caso de aquellas de empresas salmoneras emplazadas en la Región de La Araucanía. Las instalaciones se suelen ubicar en entornos cordilleranos y utilizan agua dulce en un proceso que se vincula con lagos y ríos de la zona
Las pisciculturas emulan las condiciones naturales de reproducción de los salmones: se crían las ovas de los salmones hasta el tamaño smolt, para luego ser llevados al mar. Una publicación del Observatorio Ciudadano sobre las pisciculturas en La Araucanía indica que “la calidad del agua que devuelven en general es de muy mala calidad, con mal olor, y llena de sedimentos de fecas, comida, antibióticos y sal. Esto genera la contaminación de los cursos de agua y enormes impactos en los territorios”.
Las personas entrevistadas en estudio del INDH y el IDDH sostienen «que su vida se ha visto impactada de diversas maneras producto de la contaminación de los cursos de agua». Algunos entrevistados comentan que las familias campesinas de la zona estaban acostumbradas a llevar a sus animales a beber a los ríos, pero hoy deben conseguir esta agua en otros lugares disponibles o pagar por ella. Agregan que hoy tampoco las personas pueden tomar el agua de los ríos ni bañarse tranquilamente en ellos por el temor a que el agua esté contaminada.
En el trabajo de terreno en esta zona, también se agregan menciones a la preocupación por el uso de antibióticos y pesticidas en el crecimiento del salmón, elementos químicos que, junto a las fecas de estos peces, podrían contaminar las aguas. Algunas de las personas entrevistadas comentan que esto eleva los niveles de nitrógeno y fósforo, y piensan que la proliferación de algas y otras materias grasas es resultado de esa contaminación. Se suma a esto el mal olor que han percibido en algunos cursos de agua.
“… Las aguas que entregan posteriormente al río son aguas con fecas, con desechos de alimentos, con los principales factores de contaminación que presenta el lago, focos de nitrógeno, fuera de aportes de antibióticos y últimamente hemos detectado aporte de sal (…). Entonces eso está dañando muchísimo nuestro ecosistema”, se consigna por parte de integrantes de la sociedad civil, en el marco de entrevistas a 4 mujeres y 3 hombres, de La Araucanía.
Tras la rigurosa investigación, los expertos concluyeron que «existen hallazgos relevantes en temas de transparencia, que permiten identificar que el derecho de acceso a la información y publicidad está en riesgo», y que existe evidencia de casos de corrupción, como la relacionada con la tramitación de la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA), llamada Ley Longueira, sobre la que hoy existe una iniciativa para declararla nula, tras las evidencias de que grandes empresas pesqueras pagaron a parlamentarios para influir en que dicha ley se votara en 2012 a favor de sus intereses, entre ellas, compañías del sector de la salmonicultura.
En cuanto al tema de la transparencia, el estudio advierte sobre la falta de información acerca del uso de antibióticos en la industria.
En febrero de 2018, la ONG chilena Oceana solicitó a Sernapesca, vía Ley de Transparencia, la cantidad y clase de antibióticos utilizados por empresa y por centro de cultivo, junto con la biomasa producida durante los años 2015, 2016 y 2017. De un total de 24 compañías, 18 se negaron a entregar los datos. Tras ello, Oceana recurrió al Consejo para la Transparencia (CPLT), entidad que determinó, en agosto de 2018, que la información era de carácter público, dándole la razón a la organización de conservación marina.
Tras la resolución, la mayoría de las empresas acataron el dictamen. La excepción estuvo dada por Marine Harvest (actualmente Mowi) y Ventisqueros, que interpusieron reclamos de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones. Mowi, adicionalmente, presentó un recurso de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional (TC). Esta firma es parte de la Global Salmon Initiative (GSI), agrupación que tiene 15 miembros que operan en 8 países.
Recientemente, el CPLT falló que Sernapesca debe entregar la información desagregada sobre uso de antibióticos y biomasa producida en 2018, desestimando así el argumento de las salmoneras que se negaron a proporcionar dichos datos aduciendo que se trataba de información que afectaría sus derechos comerciales. La directora ejecutiva de Oceana Chile, Liesbeth van der Meer, señaló al respecto que “en 2014, cuando realizamos la primera solicitud de información en la materia, el Consejo para la Transparencia negó hacer entrega de la información. Tuvimos que llegar hasta la Corte Suprema para que se nos diera la razón y se reconociera el derecho de las personas de acceder a información que puede potencialmente afectar su salud o el medio ambiente. Por ello, esta decisión finalmente instaura la transparencia como principio rector”.
