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Crédito: ATON
Tras la revelación en el marco de los Pandora Papers que reveló que el Mandatario vendió al empresario Carlos Alberto Délano su parte del controvertido proyecto minero portuario Dominga en las Islas Vírgenes -un paraíso fiscal-, el fiscal regional Emiliano Arias dijo en El Mostrador en La Clave que sí es posible investigar judicialmente al Presidente, apelando al rol que podría cumplir en el tema el Fiscal Nacional, Jorge Abbott. “Si se le quisieran pedir medidas cautelares, habría que hacer un procedimiento de desafuero, o en el caso de que se quisiera acusarlo (…), existe la norma que cuando por el cargo de la persona se hace necesario, debería asumir un Fiscal Nacional”. «Lo que se está vinculando acá es poder y medioambiente, y es un tema absolutamente grave (…) y el estar vinculado a una autoridad política de la más alta envergadura en Chile, me parece gravísimo», aseveró.
La nueva revelación de Ciper y LaBot tiene sobre el ojo público al Presidente Sebastián Piñera. La investigación del capítulo chileno de los Pandora Papers reveló este domingo que el Mandatario negoció en Islas Vírgenes Británicas -un paraíso fiscal- la compraventa del polémico megaproyecto minero Dominga.
La investigación señala que su familia fue la mayor accionista de este proyecto minero que vendió al empresario Carlos Alberto Délano, uno de los mejores amigos de Primer Mandatario.
Además de la ola de críticas y la posibilidad de una nueva acusación constitucional en contra del jefe de Estado, surge la duda respecto a si es posible llevarlo a los tribunales de justicia, una situación que fue abordada por el fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, en El Mostrador en La Clave.
Al respecto, Arias aclaró que «toda persona en Chile se puede investigar sin necesidad de un trámite previo. Si se le quisieran pedir medidas cautelares, habría que hacer un procedimiento de desafuero, o en el caso de que se quisiera acusarlo. De que se puede investigar al Presidente, se puede. Lo han demostrado los franceses y nuestros vecinos peruanos y brasileños». En esa línea, explicó que «se necesita desaforar para pedir cautelares».
«En relación a las investigaciones ya terminadas (…) si esta hubiese estado terminada por decisión de no perseverar, esta con nuevos antecedentes se debe reabrir, y en consecuencia, aquella que surgió en su momento se reabre y se debería continuar, a no ser que se encuentre prescrita, y la prescripción para los simples delitos es de cinco años para los crímenes de 10 años», detalló el fiscal Arias.
Además sostuvo que «lo que me parece gravísimo es que lo que se está vinculando acá es poder y medioambiente, y es un tema absolutamente grave. Todo nuestro sistema de evaluación ambiental tiene un pronunciamiento de organismos que dependen del gobierno de turno. Las comisiones regionales están compuestas por los seremi y las apelaciones van a los Comité de Ministros».
«En consecuencia -agregó-, el medioambiente está vinculado en cada gobierno por nuestro diseño que es bastante bueno en el ideal (…) pero en lo que a las decisiones se refiere, en un primer paso son eminentemente políticas y conformadas por organismos eminentemente políticos, de confianza de los presidentes en cada caso: Comité de Ministros, y los que dan aprobación a los proyectos regionales son los seremi».
Por lo mismo, consideró que «el estar vinculado a una autoridad política de la más alta envergadura en Chile, me parece gravísimo».
Respecto a los nuevos antecedentes revelados por Ciper y LaBot, el persecutor señaló que «si es que reportajes de investigación bastante serios daban indicios concretos de la comisión de delitos, lo que yo hice fue iniciar investigaciones de oficio, que es lo que debe hacer un fiscal. Luego existe la norma que cuando por el cargo de la persona se hace necesario, debería asumir un Fiscal Nacional».
En el capítulo «Piñera Papers» de esta investigación internacional del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), trascendió que en sus inicios, Piñera, su familia y Délano reunían el 56% de las acciones del negocio, siendo el 33% del actual Presidente y de su familia, que eran los principales accionistas.
El reparto de los derechos se mantuvo hasta diciembre de 2010, según apunta la exclusiva, año en el que Délano compró por 152 millones de dólares el porcentaje de todos los socios, incluido el de Piñera, que entonces llevaba nueve meses en el poder para su primer mandato no consecutivo (2010-2014).
Una parte de la transacción se selló con un acta firmada en Chile por 14 millones de dólares y otra en las Islas Vírgenes Británicas por 138 millones de dólares, de acuerdo al ICIJ.
En el paraíso fiscal se firmó un contrato que establecía un pago en tres cuotas y, para cumplirse la última, no tenía que haber cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de la mina y su puerto.
