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Créditos: Agencia Uno
La ministra vocera salió esta semana a moderar la discusión por la crisis de las isapres. Esto, luego de dos semanas de trascendidos sobre el conflicto de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, con el jefe del Segundo Piso, Miguel Crispi, y el superintendente de Salud, Víctor Torres. La Moneda está preocupada porque antes del 30 de mayo debe estar listo un proyecto de ley corta que resuelva el polémico fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema, el que estableció que las isapres deben ajustar el precio de sus planes de salud a la tabla única de factores impuesta por la Superintendencia de Salud en abril del año 2020 y devolver los cobros excesivos que las aseguradoras pudieron realizar si no aplicaron la referida tabla entre dicho mes de 2020 y mayo de 2023.
El lunes la ministra vocera, Camila Vallejo, aseguró que “el proyecto para hacer frente a la crisis de las isapres está listo”, agregando que solo faltaba “una última revisión, en un aspecto específico del proyecto que trabajó el Ministerio de Salud y que tiene que ser revisado por Hacienda”. La declaración de Vallejo fue interpretada en el ambiente político como una manera de bajar la tensión al conflicto público entre Salud y el Segundo Piso, respecto a cómo enfrentar la crisis de las aseguradoras que generó el fallo de la Corte Suprema de noviembre del 2022. Una polémica, esta última, que preocupa al Ejecutivo, porque aparecía abriendo otro capítulo más sobre las diferencias entre Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático.
La decisión de llevar el tema a La Moneda e involucrar a la ministra Camila Vallejo anunciando la solución del problema, fue algo que se decidió el fin de semana como una manera de terminar con las días de trascendidos en la prensa que hablaban de la confrontación entre la ministra de Salud, Ximena Aguilera (independiente), y el jefe del Segundo Piso, Miguel Crispi (RD). En el Parlamento explican que las dificultades entre ambos personeros se generaron porque el sector de Apruebo Dignidad, al que pertenece Crispi, no habría estado de acuerdo con la propuesta gradual de solución del problema elaborada por el Ministerio de Salud (Minsal), pues favorecía a las isapres.
El tema es especialmente delicado, debido a que el fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema –del 30 de noviembre pasado– estableció seis meses para cumplir lo establecido en dicha resolución, lo que implica tener el proyecto de ley corta que resuelva el problema antes de fines de mayo. En Palacio consideran fundamental mostrar al oficialismo unido en este tema, para así facilitar el trámite de la iniciativa en el Congreso y evitar otra confrontación dentro de la alianza de gobierno.
El proyecto de ley que ingrese La Moneda al Congreso deberá resolver la manera en que se implementará el fallo de la Corte Suprema que determinó que las isapres deben ajustar el precio de los planes de salud a la tabla única de factores impuesta por la Superintendencia de Salud en abril del 2020, devolver los cobros excesivos que las aseguradoras pudieron realizar si no aplicaron la referida tabla entre dicho mes del año 2020 y mayo del 2023, e implementar la resolución de que no hay que cobrarles a los niños menores de dos años. Estimaciones respecto al valor de la deuda que habrían acumulado las isapres por cobros excesivos en estos tres años señalan que deberían devolver cerca de US$ 1.400 millones a sus afiliados.
En Palacio reconocen que el tema es delicado para el grupo del Frente Amplio y del Partido Comunista, porque en su programa gubernamental se postulaba terminar con las isapres para que dejaran de competir con Fonasa. Dicho programa proponía un “FONASA Universal en que decretaremos la universalización de la cobertura de FONASA, quedando todas las personas del país afiliadas a dicha institución. Esta recaudará y solidarizará las cotizaciones de las y los trabajadores (7%), junto a los aportes del Estado. Las ISAPRE se transformarán en seguros complementarios voluntarios”, consignaba el texto programático.
Lo que pretenden el Minsal y la ministra Aguilera sería implementar inmediatamente que las isapres ajusten el valor de sus planes a la tabla de factores del 2020 y, dada la actual crisis de los prestadores privados, diseñar un sistema de devolución de los cobros excesivos que sea gradual, para así evitar que quiebre el sistema. Representantes de Apruebo Dignidad señalan que no estarían de acuerdo con los términos del acuerdo diseñado por la cartera de Salud respecto al pago gradual de la deuda y la manera de calcular esta.
