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Créditos: Agencia UNO (referencial)
La Contraloría General de la República ha ordenado suspender la toma de razón de todos los convenios de transferencia a fundaciones que se están tramitando actualmente. Esta decisión surge después de que se revelaran convenios millonarios entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva, ligada a Revolución Democrática. El contralor general, Jorge Bermúdez, indicó que esta medida permitirá recabar antecedentes y que la información se entregará al Ministerio Público. Sin embargo, algunos expertos expresan preocupación por el tiempo que llevará revisar todos los convenios y el impacto en otras fundaciones con recursos comprometidos. La Contraloría afirma que esta medida es preventiva y temporal.
La teleserie del caso Democracia Viva suma un nuevo capítulo. Tras todos los coletazos que se han generado tanto para el partido Revolución Democrática como para el gobierno del Presidente Gabriel Boric y el Frente Amplio, la Contraloría General de la República informó que ha instruido a sus equipos internos suspender la toma de razón de todos los convenios de transferencia a fundaciones que se encuentren siendo tramitados actualmente en la institución.
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Desde la Fiscalía Regional de Antofagasta se encuentran indagando los Convenios de Transferencia de Recursos firmados entre el Seremi de Vivienda de la zona de ese entonces, Carlos Contreras, y la fundación presidida por Daniel Andrade, expareja de la diputada Catalina Pérez. Todos ligados a Revolución Democrática, es por ello que desde la tienda suspendieron la militancia de la parlamentaria y expulsaron a los dos involucrados.
El contralor general de la República, Jorge Bermúdez, quien asistió a la Comisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos del Consejo Constitucional, indicó que la decisión no es inédita y que responde a poder tener más tiempo para recabar todos los antecedentes para analizar una toma de razón.
“Es una decisión tomada a nivel nacional, pero es respecto a los actos que se tramitan mediante la Contraloría, no podemos averiguar sobre tramitaciones que no pasaron por Contraloría”, complementó Bermúdez. Asimismo, indicó que todo antecedente recabado será entregado al Ministerio Público y que la medida solo va dirigida a organismos privados.
La decisión del ente contralor se da tras el conocimiento de la firma de convenios millonarios entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta -en ese entonces comandada por Carlos Contreras– y la Fundación Democracia Viva -presidida por Daniel Andrade, expareja de la diputada Catalina Pérez– por cerca de $420 millones. Los implicados eran militantes de Revolución Democrática a la hora de la firma, puesto que tras la revelación el partido comandando por el senador Juan Ignacio Latorre decidió expulsar a Andrade y Contreras, además de la suspensión a Pérez.
Por otro lado, el Ministerio Público anunció el día de ayer una indagatoria sobre eventuales traspasos entre la Seremi de Vivienda del Maule y la ONG Urbanismo Social. Al respecto, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, informó que el seremi del Maule, Rodrigo Hernández -también RD- fue inhabilitado de sus funciones.
Ambos casos son investigados por la Fiscalía de Antofagasta y el propio ministro Montes instruyó una indagación interna sobre este último caso para entregar los antecedentes al Ministerio Público.
El abogado Julio Palavicini, exjefe de la División Jurídica en la CGR, manifestó su preocupación ante la decisión de suspender la toma de razón de todos los convenios de transferencia a fundaciones que se encuentren siendo tramitados actualmente en la institución.
A su entender, en el contexto de lo que ha trascendido a través de la prensa tras las declaración del contralor Jorge Bermúdez, la Contraloría solo tiene dos opciones: o toma razón del acto o lo representa, y para lo cual tiene un plazo de 15 días según la Constitución vigente. “No tiene más opciones”, enfatizó, en conversación con El Mostrador, además de recalcar que la Contraloría no tendría las facultades para suspender una toma de razón en su totalidad. “No conozco precedente de que eso haya ocurrido”, reconoció.
El abogado Julio Palavicini reiteró que la medida tiene una buena intención, con miras a fiscalizar a las fundaciones. Sin embargo, el problema, afirmó, es que si uno lo mira desde la perspectiva de la fundaciones, estas no van a poder recibir recursos que la administración le entrega. A modo de ejemplo, Fundación Chile, la fundación para el Museo de la Memoria o la Fundación Integra, se verían afectadas. “Y no sabemos cómo van a seguir funcionando”, agregó. En ese sentido, sostuvo que se produce una situación de “incerteza jurídica”.
“Si se paraliza la toma de razón de las transferencias, fundaciones se van a quedar sin dinero, porque el efecto de suspender la toma de razón significa que la administración no puede transferir recursos. Ese es el problema”, explicó.
Según Palavicini, se pudo haber tomado una muestra aleatoria, pero representativa, para no tener que paralizar la totalidad del proceso. Aunque, pese a deslizar que se pudo haber tomado una medida “menos radical”, aclaró que “está perfecto que en la Contraloría velen por la probidad”. Eso sí, advirtió que una auditoria a la totalidad de los convenios podría tomar mínimos dos años.
Otros expertos también expresaron su preocupación a este medio por la cantidad de tiempo que podría tomar la revisión de los convenios y cómo esto podría impactar a otras fundaciones que tienen recursos comprometidos con el Estado.
Desde la Contraloría afirmaron a El Mostrador que “esta es una medida preventiva, temporal y que en ningún caso supone un tiempo prolongado de aplicación”.
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