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Créditos: Agencia Uno
El caso de traspasos de recursos de la Fundación Democracia Viva por parte del Serviu de Antofagasta es investigado por, al menos, tres delitos: tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude al fisco. Ante esto, las distintas instituciones fiscalizadoras comenzaron a solicitar y recabar antecedentes al Gobierno, al Serviu y a la fundación en cuestión. Si bien, desde el Ejecutivo han asegurado que colaborarán con las investigaciones, desde la oposición evalúan una ofensiva a través de una interpelación al ministro de Vivienda, Carlos Montes.
El caso Democracia Viva, como dijo el Ministro Carlos Montes, “está empezando”. Y es que existen distintas capas que rodean las millonarias transferencias que realizó la seremi de Vivienda de Antofagasta a Democracia Viva. Por un lado, el Ministerio Público reveló que se indagan tres posibles delitos: tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude al fisco. Por otro, el Consejo de Defensa del Estado se encuentra recopilando antecedentes para determinar si se querellan y el jueves se cumple el plazo que Contraloría le dio al Minvu para entregar los antecedentes. Además, parlamentarios de oposición solicitaron la creación de una comisión investigadora y están evaluando una posible interpelación contra el ministro Montes.
La millonaria transferencia de más de $400 millones a Democracia Viva, que eran parte del Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, involucró directamente a Revolución Democrática. Carlos Contreras, ex seremi de Vivienda, y Daniel Andrade, ex representante de la fundación, son militantes de dicho partido y los dos tenían una estrecha relación con la diputada Catalina Pérez quien hoy tiene suspendida la militancia por su cercanía con el caso.
Según Emol, el fiscal persecutor Christian Aguilar detalló que en caso de que se compruebe la culpabilidad de los involucrados, Contreras y Andrade, se podrían ejecutar penas privativas de libertad que podrían ir desde los 541 días hasta los 10 años de cárcel. No obstante, Aguilar advirtió que las investigaciones hasta ahora son de oficio, dado que hasta el momento no se ha realizado ninguna denuncia o querella.
El Consejo de Defensa del Estado está en el proceso de recopilar antecedentes para determinar si se querellan o no. Al ser consultado por Emol, el presidente del CDE Raúl Letelier, advirtió que ya tienen datos de la Fiscalía de Antofagasta y que el ministro de Justicia, Luis Cordero, se comprometió a entregar los elementos antecedentes que estén en sus manos..
Actualmente, la PDI se encuentra haciendo diligencias y ya hizo allanamientos simultáneos en la seremi de Vivienda de Antofagasta y en las oficinas de Democracia Viva en la comuna de Ñuñoa. Sin embargo, los efectivos no lograron incautar ningún elemento para la investigación dado que en el departamento que aparecía como domicilio de la fundación no tenía computadores ni personal ni un cartel que identificara a la fundación.
El jueves se cumple el plazo que dio la Contraloría al Minvu para que rinda cuentas sobre el traspaso de fondos que se hizo a todas las fundaciones sin fines de lucro en el 2022 y el 2023. Con esto, la institución pretende determinar irregularidades administrativas o ilegalidades que se puedan haber dado en la ejecución de presupuesto o en el traspaso de recursos públicos.
Además, parlamentarios RN fueron quienes oficiaron a la Contraloría para que se pronuncie sobre la eventual responsabilidad que tiene el ministro Montes y la ahora ex subsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas (RD).
La UDI, en cambio, anunció querellas y según Emol- los gremialistas junto al PDG evalúan interpelar al ministro Montes por “su falta de liderazgo” al conocer el caso y no descartan presentar una acusación constitucional en su contra tras la interpelación.
