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Créditos: Agencia Uno
El avasallador triunfo del Partido Republicano pone en jaque a Chile Vamos respecto a quién se queda con la hegemonía de la oposición en el Congreso. Sin embargo, el que parece más perjudicado con los resultados del domingo es el Gobierno del Presidente Boric, porque ahora todas las negociaciones tendrán que pasar por la colectividad de extrema derecha. Si Chile Vamos se endurece para recuperar votantes, las posibilidades del Ejecutivo de cumplir con su agenda serán reducidas. La ministra vocera, Camila Vallejo, apareció el lunes en Huechuraba preocupada de este tema y señaló que “hay una derecha que ha demostrado mayor disposición democrática y esperemos que, tras el resultado del día de ayer, esa disposición democrática no cambie”.
El escenario legislativo ya era complejo para La Moneda la semana pasada, pero tras los resultados de la elección de consejeros constitucionales, el panorama se oscureció. La arremetida del Partido Republicano sobre Chile Vamos ha abierto la puerta a que las ideas conservadoras y antirreformas afecten seriamente las posibilidades del Gobierno para llevar a cabo proyectos de ley clave de su programa gubernamental. Esta era la semana en que la reforma de pensiones, la ley corta de salud y el royalty minero iban a activarse, luego del periodo de parálisis por los comicios desarrollados el pasado domingo. También era el momento para retomar la discusión de la accidentada reforma tributaria, la que, después del rechazo de la idea de legislar en la Cámara, descansaba en el Senado buscando un acuerdo entre Chile Vamos y el oficialismo. Ahora, con la arremetida de la derecha republicana, están rebarajándose las expectativas oficialistas.
La ministra vocera Camilla Vallejo apareció el lunes en la mañana, tras el Comité Político, a cumplir lo que dijo el domingo: “Tenemos que seguir gobernando”. Desde Huechuraba, la ministra Vallejo aseguró que el Gobierno busca materializar el alza del salario mínimo el día miércoles en la Cámara de Diputadas y Diputados. Otro tema que anunció que querían resolver esta semana es el royalty minero. La descentralización es una promesa de campaña y, si bien es un concepto ampliamente compartido, la secretaria de Estado sostuvo que “no se decreta, simplemente no se señala en un acto de buena voluntad. Hay que materializarla con el traspaso de facultades y con recursos y con herramientas concretas”.
No solo aprovechó de referirse a proyectos clave para el Gobierno que se discutirán esta semana, también sacó a relucir iniciativas que no había mencionado antes, pero que intentan mostrar una panorama político con avances. Dijo que hoy martes se promulgará la ley contra el narcotráfico y que se ingresará un proyecto de inteligencia financiera para hacer seguimiento a “la ruta del dinero”.
Vallejo, así como toda la clase política, entiende que la arremetida de la extrema derecha como principal partido opositor puede significar un estancamiento del diálogo, junto con generar que el Presidente Boric termine liderando un Gobierno de gestión. Es por eso que la ministra comunista le hizo un llamado a Chile Vamos a no endurecer su postura y a llevar adelante los acuerdos que están en proceso.
“Hay una derecha que ha demostrado mayor disposición democrática y esperemos que, tras el resultado del día de ayer, esa disposición democrática no cambie”, manifestó la vocera del Ejecutivo. Además, agregó que es un momento importante: “Cuando hemos dicho que ‘vamos a avanzar’, y tenemos que avanzar en la línea de los acuerdos, bueno, este es el momento de materializar ese compromiso. De hacer que la palabra valga en los hechos y no solamente como elementos retóricos. Tenemos confianza de que eso va a estar a disposición y esperamos que así sea”, recalcó.
Ayer el jefe de las arcas fiscales, Mario Marcel, fue al Senado para reunirse con la Comisión de Hacienda y discutir algunos detalles del proyecto del royalty minero que se vota en Sala mañana. En este tema el Gobierno y la oposición han logrado llegar a acuerdos. Pero el punto de mayor discrepancia estructural respecto al proyecto era la fijación de la carga tributaria máxima a las mineras. El Partido Republicano ha señalado en repetidas oportunidades que está en contra del royalty minero.
En las primeras conversaciones, la propuesta del Ejecutivo fue reducir esta carga a un 50% para la gran minería. Ahora, en la señalada comisión, el ministro logró pactar un acuerdo con la oposición y se estableció que el tope de la carga tributaria se reduzca a un 46,6% para explotadores con producción mayor a 80.000 toneladas métricas de cobre fino. Además, se cobrará un 45,5% de carga para quienes produzcan entre 50.000 toneladas del mineral.
Se logró avanzar y hoy las conversaciones seguirán su curso, pero el senador Daniel Núñez (PC) advierte que aún está por verse la reacción de Chile Vamos frente al resultado que obtuvo el partido liderado por José Antonio Kast. “Existe el riesgo evidente de que Chile Vamos se transforme en un vagón de cola del Partido Republicano y endurezca su postura”, apunta el senador.
El Gobierno tiene presupuestado ingresar la ley corta de isapres esta semana, dado que el plazo para cumplir el fallo de la Corte Suprema vence el 30 de este mes. La crisis de las isapres terminó por complicar al Gobierno, más que permitirle cumplir con su programa inicial, en el que quedaban reducidas a aseguradoras privadas de salud.
