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Créditos: Agencia Uno
Quedan dos semanas para que los comisionados expertos entreguen el anteproyecto de nueva Carta Magna al Consejo Constitucional que comienza su trabajo el 7 de junio. La Comisión Experta está abocada, durante estos últimos días, a alcanzar grandes consensos en un ambiente de mucho hermetismo, a fin de no incurrir en trascendidos que contaminen la próxima etapa del proceso. Sin embargo, miembros y asesores coinciden en que su labor busca proponer un texto lo suficientemente técnico y representativo, para evitar que sufra modificaciones en el Consejo y, de esta forma, termine transformándose en el texto definitivo del órgano electo. La arremetida del Partido Republicano en la elección del 7 de mayo generó reacciones en la Comisión e hizo fortalecer e intensificar los diálogos, en pos de entregar una propuesta que a los consejeros republicanos les resulte ineludible acoger.
El miércoles, la Comisión Experta comenzó la votación de la parte medular del anteproyecto que le entregará al Consejo Constitucional el 7 de junio próximo. Principios constitucionales, derechos fundamentales y derechos sociales pretenden estar definidos a fines de esta semana y comienzos de la próxima. Desde el interior de la Comisión señalan que aspiran a entregar un anteproyecto que sea lo suficientemente robusto, en términos técnicos y de acuerdos, con el objeto de que se acoja íntegramente y sufra la menor cantidad de cambios para cuando se vote en el plebiscito de salida de diciembre. Ante la arremetida republicana y el desbalance político que existe dentro del recién electo Consejo Constitucional, el objetivo de los expertos es terminar con un texto de consenso con la menor cantidad de puntos polémicos. En tal sentido, existe expectativa e incertidumbre respecto a cómo los recién electos consejeros constitucionales recibirán la propuesta de los expertos.
Desde que comenzaron a operar, ha reinado el hermetismo entre los comisionados expertos. Si bien tienen disposición para informar de los avances a los periodistas cuando salen a los recesos a fumar o conversar entre las columnas del ex Congreso Nacional, se han cuidado de no referirse a las negociaciones, dado que su aparición en la prensa puede socavar el terreno para sellar los acuerdos transversales que han logrado como colectivo.
Voces al interior de la Comisión Experta revelan que las votaciones, por lo general, están previamente conversadas entre todos los sectores. Se transparentan todas las posiciones antes de enfrentar el debate y buscan abrazar cada uno de los aspectos a considerar para llegar con una postura común. Precisan que esa ha sido la forma para avanzar con normas de carácter más constitucional que de política pública, que son los aspectos en donde más se generan discusiones.
Es evidente que el proceso no está exento de debates, pero los expertos esperan que ocurran los menos posibles en el Consejo Constitucional que comienza su trabajo el próximo 7 de junio. Es por eso que la Comisión Experta pretende ofrecer un texto prolijo en aspectos técnicos y con los mayores acuerdos posibles. Así, en aquellas materias en que hubo posturas antagónicas e irreconciliables, dejaron de insistir y buscaron aspectos en los que existía unidad de propósito.
Reducir las fricciones significó dejar fuera algunas materias que tendrá que evaluar el Consejo Constitucional. Algunos comisionados prefieren que esos puntos queden como están y que sea el Consejo el que defina los detalles de la política pública que genere más disensos.
El ánimo de acuerdos y la perspectiva técnica del debate han sido las claves para el sustento de los resultados que ha logrado la Comisión Experta. Si bien no ha dejado a todos los sectores contentos, el experto Gabriel Osorio (PS) comentó a El Mostrador que “una Constitución no es para quedar contentos, es para quedar tranquilos”.
Respecto al derecho a la salud, por ejemplo, la derecha buscaba que quedara constitucionalizada la libertad de elección, sin embargo, no existieron los acuerdos suficientes para sostener la propuesta. El derecho a la elección existe, advierten comisionados oficialistas, pero no quedó a nivel constitucional.
Ese fue uno de los temas que generó crispación dentro de la Comisión Experta y en las negociaciones no fue posible llegar a acuerdo. Este resultó ser uno de los puntos clave que dejó un sabor amargo entre comisionados de oposición. Jaime Arancibia (cupo RN) explicó que la Constitución actual asegura que “las personas puedan destinar sus cotizaciones en salud; esa norma será rechazada, por lo tanto, existe la posibilidad de que el Estado, mediante una ley, pueda destinar los fondos de nuestras cotizaciones a un fondo estatal”. Arancibia sostuvo que “no me parece adecuado vivir de la solidaridad”. Y añadió: “El legislador democrático puede hacerlo, pero esperaba que una Constitución democrática impidiera que nos privaran a nosotros de la libre elección de nuestro financiamiento en salud”.
La comisionada experta Alejandra Krauss (DC) desdramatizó el hecho de no incluir ese inciso. “Me parece que es propio del debate democrático el construir acuerdos hasta donde es posible”, señaló. Además, agregó que “para nosotros significa permitir que el legislador sea quien defina, a través de políticas públicas, la concreción del derecho de salud y los modelos a utilizar”. La democratacristiana sostiene el argumento que se repite a la hora en que aparecen disensos: “Nunca creí que una política pública debiese constitucionalizarse”. Esto, porque haberlo incluido en la Constitución, además, significaría un quórum alto de modificación, lo que amarraría de manos al legislador, según la perspectiva oficialista.