Otro de los casos relevantes en materia de falta de transparencia es el del falseamiento de información sobre la mortalidad de salmones por parte de la empresa Nova Austral, de capitales noruegos, cuya investigación de las autoridades se inicia luego de la publicación de los reportajes de El Mostrador: Salmon Leaks.
A mediados del 2019, en esta investigación periodística se accedió a abundante información reservada, incluyendo correos electrónicos de la gerencia de producción de la compañía a sus jefes de área, donde se instruye manipular las estadísticas de mortalidad de los salmones para ocultar las verdaderas cifras a Sernapesca.
En julio de 2020, el Primer Juzgado de Letras de Punta Arenas condenó a la empresa Nova Austral al pago de una multa de más de 150 millones de pesos (más de US$ 190.500), tras ser declarada culpable de entregar información no fidedigna y fuera de plazo al organismo fiscalizador. Sernapesca también había demandado la suspensión de operaciones por hasta dos ciclos productivos de la compañía.
Últimamente, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) aplicó una multa de $ 1.225 millones contra Nova Austral, a la que acusa de ocultar información e infringir la normativa ambiental, dificultando así las labores de inspección del regulador ambiental.
Otro caso que involucra directamente a la industria salmonera es la denuncia de colusión entre empresas que producen alimento para salmones. En diciembre de 2019, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) un requerimiento en que acusa de coludirse a las cuatro principales firmas productoras de alimentos para salmón que operan en el país: Biomar Chile S.A. (Biomar), Comercializadora Nutreco Chile Limitada (Skretting), Ewos Chile Alimentos Limitada (Ewos) y Vitapro Chile S.A. (Salmofood).
La Fiscalía acusó a estas compañías de mantener un acuerdo para fijar los precios de venta de los alimentos para salmones, conocidos también como dietas, entre los años 2003 y 2015. De acuerdo a la investigación de la FNE, el precio del alimento explica más de 50% del costo total del salmón.
A los casos descritos se suma el cuestionamiento a algunas personas que han ocupado cargos públicos y luego puestos en empresas de la industria. El caso más conocido es el de Felipe Sandoval, ingeniero civil, de militancia democratacristiana, quien en 2001 fue subsecretario de Pesca y que posteriormente tuvo un rol clave en la Mesa del Salmón, entidad creada con el objetivo de buscar una salida a la crisis producida por el virus ISA (2007-2008). El punto en conflicto es que, después de ello, Sandoval comenzó a trabajar en la empresa salmonera AquaChile, y en 2013 fue elegido presidente de la asociación gremial Salmon Chile.
El trabajo en terreno en una localidad de la Región de Magallanes también reveló el caso de una exfuncionaria del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que habría pasado posteriormente al trabajo en una empresa. De acuerdo a las personas entrevistadas, esta persona renunció al SEA y comenzó a trabajar para la compañía Australis Mar, pero existe entre varios entrevistados la impresión de que, siendo ella aún funcionaria pública, aprobó muchos proyectos salmoneros sin la debida revisión.
Además –sostiene el informe–, con la funcionaria en cuestión se dio la extraña situación de que, en una acción de un proyecto que requería de su firma, lo firmó como si fuera todavía directora del SEA, cuando en realidad ya era empleada de Australis. Posteriormente, ella habría alegado que solamente se había tratado de una equivocación. Por esta situación la exdirectora del SEA fue oficiada y denunciada ante la Contraloría, entidad que, sin embargo, desestimó los hechos.
Recientemente este caso ha vuelto a ser mencionado en la prensa, dado que en septiembre de 2020 la empresa Australis Mar dio inicio a la construcción de una planta salmonera en Puerto Natales. Vecinos de la localidad y organizaciones opinan que la llegada de la planta procesadora tendrá altos impactos urbanos y medioambientales en la vida de la ciudad, lo que generará un considerable deterioro en su calidad de vida. Entre las afectaciones que los vecinos identifican está el alto flujo de tránsito de camiones, la producción de desechos industriales, el uso intensivo de agua por parte de la planta, la atracción de roedores, y afectaciones al turismo, pues la planta se instalaría en uno de los destinos turísticos preferidos por los visitantes que arriban a Puerto Natales.
