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Crédito: Agencia Uno
El ente fiscalizador ordenó restituir de forma íntegra, y en un plazo de 60 días, los fondos mal gestionados por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, cuyo total llega a $3.574.640.527. De ese monto, $435.905.117 llegaron a personas contratadas por un empleador estatal, $579.351.832 a quienes no estaban cesantes y $2.559.383.578 a los que prestaban servicios al Estado como honorarios, consigna un informe de Contraloría. Asimismo, la organismo fiscalizador dictaminó que Sence deberá realizar una revisión acabada de los montos entregados a empleadores estatales.
La Contraloría de Santiago determinó que, entre agosto de 2021 y febrero de 2022, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) entregó el IFE Laboral a “postulantes que no cumplían con alguno de sus requisitos”.
El informe final de una auditoría del ente contralor y un examen de cuentas efectuado al Sence indicaron que entre los beneficiados incorrectamente había personas que estaban contratadas por un empleador del Estado, que no cumplían con el requisito de cesantía, o que prestaban servicios para el Estado mediante la modalidad a honorarios, lo que en teoría imposibilitaba que pudiesen acceder al mismo, según publicó el diario La Tercera.
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De acuerdo con ese medio, el ente fiscalizador ordenó restituir de forma íntegra, y en un plazo de 60 días desde que se reciba el citado informe, los fondos mal gestionados, cuyo total llega a $3.574.640.527.
De ese monto, $435.905.117 llegaron a personas contratadas por un empleador estatal, 579.351.832 de pesos a quienes no estaban cesantes y 2.559.383.578 de pesos a los que prestaban servicios al Estado como honorarios, consigna el documento. Asimismo, la Contraloría dictaminó que Sence deberá realizar una revisión acabada de los montos entregados a empleadores estatales.
Los auditores, además, detectaron una serie de irregularidades respecto a la contratación de servicios a través de la empresa Manpower en el mismo periodo, con el fin de apoyar “la gestión de información y atención de los beneficiarios”, por lo que la Contraloría instruyó realizar un sumario administrativo para dilucidar posibles responsabilidades del Sence.
