PAÍS
Crédito: ATON
De acuerdo al Instituto Nacional de Derechos Humanos, el decreto presidencial que establece Estado de Excepción Constitucional en cuatro provincias del sur del país -Biobío, Arauco, Malleco y Cautín-, debido a los hechos de violencia, es un «fracaso» en el sentido de que se está involucrando «a las Fuerzas Armadas en funciones que debieran ser privativas de Carabineros y de la PDI». Según el INDH, la única solución posible es «el diálogo». A los cuestionamientos de la entidad se sumaron los del gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz, quien criticó el hecho de que sus perspectivas no fueron consideradas, tomando en cuenta que la medida afecta a las y los habitantes de sus respectivas comunas.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) criticó el decreto de Estado de Excepción Constitucional anunciado por el Presidente Sebastián Piñera para cuatro provincias del sur del país -Biobío, Arauco, Malleco y Cautín- debido a los hechos de violencia.
De acuerdo al INDH, «es un fracaso del Estado y de la sociedad, en su conjunto, que se cometan asesinatos y otros hechos de violencia y que no se pueda investigar, juzgar ni condenar a los culpables».
«También representa un fracaso que el Estado de Chile termine, en los hechos, involucrando a las Fuerzas Armadas en funciones que debieran ser privativas de Carabineros y de la PDI», añaden.
«El único camino para enfrentar la grave crisis que se vive en la Macro Zona Sur es el diálogo. Por eso, el INDH ha apoyado y apoya los esfuerzos realizados en esa línea por el Centro Nansen para la Paz y las universidades. Así también los que impulse la Convención Constitucional, que tiene la oportunidad histórica de establecer un nuevo pacto intercultural en que se funde la paz y la justicia en el sur de Chile», cerraron el comunicado.
A los cuestionamientos del INDH se sumaron los del gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz, quien criticó el hecho de que sus perspectivas no fueron consideradas, tomando en cuenta que la medida afecta a las y los habitantes de sus respectivas comunas.
“Ninguna de las autoridades presentes aquí, alcaldes, alcaldesas ni gobernador, hemos sido consultados por la medida. La respetamos, pero ninguno ha sido contactado y creemos que la participación de la gente, que está en el territorio, es relevante para construir política pública”, dijo.
“Lamentamos la falta de información que existe. Esperamos, sinceramente, que la medida tenga efectos positivos, pero no estamos seguros que los vaya a tener. Creemos que se necesita un abordaje integral y vamos a seguir trabajando coordinadamente, con alcaldes, alcaldesas y junto a consejeros regionales, y también intentaré reunirme en los próximos días con constituyentes y parlamentarios”, anunció.
Díaz también criticó el hecho de que decretar este Estado de Excepción en las mencionadas provincias afectará a comunas que no han registrado hechos de violencia, como Cabrero y Yumbel. “Probablemente si hubiésemos sido consultados por el Gobierno de Chile, habríamos dado nuestra opinión. Desde lo simbólico, yo habría recomendado no hacer esta declaración un 12 de octubre, más allá de que fuera necesario tener esta medida. Y desde lo territorial, la declaración de Estado de Emergencia ha sido tomada con mucha preocupación por la ciudadanía y, en otros lugares, hay personas que lo ven como un riesgo y otras, por cierto, la valoran”, comentó.
“Reconocemos también que tenemos un problema complejo, donde uno de sus elementos tiene que ver con el orden público, pero también hay un problema político y social. Y a lo que aspiramos es que esta problemática que vivimos en el Biobío, sea abordada integralmente, con un plan de trabajo, donde participativamente podamos enriquecerlo”, propuso.
