El ministro de Justicia abordó los emblemáticos casos ocurridos en Chile, criticando las clases de ética y las multas limitadas, argumentando que la nueva ley impondría altas penas de cárcel, multas significativas y confiscación de ganancias ilícitas. Consultado sobre si Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín habrían ido a la cárcel, el secretario de Estado declaró: “Así es”, añadiendo que la empresa también se habría visto involucrada eventualmente. Lo mismo sucedería con los ejecutivos de La Polar. Además, Cordero resaltó la importancia de someter a la nueva legislación a iglesias, partidos políticos, universidades y empresas estatales.
El proyecto de ley, que amplía la responsabilidad penal para los delitos económicos y contra el medio ambiente, también conocidos como “delitos de cuello y corbata”, fue aprobado en el Congreso y luego despachado. Esta iniciativa forma parte de la agenda antiabusos del Gobierno y tiene como objetivo sancionar la colusión, el uso de información privilegiada y la corrupción, mediante modificaciones a la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.
Según el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, este es un gran avance ante la “lesividad social” que provocan estos delitos, ya que no solo afectan a personas, víctimas directas, sino que también “lesionan severamente la confianza pública”. Entre otras cosas, esto se debe a que el régimen de penas era tan bajo que a veces nunca se cumplían. En ese sentido, durante el programa Al Pan Pan de El Mostrador Radio, el ministro Cordero señaló que el proyecto busca terminar con la obtención de rentas donde “delinquir se transforma en un negocio que pareciera legítimo para algunos”. Además, afirmó que la nueva legislación cobra relevancia cuando esos delitos impactan el funcionamiento del sistema económico y “hacen que la economía no tenga reglas leales de competencia y, por tanto, un funcionamiento sano”.
En conversación con Mirna Schindler, el titular de la cartera de Justicia explicó que Chile se está actualizando recientemente en la materia, pero en buena parte de los países del mundo lo relevante es tener un tratamiento específico y un sistema severo ante los delitos “de cuello y corbata”. En esa línea, destacó que se establezcan nuevas categorías de ilícitos y la posibilidad de que personas naturales puedan ir a la cárcel. “Toda pena, además, tiene el efecto económico de perseguir la renta ilícitamente obtenida, a través de multas que buscan disuadir esa vía y que pueden llegar hasta los 19 mil millones de pesos”. El objetivo es “suprimir todo el beneficio ilícitamente obtenido por comisión de delito”.
El ministro Cordero abordó dos de los casos más emblemáticos de delitos económicos que involucraron a políticos y empresarios: los casos Penta y La Polar. El primero, comentó, se trató principalmente de delitos tributarios relacionados con el financiamiento irregular de la política, donde se impartieron clases de ética para los involucrados.
“Ya no más clases de ética”, sentenció el titular de Justicia, cuestionando también el mecanismo de libertad vigilada y las multas limitadas impuestas sobre el tema. ¿Qué hubiese pasado con la nueva ley en este caso? “Hubieran tenido pena de cárcel efectiva de entre cinco y 10 años, lo que implicaría una multa significativa, además de la confiscación de las ganancias ilícitamente obtenidas”, argumentó Cordero.
Cuando se le preguntó directamente si Carlos Alberto “Choclo” Délano y Carlos Eugenio Lavín hubiesen ido a la cárcel, el ministro declaró: “Así es”, añadiendo que la empresa también se habría visto involucrada eventualmente.
En relación al caso La Polar, Cordero afirmó que también cumple varias condiciones. En primer lugar, el mecanismo de repactación automática, y en segundo lugar, los “beneficios” otorgados a los ejecutivos en relación a cómo operaba el sistema de repactación. Según señaló, “este es un caso en el que las multas fueron muy bajas. Y, si consideramos esta ley, habríamos tenido penas de cárcel de entre 12 y 15 años, multas significativas y confiscación de las ganancias”.
El ministro Luis Cordero resaltó que otra de las penas accesorias relevantes para delitos económicos es la inhabilitación no solo para ejercer cargos públicos, sino también para ejercer cargos gerenciales con la posibilidad de inhabilidades perpetuas. “El efecto es tan impactante no solo para quien comete el delito, sino también para la compañía, que debería contar con medios de verificación y control muy relevantes para no exponerse a sanciones de este tipo”.
Según remarcó, los ejecutivos de La Polar también habrían enfrentado penas de cárcel efectivas.
Finalmente, el titular de Justicia y Derechos Humanos consideró importante que la legislación incluya a las personas jurídicas. En ese sentido, también podrían ser sancionadas iglesias, partidos políticos, universidades y empresas y sociedades estatales.
