PAÍS
Víctor Huenante/AgenciaUno
En los pasillos del Consejo Constitucional se respira un ambiente espeso. Existen reuniones del oficialismo elaborando contrapropuestas a la derecha, conversaciones cruzadas para facilitar acuerdos, pero nada de eso está funcionando. La jornada de este martes contrasta con la del lunes, cuando las bancadas de derechas, encabezadas por los republicanos, aprobaron en comisiones enmiendas muy polémicas, que ni siquiera la Constitución original del 80 –elaborada en dictadura– contempló. Entre estas, figura aquella que establece que los bienes nacionales de uso público, como calles, plazas, el mar adyacente y su playas –que pertenecen a todos los chilenos– puedan ser concesionados, entregándole al titular “derecho de propiedad”.
Se siente un tenso ánimo en los pasillos del ex Congreso Nacional y en cada una de las salas hay reuniones intentando llegar a acuerdos. Reuniones entre Chile Vamos y Republicanos para acordar qué presentarles al oficialismo, reuniones del oficialismo elaborando contrapropuestas a la derecha, conversaciones cruzadas para facilitar acuerdos, pero nada de eso está funcionando. Las conversaciones están en punto muerto, tanto es así que tres de cuatro comisiones durante la jornada de este martes fueron suspendidas.
Las derechas se rehúsan a compartir el costo de la redacción del texto constitucional, mientras que el oficialismo se para firme en las normas elaboradas por la Comisión Experta y su única fortaleza, la unidad de sus 17 consejeros constitucionales.
Mientras este martes todo sigue en ascuas, este lunes pasó de todo. Y no es que hayan ocurrido muchas y diferentes cosas, sino que muchas de las enmiendas impulsadas por Republicanos y apoyadas por Chile Vamos fueron aprobadas en sus respectivas comisiones, incluyendo una de las más polémicas, por medio de la cual las bancadas de derechas buscan permitir que los bienes nacionales de uso público –es decir, aquellos que pertenecen a todas las personas, como calles, plazas, caminos, el mar adyacente y las playas– puedan ser concesionados y que la concesión le entregue al titular “derecho de propiedad”.
En el mismo sentido, se eliminó la excepción expresa que había en el anteproyecto, en orden a concesionar “hidrocarburos líquidos (petróleo) o gaseosos (gas natural)”. El consejero Arturo Phillips (UDI) señaló al respecto que en la Ley Orgánica Constitucional de concesiones lo anterior se prohíbe a nivel legal, como sucede con el caso del litio. No obstante, el experto socialista Flavio Quezada dijo que esta enmienda va en contra de “los intereses superiores del país, los intereses estratégicos” y que este es un “pacto político que fue respetado incluso por Pinochet”.
Pese a ello, tanto en este como en otros puntos las bancadas de las derechas, hicieron valer sus mayorías. Tal y como podría ocurrir cuando comiencen las votaciones en el Pleno proyectadas hacia la tercera semana de septiembre, puesto que, siendo 33 consejeros de derecha de 50 en total, estos pueden aprobar cualquier norma sin votos de la izquierda y fue así como durante la jornada de ayer se aprobaron distintas normas relevantes en el texto constitucional, afines a ese sector.
Un ejemplo de lo aprobado en comisión fue la norma referida a migración, que mandata que “los extranjeros que ingresen al territorio nacional de forma clandestina o por pasos no habilitados serán expulsados en el menor tiempo posible”. Desde el oficialismo apuntan al incumplimiento de tratados de Derechos Humanos o el irrespeto al debido proceso, pero Luis Silva (PRep) indicó que la norma aprobada “no cambiaría lo que hoy regula la ley”. En el mismo tema, la bancada republicana retiró la enmienda que convertía en apátridas a “hijos de extranjeros que han ingresado irregularmente al país”. Frente a la pregunta de a qué se debía la bajada de esta enmienda, Silva se limitó a decir que fue porque “se aprobó otra enmienda que engloba este problema”.
El Mostrador hizo las consultas a consejeros de diversos sectores, que desmintieron esta versión, por lo cual, de ser aprobado el texto constitucional, los hijos de extranjeros que ingresen irregularmente al país tendrán la nacionalidad chilena por derecho propio.
También se aprobaron varios artículos referidos al terrorismo, pero uno que causó molestia en el oficialismo fue aquel que declara inconstitucionales (previa solicitud al Tribunal Constitucional) a las organizaciones de las que sea parte un condenado por terrorismo, aunque no aclara si las organizaciones deben tener participación en los actos terroristas para ser inconstitucionales. En esta línea, el consejero Yerko Ljubetic (CS) apuntó en la comisión que la enmienda “pudiera abarcar a personas o a agrupaciones que no estén directamente involucradas en delitos de esta gravedad (terrorismo)”.
En la Comisión de Sistema Político también saltaron las alarmas desde el oficialismo, ya que ahora las personas que sean declaradas culpables de una acusación constitucional podrán ser candidatas a elecciones populares. Este es un cambio importante respecto de la legislación actual y lo que indica el anteproyecto.
Sin embargo, ahora los acusados podrían ser candidatos a cualquier cargo de elección popular o a otros cargos públicos, ya que ahora lo que se establece es que quien fuere sancionado por esta vía “no podrá desempeñarse en el mismo cargo o en cargos de exclusiva confianza del Presidente de la República por el término de 5 años”. En otras palabras, esa persona puede ser electa o, bien, desarrollar funciones públicas que no sean de exclusiva confianza del Presidente.
En la misma comisión también se eliminó la pérdida del escaño por expulsión de su partido a algún diputado o senador. Esta norma, según los miembros de la Comisión Experta, ayudaba a la disciplina partidaria, pero desde la derecha indicaron que optaron por suprimir esta sanción porque “da mucho poder a la directiva (del partido)”, en palabras de Gloria Hutt (Evópoli).
Otro aspecto crítico aprobado ayer fue la “libertad de conciencia institucional”, que podría llevar a que las instituciones se puedan negar a ejecutar actos o conductas que sean contrarios a sus valores, incluyendo normativas o leyes. En palabras de la consejera María Pardo (CS), esta norma “podría llevarnos a absurdos muy grandes, como que una empresa se oponga a cumplir una ley tributaria porque va en contra de sus convicciones. El alcance de esta norma puede ser devastador”.
Otra victoria de las derechas es la creación de un capítulo nuevo, el primero aprobado por el Consejo Constitucional, que se titula “Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas” y que busca “garantizar el acceso a la justicia de conformidad a los derechos, las garantías de acceso a la justicia e igualdad ante la ley” y que, además, “procurará poner a las personas en conocimiento de sus derechos, así como de los medios para ejercerlos, promoviendo para ello la utilización del arbitraje, la mediación y otros medios alternativos de resolución de conflictos”.
Este servicio estaba contemplado en el anteproyecto elaborado por la Comisión Experta, pero los consejeros de derechas terminaron convirtiéndolo en un capítulo. Consejeros oficialistas se abstuvieron de su aprobación, por la existencia de una unidad especializada que le dará especial tratamiento a las víctimas de delitos terroristas, de trata de personas y narcotráfico. El oficialismo solicitó la votación separada de este inciso, para aprobar el resto el articulado, pero los autores de la enmienda (todos de derechas) no acogieron la petición y, por esto, terminaron votando abstención en este capítulo.
