PAÍS
Desde Tenemos que Hablar de Chile, plataforma colaborativa de participación y diálogo ciudadano, se analizaron los principales avances en materia de participación del proceso constitucional
La Comisión Mixta estuvo compuesta por 7 representantes de derecha y 5 de izquierda, en proporción al número de escaños en el consejo. Para aprobar una propuesta de norma se requerían siete votos a favor, por lo que la llave estuvo en manos de Republicanos y Chile Vamos.
Desde el progresismo manifestaron su preocupación por algunas normas: “respecto de la objeción de conciencia institucional, la mayoría de los países no la reconocen y logran el mismo objetivo, aceptando que todas las personas que integran esa agrupación, que tiene un determinado ideario, ejerzan su objeción de conciencia individual. Por lo tanto, también se puede responder a la preocupación que se señala y que se trata aquí”, declaró Verónica Undurraga (PPD).
Por su parte, María Pardo (CS) indica que “hay evidentemente un problema relativo a la migración del que nos podemos hacer cargo, pero con una redacción seria (…). Nos parece que la redacción en la que se está insistiendo causa más problemas que soluciones, y que se opone a los estándares mínimos de Derecho Internacional en la materia”.
Luego se pasó a la votación: Una de las normas en las que se centró la discusión y que fue aprobada por la Comisión Mixta fue la exención del pago de contribuciones para la vivienda principal del propietario, aprobada con 7 votos a favor y 5 en contra. Entraría en vigor en 2026 de forma progresiva.
También fue aprobada, con mayoría de los integrantes de Chile Vamos y Republicanos, la expulsión inmediata o en el menor tiempo posible de los extranjeros que ingresen al país de manera ilegal, dejando a la ley definir el procedimiento y forma. No obstante, se precisó que se respetarán sus derechos.
La Comisión Mixta también zanjó la discusión sobre objeción de conciencia personal e institucional, la cual se ejercerá “de acuerdo a la ley”, sin hacer mención explícita a la objeción de conciencia institucional.
Sobre la causal de “grave amenaza terrorista” para decretar estado de sitio, se sustituyó por la expresión “actos terroristas”; Sobre paridad, la ley “asegurará el acceso equilibrado” de mujeres y hombres a las candidaturas a cargos de elección popular; en Educación se estableció que el Estado debe “financiar y coordinar” un sistema gratuito y “garantizar financiamiento por estudiante en establecimientos estatales y privados”.
Ahora que ya hay un texto final, sólo queda un último paso: el próximo lunes 30 de octubre el pleno del Consejo votará el texto íntegro y deberá ser aprobado por ⅗ para luego ser despachado y que el Presidente convoque a plebiscito nacional el 17 de diciembre.
