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Juntos pero no revueltos: el riesgo de sumar en las negociaciones las reformas del Gobierno y el debate constitucional PAÍS

Juntos pero no revueltos: el riesgo de sumar en las negociaciones las reformas del Gobierno y el debate constitucional

Roberto Bruna y Raúl Espina
Por : Roberto Bruna y Raúl Espina Periodistas de El Mostrador
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En el oficialismo, el mayor temor por estos días es que tengan que hacer demasiadas concesiones con la oposición para obtener los votos que den luz verde a las reformas estructurales que conforman el corazón del programa gubernamental del Presidente Boric. Con ese temor a cuestas, una de las misiones –confiesan cercanos a Palacio– de la flamante ministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte, no solo es acompañar el segundo tiempo del proceso constituyente en el Congreso sin comprometer al Gobierno, sino también separar claramente las aguas entre los proyectos de reformas emblemáticas (como la tributaria y de pensiones) de la discusión constitucional, aun cuando –advierten– la tentación de ciertos sectores de la derecha de vincularlos no es menor, al saberse con «la sartén por el mango» a la hora de negociar. Uno de los grandes costos de haber perdido el plebiscito, admiten desde el mundo progresista, es que retrotrajo la conversación en varios años, algo extremadamente complejo, porque si bien se tenía aceptado que tendrían que hacer concesiones, dado que el Gobierno no tiene los votos en ninguna de las dos cámaras, con la paliza electoral del domingo las concesiones podrían convertirse en sacrificios.


Pasada ya la debacle electoral del plebiscito, el mayor temor en el oficialismo es que, para obtener los votos que den luz verde a las reformas estructurales y que conforman el corazón del programa gubernamental del Presidente Boric, estas terminen desdibujándose al punto de convertirse en reformas «en la medida de lo posible». En tal sentido –reconocen fuentes oficialistas–, el Mandatario no solo quedaría en entredicho frente a su masa electoral que respondió lealmente en el 38% del Apruebo, sino que la gobernabilidad comenzaría a tambalearse con el desarraigo de algunos de los partidos de Apruebo Dignidad, tal como lo esbozó hace unos días el senador Daniel Núñez (PC), tras sostener que, si el Ejecutivo desconocía el programa, ellos abandonarían el Gobierno.

Con ese temor a cuestas, una de las misiones –confiesan cercanos a Palacio– de la flamante ministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte, no solo es acompañar el segundo tiempo del proceso constituyente en el Congreso sin comprometer al Gobierno, sino también separar claramente las aguas entre los proyectos de reformas emblemáticas (como la tributaria y de pensiones) de la discusión constitucional, aun cuando –advierten– la tentación de ciertos sectores de la derecha de vincularlos no es menor, al saberse con «la sartén por el mango» a la hora de negociar. Es más, el mismo día en que Uriarte debutó en el Congreso, el senador Francisco Chahuán (RN) adelantó que, si el Gobierno quería seguir adelante con sus reformas, iban a tener que sentarse a negociar. Y aunque en público la derecha reconoce que la discusión constitucional y las reformas estructurales son harinas de distintos costales, el comentario del senador RN fue interpretado como un condicionante, toda vez que las declaraciones las emitió en la víspera de la reunión que horas más tarde sostendría el Gobierno con todos los partidos con representación parlamentaria, para comenzar a definir el itinerario del segundo tiempo constitucional.

Siguiendo con los temores, fuentes estiman que las discusiones en torno al sistema de pensiones puedan experimentar un retroceso incluso respecto de lo estimado por el ex Presidente Piñera, que consideró que del 6% adicional, al menos 3 puntos deberían ir a reparto, a un fondo solidario. El proyecto del Presidente Boric, socializado por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, sostiene que el 6% adicional –que es lo que se le imputará al empleador– debería ir destinado íntegramente a solidaridad. Esta propuesta, sin embargo, es mal vista en diversos sectores de la oposición, en especial la UDI, desde donde son partidarios de que la totalidad siga destinada a capitalización individual y que la solidaridad se canalice más a través de la PGU, que debe ir aumentando con el tiempo con impuestos generales, según afirma el diputado Frank Sauerbaum (UDI). “O que solo una parte del 6% vaya a solidaridad y otra a capitalización, como proponía el proyecto aprobado de (Sebastián) Piñera”, sostiene.