Dado el balance político existente y ante la gran complejidad que trajo el dictamen de la Suprema, al obligar a las aseguradoras a devolver $1.400 millones a sus afiliados, el Gobierno optó por ingresar un proyecto en el que se impide subir el precio de los planes de las isapres y donde se asegura el pago de los cobros excesivos en un tiempo no inmediato. Desde el oficialismo advirtieron que es imposible una condonación de la deuda. La propia ministra de Salud, Ximena Aguilera, dijo en abril que se haría “cumplir la ley, es decir, se pagará todo lo que corresponda”.
En el oficialismo dan por hecho que el Partido Republicano va a defender la institución de las isapres. Para el Gobierno, el problema de que las isapres paguen todo el exceso en los cobros de una sola vez es que podría llevarlas a la quiebra. Ante esto, el sector pide al Ejecutivo que se les asegure su supervivencia en esta pasada. Incluso Luis Silva, el candidato republicano que entró al Consejo Constitucional con la primera mayoría, se refirió a la crisis de los prestadores privados de salud en el programa “100 Indecisos”, de Mega. Allí, aseguró que era el Estado el que tenía que salvar a las isapres, dado que “la situación en la que nos encontramos no es responsabilidad de ellas, es responsabilidad del sistema político”.
La reforma tributaria ya fue rechazada por el Parlamento, incluso con votos oficialistas en contra. Una situación que significó un golpe enorme a la agenda progresista del Gobierno y que lo obligó a volver a negociar, aunque abandonando ciertas ideas clave, como –por ejemplo– el llamado impuesto a los superricos, que parece ser una idea del pasado.
Otro tema que había generado controversia entre oficialismo y oposición era el impuesto a las utilidades retenidas. Punto que, considerado el triunfo de la oposición, sería otro deseo que el oficialismo podría desestimar en este contexto de derechización de la política. Ahora bien, hay que recalcar que la reforma tributaria no tenía muchas posibilidades de arribar a un acuerdo hasta ahora, lo que hizo que el titular de Hacienda descartara llevar a cabo otros proyectos importantes, como la condonación del CAE, por falta de recursos.
“Más pro AFP no podían estar”, dijo la ministra del Trabajo Jeannette Jara, refiriéndose a la posición que ha tenido Chile Vamos respecto a la reforma de pensiones. Frase que está por verse, pues el Partido Republicano, que hoy está fortalecido, ni siquiera se ha sentado a la mesa de diálogo para abordar el tema.
Las conversaciones han tenido avances. El hecho de que exista la posibilidad de una administradora estatal no genera problemas en Chile Vamos. Sin embargo, desde este sector se ha dicho que no están disponibles para que se creen nuevos organismos estatales.
Ahora, la principal diferencia entre el Gobierno y la oposición respecto a esta materia apareció cuando se supo que las AFP obtuvieron un 77% más de utilidades, mientras que todos los fondos de pensiones bajaron sus rentabilidades. Ante ese evento, la ministra Jara advirtió: “Un sistema en el cual hay una completa separación entre la industria privada, que hace negocios con las pensiones que las personas ganan, y los resultados de los fondos previsionales, es una falta de legitimidad tremenda, y un sistema de pensiones debe tener legitimidad para que los cotizantes vean que su contribución sirve para tener una pensión que les permita vivir más tranquilos”.
Sobre eso, Chile Vamos planteó que el 6% adicional de las cotizaciones de cargo del empleador esté dirigido a un fondo de capitalización individual, que determine la propiedad sobre los fondos de pensiones y la heredabilidad de los mismos. La titular de la cartera del Trabajo, en plena conversación con Chile Vamos sobre esta materia, señaló en el Palacio de La Moneda que no cree encontrarse con una derecha “más endurecida de lo que ya ha presentado”.
El senador Daniel Núñez (PC) cree que, más allá de ver el detalle de cada proyecto, el Gobierno debe mantener su sentido transformador y sus promesas de campaña. “En última instancia será el Parlamento el que tendrá que dirimir y, si estas reformas se rechazan, que sea la derecha la que pague el costo político con la ultraderecha y no que aparezca el Gobierno renunciando a sus objetivos antes de dar el debate”.
Es por eso que el parlamentario hace hincapié en que los dichos de la ministra Vallejo son importantes y “seguimos comprometidos con llevar adelante las promesas de campaña que permitieron al Presidente Gabriel Boric ganar las elecciones”.
La diputada y vicepresidenta de la Cámara Baja, Catalina Pérez (RD), sostiene que el foco también estará sobre la capacidad de diálogo del Partido Republicano que, hasta ahora –puntualiza–, no ha demostrado tener. “No podrá continuar restándose de los acuerdos y diálogo político si desea asumir con seriedad la tarea que los chilenos y las chilenas le han encomendado”, señala. Una tarea que no solamente tiene que demostrarse en el Consejo Constitucional, añade la diputada Pérez, sino que “el ánimo de acuerdos que ha declarado Republicanos tiene que ser coherente y reflejarse también en el Congreso”.
