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Crédito: Agencia Uno
La Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCDH), una ONG creada en 1978, calificó como “un grave retroceso” en materia de garantías fundamentales el anteproyecto del Comité de Expertos, que será la base para la redacción de una nueva propuesta de Carta Magna. “Se omite el carácter supraconstitucional de los derechos humanos y su carácter fundante del Estado de Derecho, pues se decide entregar al Congreso la atribución de integrar y adaptar los tratados internacionales al ordenamiento jurídico interno”, sostiene la CCDH.
La Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCDH), una ONG creada en 1978, calificó como “un grave retroceso” en materia de garantías fundamentales el anteproyecto del Comité de Expertos, que será la base para la redacción de una nueva propuesta de Carta Magna.
A través de un comunicado, la CCDH expresó su “preocupación por el texto aprobado por la denominada Comisión Experta, pues significa un grave retroceso en materia de Derechos Humanos. Pese a contar con un catálogo de derechos fundamentales, es alarmante cómo muchos de ellos son reflejo de un reconocimiento meramente formal, sin contenido sustantivo ni esencial”, advierte la ONG.
Según el comunicado de la ONG, sostiene que el borrador “omite el carácter supraconstitucional de los DD.HH. y su carácter fundante del Estado de Derecho, ya que se decide entregar al Congreso”, la atribución de integrar y adaptar los tratados internacionales al ordenamiento jurídico interno.
En la declaración, de dos páginas, se cuestiona además la omisión del Derecho Internacional Público y la jurisprudencia internacional.
“Este preocupante retroceso queda en evidencia pues la propuesta de texto constitucional desconoce que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos que incluye el principio de Ius Cogens, la jurisprudencia internacional y los principios generales del Derecho Internacional Público, deben ser el marco referencial obligatorio de las demás disposiciones, soslayando las obligaciones contraídas por el Estado de Chile al momento de suscribir y ratificar los diversos tratados internacionales sobre la materia, que son las de respetar y garantizar los derechos humanos allí consagrados”, dice el texto.
Y agrega también cuestionamientos en materia de Educación. “Esta reprochable situación también se expresa en la regulación constitucional del derecho a la educación, donde se mantiene una primacía de la libertad de enseñanza por sobre el derecho mismo de recibir educación y su contenido esencial. En la práctica, se garantiza una modalidad concreta de la libertad económica y contractual (…) en vez de garantizar el derecho a la educación de las personas”, sostiene el comunicado.