“Los sueldos bajos, las lagunas y la baja cotización de 10% están entre las principales causas de las bajas pensiones. Primero, respecto del 6% de cotización extra al empleador, el Gobierno debe sincerar su posición, ya que si quieren llevarlo a un fondo común, entonces será un costo adicional de tributación al empleador. Por lo tanto, deberíamos discutirlo junto con la reforma tributaria, de tal modo que una empresa pequeña o grande sepa cuánto va a terminar tributando finalmente y sepan a qué se van a enfrentar. Lo peor es producir incertidumbre a los que van a emprender o invertir», plantea el parlamentario gremialista. “También soy partidario de que cada trabajador elija quién administra esos fondos, si una entidad estatal o privada”, agrega.

Uno de los grandes costos de haber perdido el plebiscito, admiten desde el mundo progresista, es que retrotrajo la conversación en varios años, algo extremadamente complejo, porque si bien se tenía aceptado que tendrían que hacer concesiones, dado que el Gobierno no tiene los votos en ninguna de las dos cámaras, con la paliza electoral del domingo las concesiones podrían convertirse en sacrificios.

Es un dato de la causa que la correlación de fuerzas no se modificaría si ganaba el Apruebo, pero evidentemente la presión ciudadana que recaería sobre RN y las UDI hubiese sido muy superior, como superior hubiera sido el costo político de aparecer rechazándolas. Ahora, con el juego de naipes en contra, confiesan sin anestesia que “quedamos un poco en el vacío, sin saber todavía qué hacer ni para dónde ir. Estamos completamente nocaut”, comenta el asesor de un senador.

Marco Velarde, presidente de Comunes (Frente Amplio), advierte que con este escenario la discusión se complejiza, pero no es partidario de congelar las reformas solo porque la pista ahora parezca más pesada. “La ciudadanía votó por un programa de gobierno y, más allá del resultado del plebiscito, ese programa debe respetarse». Pero hay un hecho irrebatible: hay total incertidumbre respecto de cuál será en concreto la contrapropuesta de Chile Vamos para negociar.

En la oposición creen que eso ha sido posible solo porque el Gobierno de Boric congeló su agenda legislativa a la espera de obtener un triunfo en el plebiscito constitucional. “Va a pasar lo mismo en estos seis meses, mientras se desarrollaba la Convención, el Congreso estaba un tanto paralizado en algunas cosas o andaba más lento. El propio ministro (Giorgio) Jackson vino acá a decirnos que aguantáramos la discusión hasta después del plebiscito”, señala el diputado Jorge Alessandri (UDI).

Pero la advertencia del gremialismo es clara, y Alessandri no intenta morigerar su tono perentorio: “Si (el Gobierno) sigue con sus reformas iguales, se arriesga a perder cosas importantes. O bien conversa y consigue los votos para moderar algunas, modificar otras, esa es una definición que se debe dar. Yo me imagino que quieren aprobar una reforma tributaria y están dispuestos a cambiarla en pos de aprobarla. Otra postura del Gobierno sería avanzar sin transar, aunque rebote en el Parlamento. Yo creo que no está en esa lógica ni el Gobierno ni la ministra (Ana Lya) Uriarte”.

La reforma tributaria es el otro proyecto estrella del Ejecutivo, y el timonel de RN, el senador Francisco Chahuán, dejó entrever –en entrevista con CNN Chile– que en su sector hay apertura para tapar los forados que hacen posible la elusión y la evasión, pero no hay mucha voluntad de aplicar exacciones tributarias en un escenario económico tan complejo. Pero, de nuevo, aún no hay nada claro tampoco en RN. “Sobre cómo se van a discutir esas reformas, no se ha conversado transversalmente, es algo que tiene que discutir cada bancada”, puntualiza el senador Manuel José Ossandón, quien refiere al otro problema: la tardanza de La Moneda en iniciar la tramitación de las reformas ha impedido confeccionar las propuestas alternativas.

El senador Jaime Quintana (PPD) sostiene que “el Presidente sabiamente entendió que a él le corresponde gobernar y las reformas se deben implementar con el Gobierno, en una correcta conversación con el Parlamento, y por eso es que hoy aquí solo está la ministra de la Segpres (Ana Lya Uriarte)”, y ello –a su juicio– da cuenta de una mayor proactividad.

