PAÍS
EFE
Escudo de las Américas abre dudas por eventual cooperación militar pese a descartes de Kast
Aunque el Presidente aseguró que la adhesión no contempla operaciones militares, la declaración conjunta propone activar un órgano del TIAR para facilitar una “acción colectiva” contra organizaciones narcoterroristas. Cancillería sostiene que esto no implica aplicar el tratado.
La adhesión de Chile al Escudo de las Américas, la instancia impulsada por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para coordinar a países del hemisferio en seguridad y combate al crimen organizado, abrió un nuevo flanco de discusión luego de conocerse el contenido de la declaración conjunta suscrita tras el encuentro.
El documento divulgado por Estados Unidos contiene elementos que no fueron incluidos en el comunicado con que la Cancillería chilena informó la incorporación del país. Entre ellos aparece la intención de recurrir al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), un punto que abrió interrogantes respecto de los alcances que podría adquirir la cooperación en materia de seguridad.
La discusión se produce después de que el Presidente José Antonio Kast descartara que la adhesión involucrara acciones de carácter militar.
“Siempre hemos señalado que cada país tiene sus legislaciones, su soberanía. Esto no interviene en la soberanía de los países, sino que apunta a una coordinación transversal de distintos países para enfrentar este nuevo flagelo”, señaló el mandatario.
Kast fue más explícito al precisar los alcances de la decisión: “Creo que no hay que confundir los aspectos, porque aquí no estamos hablando de operaciones militares en contra del crimen organizado o del terrorismo”.
Sin embargo, la “Declaración conjunta sobre la defensa de la soberanía hemisférica” plantea que los países tienen la intención de solicitar formalmente al presidente del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) la convocatoria de una reunión de consulta para decidir sobre el establecimiento de un Órgano de Consulta bajo los artículos 6 y 13 del TIAR.
El documento agrega que, una vez convocada esa instancia, los países pretenden participar a nivel ministerial para evaluar una resolución destinada a “promover y facilitar la acción colectiva contra las organizaciones narcoterroristas en el marco del Tratado de Río”.
El artículo 6 del TIAR establece la posibilidad de convocar al Órgano de Consulta cuando la integridad territorial, soberanía o independencia política de un Estado americano se vea afectada por una agresión distinta de un ataque armado o por otra situación que pueda poner en peligro la paz del continente. En ese escenario, los países pueden acordar las medidas que consideren pertinentes para la defensa común y el mantenimiento de la paz y seguridad regional.
La declaración no menciona directamente el artículo 3 del TIAR, que establece que un ataque armado contra un Estado americano será considerado como un ataque contra todos los Estados parte y contempla la obligación de ayudar a enfrentarlo.
Fuentes diplomáticas citadas en los antecedentes entregados advierten, sin embargo, que los distintos artículos del tratado no operan necesariamente de manera aislada y consideran que la activación del mecanismo podría eventualmente abrir una vía hacia formas de cooperación militar. Esa interpretación no es compartida por el Ejecutivo.
Desde Cancillería recalcan que lo acordado hasta ahora es solicitar una reunión de consulta y que ello “no implica que se aplique” el TIAR. Asimismo, destacan que los artículos mencionados se refieren a medidas y no establecen por sí mismos una acción o utilización de fuerza armada.
“El espíritu del TIAR es convocar a un órgano de consulta frente a amenazas a la soberanía”, explicaron fuentes de la Cancillería, agregando que el propio tratado establece que las acciones deben ajustarse a la Carta de Naciones Unidas.
La declaración conjunta contiene además otro componente que no apareció en el comunicado inicial de Cancillería: la cooperación económica.
El documento plantea fortalecerla mediante mecanismos de examen de inversiones, resguardar las cadenas de suministro de minerales críticos a través de fuentes diversificadas y promover normas sobre “proveedores de confianza” para infraestructura digital. También señala que la soberanía económica requiere que el capital que ingresa a los países sea “transparente y verificable”.
Consultado sobre la ausencia de estas materias en su primera comunicación pública, el Gobierno señaló que el objetivo de ese texto era informar específicamente la adhesión de Chile al Escudo de las Américas.
Según la información oficial chilena, el Escudo funciona como un “marco de coordinación voluntaria” y cada país conserva sus obligaciones legales nacionales e internacionales. Para Chile, el Ejecutivo ha identificado cuatro ámbitos concretos: intercambio de información sobre organizaciones criminales, sistemas de análisis inteligente de datos, capacitación para Carabineros y la PDI y mayor coordinación fronteriza con Argentina, Bolivia y Perú.
Hasta ahora no se ha informado de un compromiso de Chile para desplegar tropas en otros países ni permitir el ingreso de fuerzas extranjeras para efectuar operaciones militares en territorio nacional. Tampoco se han detallado eventuales costos, plazos de implementación o nuevas obligaciones presupuestarias derivadas de la adhesión.
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