Un actor importante en esta polémica es el exdiputado y actual superintendente de Salud, Víctor Torres (DC), que –se señala– llegó a su cargo por la gran cercanía y amistad que entabló con el Presidente Gabriel Boric y exparlamentarios de Apruebo Dignidad durante los años que compartieron en la Cámara de Diputadas y Diputados. En el Ministerio de Salud afirman que la molestia con Torres es porque la superintendencia a su cargo nunca entregó una estrategia para enfrentar la crisis y porque se lo responsabiliza de las filtraciones críticas a la gestión de la ministra que aparecieron en la prensa en las últimas dos semanas. En la Superintendencia de Salud, en tanto, señalan que a Torres no le correspondía presentar la estrategia, porque dicho organismo “no tiene potestad legislativa”, que la ministra lo ha excluido de las conversaciones y que las divergencias con ella han sido por estimar que no se está cumpliendo el fallo de la Corte Suprema.
Sin embargo, otras fuentes advierten que el jefe del Segundo Piso, Miguel Crispi, y el superintendente Víctor Torres estarían dificultando el acceso de la ministra Aguilera al Presidente Gabriel Boric. El último encuentro entre la secretaria de Estado y el Mandatario habría ocurrido en marzo. El espacio donde se estaría llevando el tema de manera regular, desde enero de este año, es el Comité de Ministros ad hoc, en que participa la ministra Aguilera junto a sus homólogos de Hacienda, Segpres y Justicia.
Otra fuente de La Moneda que está preocupada por cómo ha escalado el conflicto en la prensa, expresa que las diferencias “son propias del trabajo en el Gobierno” y considera que todos estos problemas son responsabilidad del fallo de la Corte Suprema que –a su juicio– “se pasó de rosca”, porque hizo una sentencia de alcance general que afecta a la totalidad del sistema de salud con el único fin de frenar la judicialización, cuando lo que corresponde es que sus sentencias sean sobre casos particulares. La misma fuente desestima que en el Gobierno haya un sector que quiera terminar con el sistema de isapres, puntualizando que eso solo perjudicaría las posibilidades de implementar la Reforma de Salud, pues implica redestinar recursos y energía a absorber en Fonasa a los cotizares de isapres.
El tema también preocupa al presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro (PS), quien estima que la ley corta que está preparando el ministerio es la “pista de aterrizaje para el fallo de la Suprema”. Según Castro, “las isapres estarían en un limbo jurídico, porque tendrían una avalancha de gente, de clientes, que estarían ansiosos por cobrar su devolución. La isapre les diría ‘perfecto, pero no sabemos cómo pagarles a ustedes’”.
Además, coincide con otros parlamentarios respecto a que la ministra Aguilera ha trabajado mucho para conseguir acuerdos. El senador Juan Ignacio Latorre –miembro también de la Comisión de Salud y presidente de RD, partido en que milita Crispi– asegura que tiene “una muy buena opinión del profesionalismo y seriedad de la ministra de Salud”. En tal sentido, destaca el liderazgo que ha tenido la secretaria de Estado para llevar adelante la discusión con diferentes actores y cumplir con “la línea que marcó el Presidente Boric de que no debe haber perdonazos a las isapres, ni tampoco maximalismos irresponsables que pongan en riesgo el sistema sanitario y la prestación de servicios a las personas”, puntualiza Latorre.
En la misma tónica, la diputada comunista Karol Cariola señala que ha visto que la ministra ha hecho los esfuerzos necesarios para sacar adelante la ley corta, generando vínculos con diferentes parlamentarios, al tiempo que enfatiza que “el negocio de las isapres siempre fue rentable para los dueños, pero muy frágil para sus afiliados”. En esa línea espera que los esfuerzos de la ministra Ximena Aguilera “tengan resultados para los afiliados y afiliadas a las isapres. Que se rebajen los planes con sobreprecio y se les devuelva cada peso que se ha pagado de más a los usuarios y usuarias”, sentencia.
