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Créditos: Agencia Uno
La Contraloría General de la República concluyó que en el Caso Vitacura existe responsabilidad del exalcalde Raúl Torrealba y otros 13 exfuncionarios por diversas irregularidades, como malversación de fondos y aceptación de dinero en efectivo. Si bien el exedil se encuentra ya en prisión preventiva por el avance de la vía judicial, la Contraloría también propone sanciónes para otros funcionarios y ex funcionarios involucrados.
Han pasado casi dos años desde que la Contraloría General de la Republica inició la investigación administrativa en la municipalidad de Vitacura por el caso de corrupción que envuelve al ex alcalde Raúl Torrealba y a otros 13 funcionarios y ex funcionarios. En la resolución, se determina “establecer la responsabilidad administrativa de Raúl Torrealba, exacalde de la Municipalidad de Vitacura, por hechos que contravienen gravemente el principio de probidad administrativa”.
En el documento, que dio a conocer El Mercurio, se puede ver que la resolución apunta a que el ex edil y ex RN incumplió diversas normativas para el control interno en el uso de recursos públicos. Actualmente Torrealba se encuentra en prisión preventiva luego de haber sido formalizado por fraude al fisco junto a otros exfuncionarios.
Pero la resolución de Contraloría va más allá y formula otros cargos además de la responsabilidad administrativa. A Torrealba se le formulan cargos por “recibir mensualmente, durante el periodo comprendido entre el mes de agosto del 2018 y diciembre de 2020, a través de la señora Antonia Larraín Prieto, directora de Desarrollo Comunitario (s) de la referida entidad edilicia, sobres con diversas sumas de dinero en efectivo (…), sin constar el ingreso de dichos fondos en arcas municipales”.
Larraín también aparece en el documento de la Contraloría e incluso se propone sancionarla con su destitución, a pesar de que ya no figura con un cargo en el municipio. Además, Larraín ya fue formalizada en el caso en la sede penal.
Otros involucrados que aparecen en la resolución es José Bucarey quien fue jefe de la Dirección de Administración y Finanzas; Gustavo Bravo, exdirector de la Secretaría Comunal de Planificación; Iris bustos, extesorera municipal y Nancy Ortiz, exsubdirectora de finanzas. Para todos esos personajes, la Contraloría propone su destitución.
