PAÍS
La senadora apeló directamente a la ministra Carolina Tohá. “Exigimos una explicación pública y concreta del Ministerio del Interior y Seguridad Pública respecto de estos hechos, como asimismo, que se asuma la responsabilidad política de la autoridad. No permitiremos que acciones contrarias a los principios éticos en materias de derechos humanos y a la dignidad de las víctimas prevalezcan en nuestro país”, indicó Campillai. El exuniformado, apodado “el carnicero”, fue imputado por dejar ciego al entonces estudiante Gustavo Gatica en el marco de las movilizaciones del estallido social de 2019.
La senadora Fabiola Campillai denunció que una delegación presidencial encabezada por un funcionario del Partido Socialista (PS) contrató los servicios de una empresa ligada al excarabinero Claudio Crespo, acusado de cegar al estudiante Gustavo Gatica en el marco de las manifestaciones del estallido social de 2019.
La Delegación Presidencial Provincial de Maipo, liderada por el ingeniero Miguel Ángel Rojas, contrató por vía trato directo los servicios de la empresa de seguridad Full Clean S.A. propiedad de la familia de Claudio Crespo, quien actualmente se desempeña como gerente de operaciones en dicha empresa. La firma recibió $40 millones por nueve meses de servicio.
“Como personas comprometidas con la justicia y el respeto por los derechos humanos consideramos inaceptable que una institución gubernamental tenga tratos contractuales con empresas vinculadas a personas imputadas en causas de violaciones a los derechos humanos”, manifestó Campillai en un comunicado.
A la declaración adhieren múltiples personalidades, como la familia Gatica, los diputados Carmen Hertz, Boris Barrera, Lorena Pizarro, Ana María Gazmuri, Éricka Ñanco, los alcaldes Joel Olmos (La Cisterna) e Ítalo Bravo (Pudahuel), concejales, la exsubsecretaria de Derechos Humanos Haydee Oberreuter, el rector Álvaro Ramis (UAHC) y diversas agrupaciones de derechos humanos.
“La DPP Maipo desconocía que (Crespo) fuera parte del proceso judicial en relación a violaciones de derechos humanos del lamentable hecho sucedido en contra de Gustavo Gatica”, explicaron desde la delegación ante consultas del medio Interferencia.
El 21 de agosto del 2020, Crespo, también apodado “el carnicero”, fue formalizado por los delitos de apremios ilegítimos y lesiones graves gravísimas. En octubre del año pasado, la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la prisión preventiva contra Crespo, quien se mantiene en libertad desde aquel entonces.
En diciembre del 2022, el Tribunal Constitucional (TC) determinó rechazar el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por el excapitán de Carabineros. El exfuncionario policial buscaba la inaplicabilidad de la expresión de «apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes», lo cual fue rechazado por el tribunal.
“Lo señalado por la delegación provincial de Maipo, respecto al desconocimiento de estos hechos, no es excusa, ya que, tanto en la página de Mercado Público, como en los antecedentes presentados por la publicación de ‘Interferencia’, el nombre de Claudio Crespo se consigna como gerente de operaciones, por lo cual, resulta impresentable la decisión de haber contratado los servicios de esta empresa”, indicó la senadora Campillai ante la declaración de la DPP.
La senadora apeló directamente a la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD).
“Exigimos una explicación pública y concreta del Ministerio del Interior y Seguridad Pública respecto de estos hechos, como asimismo, que se asuma la responsabilidad política de la autoridad. No permitiremos que acciones contrarias a los principios éticos en materias de derechos humanos y a la dignidad de las víctimas prevalezcan en nuestro país”, indicó Campillai.
“Manifestamos nuestra profunda solidaridad con Gustavo Gatica y señalamos que acciones de este tipo representan un nuevo atentado a todas las víctimas del estallido social y son claras señales de impunidad por parte del Estado de Chile”, concluyó.
Según Interferencia, desde la entidad de gobierno indicaron que la contratación vía trato directo se dio por un tema de urgencia, ya que el edificio consistorial de la DPP había sido afectado por múltiples robos en 2022, motivando una Compra Ágil que terminó sin oferentes.
Por esto último, “se optó por efectuar un trato directo con la empresa cuya cotización fuera de menor valor, resguardando la eficiencia de los dineros públicos, la cual, en este caso, fue Full Clean S.A.”.
Además, agregaron que luego del contacto de esta redacción, el delegado presidencial Rojas se encontró “altamente sorprendido, dado que no conoce a la persona en cuestión (Crespo) y la relación de trabajo se establece a través de la unidad de Administración del edificio”.
