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A través de una declaración pública, la cartera dirigida por el ministro Esteban Valenzuela aseguró que ha acatado completamente la medida precautoria del 7° Juzgado Civil de Santiago. Esto, tras una denuncia presentada por el gremio Chile Rural por desacato contra la cartera ministerial y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), debido a que según los denunciantes, no han cumplido la medida precautoria. En paralelo a esta acción judicial que enfrenta el Ministerio de Agricultura, la cartera dirigida por el ministro Esteban Valenzuela ganó uno de los premios al «Aporte Ambiental» entregados por la Fundación Terram en su balance ambiental del año 2022.
El Ministerio de Agricultura se defendió de la denuncia presentada por el gremio Chile Rural por desacato contra la cartera ministerial y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), debido a que según los denunciantes, no han cumplido la medida precautoria tomada por el 7° Juzgado Civil de Santiago a fines de noviembre, que suspendió el instructivo que suspendía la certificación de subdivisión de predios rústicos en el país.
Debido a esto, la asociación presentó un escrito ante tribunales, en el que solicitó que se despache una orden de arresto en contra del ministro Valenzuela, la directora nacional (s) del SAG, Andrea Collao, y el director regional (s) de la Región de O’Higgins del SAG, Luis Claudio Marcelo Rodríguez.
A través de una declaración pública, la cartera dirigida por el ministro Esteban Valenzuela aseguró que ha acatado completamente la medida precautoria del 7° Juzgado Civil de Santiago.
«Tanto el Ministerio de Agricultura como el SAG han acatado la medida de suspensión y a través de la Dirección Nacional del SAG, y se ha instruido a las Oficinas Regionales, mediante una reunión Teams, del 25 de noviembre, lo que además fue ratificado por escrito el 7 de diciembre», dicen.
En esa línea, agregan que «sin perjuicio de ello, el Consejo de Defensa del Estado ha apelado de la medida de suspensión, asunto que deberá resolver la Ilustre Corte de Apelaciones de Santiago».
«Así, cada Dirección Regional del SAG está actualmente resolviendo las solicitudes de certificación de subdivisiones, con prescindencia del Oficio Ordinario N° 637, de 12 de julio de 2022, del Ministerio de Agricultura y la Circular N° 475, de 18 de julio de 2022, del SAG, pero necesariamente con apego a las normas jurídicas de su competencia, y a los procedimientos establecidos en la Ley, asunto que las instrucciones en suspenso también reafirmaban», añaden.
«Finalmente, hay que resaltar que antes y después de la medida de suspensión, el SAG ha mantenido continuidad en el proceso de certificación de subdivisiones prediales, siendo 16.413 las solicitudes tramitadas durante el presente año», cierran.
En paralelo a esta acción judicial que enfrenta el Ministerio de Agricultura, la cartera dirigida por el ministro Esteban Valenzuela ganó uno de los premios al «Aporte Ambiental» entregados por la Fundación Terram en su balance ambiental del año 2022.
En el premio, explican que lo entregaron por «por dictar en agosto el Ordinario N° 637 que instruye al SAG la suspensión de la certificación de subdivisión de predios rústicos que pudieran significar una amenaza a los sistemas agroproductivos, al ecosistema y al equilibrio socioecológico de las localidades donde se emplazan».
En la misma categoría, otro galardón se lo llevó la Asociación de Municipios Rurales (AMUR), por «buscar detener la urbanización desregulada y desmedida sobre suelos rurales a través de parcelaciones y luchar contra los denominados “loteos brujos” que no cuentan con estándares de habitabilidad, y que colapsan el sistema de bienes y servicios en un territorio, perjudicando la conexión, deteriorando los suelos e incrementando la escasez de agua, entre otros impactos negativos».
