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Se trata de María Constanza Izurieta y Andrés Iturra, hija y yerno, respectivamente, del procesado excomandante en jefe del Ejército, Óscar Izurieta. La primera desempeñaba labores en la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, mientras que el segundo era fiscal adjunto jefe de la Fiscalía de Las Condes. De acuerdo a los antecedentes, a ambos se les acusa de ser responsables de haber ayudado al general en retiro a desprenderse de bienes de origen ilícito, en el marco de la causa por malversación de caudales públicos que pesa en su contra. Por lo que ambos incurrieron en graves faltas a la probidad.
Mientras el Ministerio Público sigue sin cabeza tras el rechazo en el Senado a la nominación de Marta Herrera, dentro de la Fiscalía siguen ocurriendo situaciones polémicas. La última fue la remoción de dos persecutores públicos, como lo confirmó el Fiscal Nacional (s), Juan Agustín Meléndez.
Se trata de María Constanza Izurieta y Andrés Iturra, la hija y yerno, respectivamente, del procesado excomandante en jefe del Ejército, Óscar Izurieta. La primera desempeñaba labores en la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, mientras que el segundo era fiscal adjunto jefe de la Fiscalía de Las Condes.
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De acuerdo a los antecedentes, a ambos se les acusa de ser responsables de haber ayudado al general en retiro a desprenderse de bienes de origen ilícito, en el marco de la causa por malversación de caudales públicos que pesa en su contra. Por lo que ambos incurrieron en graves faltas a la probidad, las que afectaron severamente la imagen del Ministerio Público.
Debido a esto, la jueza que investiga la causa, Romy Rutherford, no pudo confiscarlos.
Los acusados, al verse sometidos a un sumario administrativo, explicaron que dichos traspasos se realizaron debido a que Izurieta temía «por su vida» debido a enfermedades. Sin embargo, el relato de ambos fue tildado como «inverosímil».
La medida adoptada, según reporta BioBioChile, fue ordenada por el Fiscal Regional Metropolitano Oriente (s), Felipe Sepúlveda. Meléndez recogió los mismos argumentos de Sepúlveda a la hora de desechar la apelación de los persecutores, quienes habían solicitado dejar sin efecto la sanción.
En paralelo, enfrentan una investigación penal de oficio por el presunto delito de lavado de activos, ordenada por el entonces Fiscal Nacional, Jorge Abbott.
