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Créditos: Agencia UNO
A su arribo al Palacio de La Moneda, el ministro Carlos Montes, descartó la participación de funcionarios del Minvu en la recepción de dineros por parte de fundaciones. “Lo que ocurre es que algunas fundaciones contrataban personas que se iban a trabajar al ministerio para efectos de hacer un seguimiento a los proyectos”, acotó.
El caso Democracia Viva que ha puesto en jaque al partido Revolución Democrática (parte del oficialismo) tras relevarse el traspaso desde la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la región de Antofagasta de un monto de $426 millones a esta organización, liderada por Daniel Andrade, militante de la tienda y en ese entonces pareja de la diputada, Catalina Pérez.
Desde RD anunciaron la querella criminal contra los responsables, así como la suspensión contra la parlamentaria y la expulsión de Andrade y del exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras. Asimismo, se va a investigar a la exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, a quien desde el Gobierno se le solicitó su renuncia al cargo.
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Al respecto, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo instruyó un sumario administrativo para averiguar las otras aristas del caso. El proceso concluyó en que “un número de funcionarios contratados por esta fundación prestaban servicios en la Seremi (de Antofagasta), hecho que condenamos y por el que el buscaremos sanciones”.
A su arribo al Palacio de La Moneda, el ministro Carlos Montes, descartó la participación de funcionarios del Minvu en la recepción de dineros por parte de fundaciones. “Lo que ocurre es que algunas fundaciones contrataban personas que se iban a trabajar al ministerio para efectos de hacer un seguimiento a los proyectos”, acotó.
El titular del Minvu detalló que los contratos de personas con las ONGs son entre las fundaciones y personas que cumplían funciones de apoyo en seremis o Serviu, pero su remuneración provenía desde las organizaciones.
“Si un funcionario público recibe un sueldo de afuera es un delito muy fuerte”, sostuvo Montes. Asimismo, sobre el caso de Democracia Viva acotó que se han registrado unas seis personas que tendrían esta “doble labor”. Según Montes, complementó que alguna de estas personas puede seguir prestando servicios en el Minvu.
Finalmente, vio con buenos ojos que desde el Gobierno se presente una querella por estos convenios.
Montes viajará este miércoles a la región de Antofagasta a reunirse con el fiscal a cargo del caso, Cristian Aguilar. Se espera que el secretario de Estado entregue los antecedentes que manejan desde La Moneda.
