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Crédito: Agencia Uno
La exención de contribuciones para la primera vivienda, la “libertad de elección” en salud, pensiones y educación, y la limitación al derecho a huelga. Esas fueron las principales normas impulsadas por los consejeros del Partido Republicano y que fueron aprobadas esta jornada por el Pleno del Consejo Constitucional. Todas estas no fueron respaldadas por consejeros de izquierda, pero como son minoría en la sala, resultaron finalmente aprobadas. La que estuvo en duda hasta último minuto fue la de la exención de contribuciones, pero un voto favorable del consejero de RN Germán Becker hizo que se aprobara.
Los consejeros del Partido Republicano lograron imponer en el Pleno del Consejo Constitucional cuatro enmiendas, incluida la más popular de ellas –o populista, según expertos– y que hasta último minuto corrió el riesgo de que se cayera: la exención del pago de contribuciones a la primera vivienda.
De hecho, en este último punto se dio la mayor controversia, porque había cuatro votos de derecha que estaban en duda. Se trataba de Edmundo Eluchans (UDI), Lorena Gallardo (RN), Gloria Hutt (Evópoli) y Germán Becker (RN). Antes de la votación, incluso, el experto constitucional de Evópoli, Sebastián Soto, advirtió que “el plebiscito de diciembre no se va a ganar por medio de estas normas discutibles (exención de contribuciones)”, agregando posteriormente que la norma es cuestionable “en lo constitucional, en lo técnico y en lo político”.
Dicha norma alcanzó justo los 30 votos, pese a las abstenciones de Eluchans, Gallardo y Hutt. Esto, porque Becker votó a favor de la medida, que fue aprobada así: el “inmueble destinado a la vivienda principal del propietario y de su familia estará exento de toda contribución e impuesto territorial. La ley determinará la forma de hacer efectivo este derecho”.
Los consejeros republicanos lograron la aprobación de una completa “libertad de elección” en educación, pensiones y salud.
En salud, la iniciativa no contó con votos de la izquierda, ya que acusan que esta norma “constitucionaliza a las isapres”. “Es deber preferente del Estado garantizar para todas las personas la ejecución de las acciones de salud, a través de instituciones estatales y privadas, en la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea este estatal o privado”, dice el Artículo 16, numeral 21, letra b.
Lo mismo ocurrió en educación, ya que también fue aprobada “la libertad de elección” para que los padres tengan el derecho “preferente y el deber de educar” y de “determinar preferentemente su interés superior”, entre otros.
“Las familias, a través de los padres o en su caso de los tutores legales, tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos o pupilos, de elegir el tipo de educación y su establecimiento de enseñanza, así como a determinar preferentemente su interés superior. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho”, dice la enmienda aprobada.
Finalmente, en pensiones, también fue aprobada la “libertad de elección”, sin votos de las izquierdas que acusan que esta norma “constitucionaliza a las AFP”.
“Cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones previsionales para la vejez y los ahorros generados por estas, y tendrá el derecho a elegir libremente la institución, estatal o privada, que los administre e invierta. En ningún caso podrán ser expropiados o apropiados por el Estado a través de mecanismo alguno”, dice la norma aprobada.
Durante el debate, fue el delegado de los republicanos, Luis Silva, quien transparentó el punto que justifica la ardua pelea entre ambos bloques por el tema de la libertad de elección en los derechos sociales.
“Muchos en esta sala querían el monopolio estatal, que solo el Estado provea de salud, educación, que se haga cargo de las pensiones de las personas. Precisamente por eso limitamos al legislador, porque podía llevarnos al monopolio estatal”, reconoció el consejero Silva.
Otro artículo aprobado por el Pleno fue el que tiene que ver con huelga y libertad sindical, una línea roja para el oficialismo, ya que la izquierda defendía que esto debía quedar como un derecho fundamental y sin limitaciones. Sin embargo, la derecha quería dejarlo circunscrito a la negociación colectiva.
Finalmente, la norma fue aprobada de la siguiente manera: “La libertad sindical. Esta comprende el derecho a la sindicalización y a la huelga ejercida dentro del marco de la negociación colectiva”.
Se aprueba la limitación del derecho a huelga a la negociación colectiva por el Pleno del #ConsejoConstitucional. La propuesta de la #ComisiónExperta, lo dejaba a la ley. #ProcesoConstitucional pic.twitter.com/m0e6lyRlQM
— Danilo Herrera (@daniloherrerad) September 21, 2023
