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Desde el partido perteneciente al Frente Amplio señalaron que “la firma del convenio, vía trato directo, entre el exseremi de Vivienda de la región de Antofagasta y el ex director de la fundación Democracia Viva es un acto poco criterioso que debe ser investigado por las instancias correspondientes”.
Durante esta jornada, el partido Comunes se refirió a la adjudicación de tres convenios suscritos entre la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de la región de Antofagasta y la fundación Democracia Viva, que ha suscitado cuestionamientos desde el mundo político hacia la parlamentaria de Revolución Democrática, Catalina Pérez, puesto que la organización contó con la representación legal de su pareja, Daniel Andrade.
Al respecto, desde la colectividad afirmaron que la firma del convenio que se realizó mediante trato directo “a es un acto poco criterioso que debe ser investigado por las instancias correspondientes”. Asimismo, declararon alinearse a “la ética y la probidad, lo que noslleva a actuar con más firmeza aún cuando los errores provienen de nuestras propias filas”.
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La declaración de Comunes se suma a lo expresado durante esta tarde por Convergencia Social: ambos partidos compañeros de coalición con Revolución Democrática dentro del Frente Amplio.
El comunicado de la tienda encabezada por Marco Velarde sostiene que “el proyecto político del Frente Amplio nace como respuesta a la distancia cada vez mayor entre la ciudadanía y una clase política que, encerrada en sí misma, sobrepuso en muchas ocasiones los intereses privados a los públicos, lo que trajo aparejado prácticas de corrupción y poco éticas que denunciamos con fuerza y convicción, por el daño que producen a nuestra democracia”.
En la misma línea, desde la colectividad señalaron respaldar las medidas tomadas por RD, que resolvió enviar al trinbunal supremo del partido a las personas involucradas que pertenecen a la tienda, así como suspender la militancia de estos hasta que se esclarezcan los hechos de acuerdo a la investigación interna.
Además, desde el partido frenteamplista acusaron que el caso ha sido objeto de “aprovechamiento político” por parte de la derecha, y señalaron que “todos los partidos deben establecer protocolos y medidas que prevengan o sancionen a sus militantes cuando sus acciones se alejen de la ley, la ética y la transparencia”.
