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Después de haber decidido de manera preventiva suspender la toma de razón de todos los contratos entre fundaciones y el Estado debido al caso de Democracia Viva, el organismo contralor precisó, ante la preocupación generada en otras organizaciones, que se establecerán algunas excepciones “para evitar la paralización del funcionamiento de estas entidades”. Según la CGR, esto se realizará con el fin de fortalecer el análisis de antecedentes y, en caso de ser apropiado, a partir de la próxima semana se tramitarán los convenios con las instituciones que históricamente han contribuido a fines sociales. [ACTUALIZADA]
Ayer, la Contraloría General de la República (CGR) ordenó suspender la toma de razón de todos los convenios de transferencia a fundaciones que se están tramitando actualmente. Esta decisión surge después de que se revelaran convenios millonarios entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva, ligada a Revolución Democrática (RD). Sin embargo, hoy el ente contralor ha precisado su decisión.
El contralor general, Jorge Bermúdez, indicó que la medida permitirá recabar antecedentes y que la información se entregará al Ministerio Público. No obstante, algunos expertos expresaron preocupación por el tiempo que llevaría revisar todos los convenios y el impacto en otras fundaciones con recursos comprometidos. Si bien la Contraloría afirmó que la medida es preventiva y temporal, a un día de su decisión, decidió dar un giro y retroceder en su determinación. Ahora, aseguran, habrá excepciones.
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“Hemos decidido de manera preventiva suspender la toma de razón de todos los contratos entre fundaciones y el Estado salvo algunas excepciones para evitar la paralización del funcionamiento de estas entidades. Esto para reforzar el análisis de antecedentes y si corresponde, a contar de la próxima semana se irán tramitando aquellos convenios con las instituciones que históricamente contribuyen a fines sociales”, declaró el ente contralor a través de su cuenta de Twitter, ante la preocupación generada por su decisión.
El abogado Julio Palavicini, exjefe de la División Jurídica en la CGR, había reiterado que la medida tiene una buena intención, con miras a fiscalizar a las fundaciones. El tema era que si uno lo mira desde la perspectiva de la fundaciones, estas no iban a poder recibir recursos que la administración le entrega. A modo de ejemplo, la Fundación Chile, la Fundación para la Superación de la Pobreza, la fundación para el Museo de la Memoria o la Fundación Integra, se verían afectadas. “Y no sabemos cómo van a seguir funcionando”, señaló. En ese sentido, sostuvo que se estaba produciendo una situación de “incerteza jurídica”.
Cabe mencionar que la CGR comenzó, por oficio, una investigación a los contratos y convenios firmados entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la polémica fundación liderada por Daniel Andrade —expareja de la diputada Catalina Pérez (RD)—, los que saltaron dicha revisión previa al ser pagados de forma fraccionada. La manera de entregar los 426 millones de pesos fue por partes, con lo cual evitó la toma de razón correspondiente por parte de Contraloría.