El capítulo acerca de los impactos de la industria salmonera sobre los derechos de los pueblos indígenas, da cuenta de que una serie de los derechos consagrados por la UNDRIP y el Convenio núm. 169 de la OIT están siendo vulnerados.
El estudio hace hincapié en que existe amplia información acerca de que los pueblos indígenas de la zona austral, como el pueblo kawésqar y el pueblo yagán, sí fueron sometidos a asimilación forzada y que hubo diversos intentos, no solo desde el Estado sino también desde diversas órdenes religiosas, por lograr que abandonaran su cultura de origen.
Aunque muchas cosas han cambiado en las últimas décadas, en la actualidad aún se mantiene vigente una normativa de la década de 1950 que, en la práctica, afecta negativamente la mantención de la cultura de los pueblos de la zona austral: se trata de la dificultad que se les impone para navegar libremente, como tradicionalmente lo habían hecho. La normativa sobre la navegación fue impuesta por la Armada y, de acuerdo a algunos entrevistados en el estudio, debido a la cantidad de requisitos y controles asociados, en la práctica dicha normativa ha implicado no solo una dificultad sino la imposibilidad de navegar.
Esta imposibilidad, experimentada como una prohibición de navegar, no proviene de la industria salmonera, pero evidentemente es funcional a los intereses de la industria, se sostiene.
Por otra parte, las empresas se han emplazado –y el Estado lo ha permitido– en espacios que tradicionalmente eran usados por comunidades indígenas con diversos fines, lo que vulnera el derecho de los pueblos indígenas a mantener sus sistemas políticos, económicos y sociales.
Otra de las afectaciones descritas dice relación con que las empresas salmoneras han contribuido a la contaminación de aguas dulces (por aportes de sal y otros químicos), las que tienen importancia en la alimentación y en rituales. Esto vulnera el derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con tierras, aguas, mares y otros recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado.
«Nosotros ya estamos asimilados en cierta parte, hasta cierto grado. Qué es lo que ha provocado lo anterior: genocidio, intervención, religiosidad, etc. No tenemos remedio para ello, pero lo que nos queda a nosotros es la navegación, la recuperación y la revitalización de las historias, y la cultura, y la lengua, que nos pertenecieron en algún minuto. Y queremos que vuelvan», expresa uno de los testimonios de pueblos indígenas, representante de la sociedad civil en Magallanes.
En la parte final del estudio, a las empresas productoras de salmón se les sugiere adoptar compromisos por escrito a nivel de gerencia y directorios respecto del respeto a los derechos humanos en general y los derechos de los pueblos indígenas en particular; avanzar hacia la adopción de estándares más altos en todas las materias, superando lo estrictamente requerido por la legislación nacional y aspirando a los estándares internacionales; capacitar a toda la empresa, incluso la gerencia de la misma y los trabajadores, en DD.HH., temas laborales, historia y cultura de los pueblos indígenas y en otras materias relevantes; realizar procesos de debida diligencia consistentes con los Principios Rectores y requerir los mismos estándares internacionales a sus contratistas, capacitándolos y equipándolos para ello; evaluar y abordar los impactos en los derechos humanos de sus operaciones y en la cadena de suministro en una manera adecuada y continua.
A los bancos y entidades financieras se les sugiere exigir altos estándares de cumplimiento en materia de derechos humanos a las empresas salmoneras que solicitan financiamiento de sus operaciones, a través de procesos de debida diligencia, incluyendo la realización de evaluaciones de riesgo y de impactos en los derechos humanos, según los Principios de Ecuador.
Y al Estado chileno se le sugiere promover la realización de procesos de debida diligencia en DD.HH. por parte de las empresas; impulsar la discusión sobre un proyecto de ley de Responsabilidad Empresarial y Debida Diligencia; incorporar el enfoque de derechos humanos en las evaluaciones de impacto ambiental y social de los proyectos de inversión en salmonicultura; poner especial cuidado en que los proyectos de la industria salmonera que se benefician de programas de fomento del Estado chileno, subvenciones o exenciones fiscales, sean social y ambientalmente sostenibles; capacitar a los funcionarios públicos relacionados con la industria salmonera en DD.HH., en historia y culturas de los pueblos indígenas, así como en derechos de los pueblos indígenas. Y asegurar un presupuesto permanente para realizar de manera periódica investigación científica independiente sobre impactos de la industria salmonera, junto con difundirla de forma amplia, entre otras sugerencias.