El senador Juan Ignacio Latorre, de Revolución Democrática, cree que no hay que ser tan pesimistas, ya que existen congresistas de oposición que no se cierran a las reformas. “La derecha no es homogénea, y habrá sectores que estén de acuerdo en que Chile necesita una reforma tributaria o una reforma al sistema de pensiones”, declara, y luego añade: “La reforma tributaria que ya se presentó y se está tramitando en la Cámara, además del nuevo royalty minero, el proyecto de 40 horas y la reforma a pensiones, entre otros proyectos, todo eso se tendrá que discutir en las comisiones, democráticamente en el Congreso, donde podrá haber indicaciones, propuestas y gradualidad”.

Un solo paquete

«Yo no veo que puedan quedar postergadas las reformas, son parte de otra conversación. Algunos han querido vincular aquí las reformas con el itinerario constituyente, pero creo que son discusiones completamente distintas”, insiste el PPD Jaime Quintana. El RN Manuel José Ossandón secunda la postura de su colega: “Una cosa es el debate constituyente y lo otro es las reformas urgentes que tenemos que legislar”.

Pero la posibilidad se vislumbra latente. “Si la derecha utiliza eso como excusa (empantanar la conversación), quiere decir que lo que prometieron en campaña, cuando dijeron que querían una buena y nueva Constitución, era una mentira”, apunta el senador Latorre (RD).

En el oficialismo advierten que la derecha está embriagada de triunfo y que existe cierta tentación a interpretar ideológicamente el resultado del plebiscito como la reivindicación del “modelo”, lo que constituiría un terrible error, según Latorre: “El resultado del plebiscito no es un triunfo de la derecha. Pienso que la derecha sacaría muy mal las cuentas si cree que los millones de personas que votaron Rechazo son votos de ellos. Creo que sería un muy mal cálculo. Está bien que estén envalentonados o empoderados, pero me parece que son conversaciones completamente distintas. Lo que estamos haciendo ahora es buscar un nuevo acuerdo político de reforma constitucional para habilitar un nuevo proceso constituyente, y darnos una segunda oportunidad”.

Mientras tanto, y apelando a la buena fe de Chile Vamos, Quintana cree que el futuro de este proceso constituyente avanzará en paralelo y “sin mayores obstáculos”, toda vez que “en la reunión vi bastante coincidencia y, salvo los republicanos, hay bastante unidad de propósito». El diputado Jorge Alessandri (UDI) comenta que “es importante que se haga un proceso rápido, porque de lo contrario se provoca incertidumbre económica, legislativa y política. Siempre hay temas como sistema previsional, sistema de salud o la política de vivienda, que van a estar en el texto constitucional, entonces si nos ponemos a esperar ahora otro año, no vamos a avanzar en nada”.

¿Y los republicanos? La bancada cuenta con 15 integrantes en la Cámara baja. La continuidad del proceso constituyente a través de una nueva Convención no es algo que agrade al partido, aunque cosa distinta es la conversación sobre las reformas. “Nosotros somos partidarios de que los diálogos se den en el Congreso y no en La Moneda, y creo que eso es un avance. Efectivamente aquí tienen que haber diálogos de distinto tipo, porque existen diferentes nudos en el país, no solamente el nudo constitucional. El Gobierno no puede seguir en campaña, como lo hizo hasta el 4 de septiembre, por lo tanto, es evidente que hay diferencias respecto al marco en el que se está conversando”, afirma el senador Rojo Edwards.

En el Congreso nadie duda de que los republicanos “tironean” a los parlamentarios de Chile Vamos, que ven más necesaria y urgente una discusión sobre las reformas que la cuestión constitucional. “El Ejecutivo ha sufrido un rotundo traspié en el plebiscito y ello le debiese servir de lección de humildad y de oportunidad para retomar una senda de diálogo, conciliación y amistad cívica. Nuestro sector está llano a construir, a llegar a acuerdos en materias sensibles para todos, pero sobre la base de generar mejores condiciones para todos los chilenos y no bajo el supuesto de un texto constitucional que hoy pasa a ser simplemente inexistente. Es de suponer que el Gobierno se acuerde de gobernar y de dar prioridad legislativa a los temas que realmente importan”, sostiene el senador José Miguel Durana (UDI).

“Lo que creemos que va a pasar es que se llamará a una nueva elección que deberá hacerse de aquí a fin de año, con un número de convencionales entre 60 y 100, y que el texto acabará siendo un híbrido entre la Constitución que se acaba de rechazar y la Constitución que nos rige actualmente”, señala con pesadumbre la fuente de Apruebo Dignidad que pidió reserva de su identidad.

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