Arancibia dijo a El Mercurio: “Salvaguardando el carácter democrático del acuerdo, me hubiera gustado que quedara en la Constitución”. Sin embargo, el comisionado experto no descarta que se insista con la idea en el Consejo Constitucional: “Respecto a cosas en las que no hay acuerdo, es ilegítimo poder seguir insistiendo”, le dijo al mismo medio.
La paridad fue otro punto complejo dentro de las discusiones de la Comisión Experta. Este principio era una promesa del oficialismo, pero durante los primeros meses del proceso vieron que desde la oposición no había una voluntad activa para regular el tema. La principal aprensión de la derecha era que la paridad constituía un mecanismo en el que “se mete la mano a la urna”.
Desde el oficialismo esperaban que el Congreso se conformara por un 50% de mujeres y un 50% de hombres. A la oposición le parecía que la corrección electoral que generaba ese umbral resultaba excesiva, razón por la cual propuso que se estableciera en un 60/40, y aún con resistencia del propio sector. Finalmente se acordó dicho umbral, pero como norma transitoria. La corrección de paridad correrá para las próximas dos elecciones parlamentarias y, en caso de que este porcentaje se dé por sí solo, la norma se elimina.
El derecho a la vida es otro tema en donde las visiones son antagónicas. En la subcomisión de Principios, la derecha propuso la norma del derecho a la vida “del que está por nacer”. La enmienda, sin embargo, fue rechazada por el oficialismo y, ayer miércoles, la oposición buscó reponerla en el pleno sin éxito, pero con 11 votos del sector a favor.
Sobre eso no se generó polémica, pues no representa el ánimo con que la Comisión Experta ha trabajado. Ahora bien, en la derecha cuentan con mayoría en el Consejo Constitucional y pueden reponer la enmienda en esa instancia.
El bloque de derecha completo no tiene una línea uniforme a la hora de definir cómo enfrentar el proceso constituyente, por lo menos hasta ahora. Voces al interior de Chile Vamos revelaron que el Partido Republicano les ofreció los votos para que un consejero de Chile Seguro (UDI, RN, Evópoli) asumiera la presidencia del Consejo Constitucional. Sin embargo, desde el sector se negaron a aceptar tal oferta.
Desde distintos sectores han señalado que el partido fundado por J. A. Kast debe asumir su responsabilidad en este proceso constituyente, que no puede eludirlo. Dentro de la Comisión Experta, voces esperan que el Consejo Constitucional tenga un ánimo similar al que ha envuelto su trabajo en esta primera etapa del proceso.
En tal sentido, la presidenta de Evópoli y consejera constitucional electa, Gloria Hutt, coincide con esas voces. Según Hutt, el aprendizaje que queda tras el proceso constitucional anterior y el trabajo de la Comisión Experta, “dan una buena base de lo que se debe hacer y lo que no”.
La timonel de Evópoli considera que tomar el anteproyecto como un documento meramente consultivo y partir de cero, “sería un error”. La exministra de Transportes destaca que el documento de la Comisión Experta “ha avanzado en acuerdos, en contenidos importantes y en definiciones muy contundentes y claras para el texto constitucional”. Las modificaciones que valgan la pena, puntualiza Hutt, tendrán que analizarse por la mayoría. El anteproyecto de la Comisión Experta “es el documento de trabajo, ese fue el espíritu con que se definió la preparación de este anteproyecto en el Acuerdo por Chile, que es la base sobre la cual vamos a trabajar”, sostiene la exministra.
El consejero electo del oficialismo, Yerko Ljubetic, de Convergencia Social, comparte el diagnóstico positivo de Hutt: “El proyecto al que ha arribado la Comisión Experta es efectivamente una muy buena base y un muy buen sustento para, desde ahí, continuar el debate y perfeccionar estos acuerdos en el Consejo Constitucional”.
Ljubetic incluso subraya que hay acuerdos muy significativos que lo representan, como, por ejemplo, el Estado social y democrático de derecho. Ahora, más allá de las mayorías y minorías que existen en el Consejo Constitucional, las personas electas tienen –a su juicio– “un mandato, que es ir a representar y a proponer la discusión sobre aspectos que, en algunos casos, no han quedado bien resueltos en el anteproyecto o en otros casos no han podido ser abordados”.
El ex DC revela que le interesa perfeccionar la materia de paridad de género, la representación política de los pueblos indígenas y, también, incluir cuestiones relativas al reconocimiento al trabajo doméstico y de cuidados. Para el consejero electo, “son ejemplos de cuestiones que hay que perfeccionar y reponer en el debate en el Consejo Constitucional, no solo porque son aquellas cuestiones por las cuales la ciudadanía nos eligió, sino porque también representan avances concretos que ya tenemos en la sociedad”, señala.
