PAÍS
Entre ellos se cuentan sujetos implicados en el crimen de Víctor Jara, en la matanza de campesinos de Paine y en los secuestros y homicidios de calle conferencia, entre otros delitos.
El Estudio Jurídico Caucoto Abogados dio a conocer un nuevo listado actualizado con 14 exuniformados prófugos de la justicia condenados por diversos delitos de lesa humanidad. Entre ellos se encuentran exagentes involucrados en casos como el crimen de Víctor Jara y Littré Quiroga, en la ejecución de 38 campesinos en el Caso Paine y en el asesinato del diplomático español Carmelo Soria, entre otras investigaciones.
El listado está compuesto por ex militares, carabineros, ex funcionarios de la Armada, y civiles integrantes de aparatos represores de la dictadura como la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), la Central Nacional de Inteligencia (CNI) e inteligencia naval, acusados como autores y coautores de secuestro calificado, homicidio calificado, asociación ilícita y aplicación de tormentos, entre otros delitos.
Se trata de los siguientes exuniformados:
-Jorge Octavio Vargas Bories (oficial de Ejército en retiro y funcionario de la CNI), sentenciado como coautor del asesinato de Federico Álvarez Santibáñez a 10 años y un día.
-Rubén Aroldo Morales López (oficial de Carabineros en retiro), condenado a 10 años y un día de presidio mayor como autor del homicidio calificado de Jorge Vásquez Matamala.
-Luis Enrique Barrueto Bartning (empresario), condenado a 10 años y un día como coautor de siete secuestros calificados (desapariciones forzadas) perpetrados en la comuna de Santa Bárbara.
Además, en el listado hay cuatro condenados en el episodio Conferencia II:
-Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda (oficial de Ejército en retiro, DINA), José Miguel Meza Serrano (funcionario de la Armada en retiro, DINA),
Eduardo Alejandro Oyarce Riquelme (suboficial de Ejército en retiro, DINA), todos sentenciados como coautores de los delitos de secuestro calificado de Fernando Navarro Allendes y Héctor Véliz Ramírez, a la pena de 12 años de presidio cada uno, y de los delitos de secuestro simple de Juan Fernando Ortiz Letelier, Horacio Cepeda Marinkovic y Lincoyán Berríos, por lo que fueron condenados a tres años de presidio respectivamente.
-Víctor Álvarez Droguett (funcionario del Ejército en retiro, DINA), condenado como coautor de los delitos de homicidio calificado de Juan Fernando Ortiz Letelier, Horacio Cepeda Marinkovic y Lincoyán Yalú Berríos Cataldo, a la pena de 15 años y 1 día de presidio mayor en su grado máximo; condenado como coautor de los delitos de secuestro calificado en las personas de Fernando Alfredo Navarro Allendes y de Héctor Véliz Ramírez, a la pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio; condenado como autor de los delitos de secuestro simple en las personas de Juan Fernando Ortiz Letelier, Horacio Cepeda Marinkovic y Lincoyán Yalú Berríos Cataldo, a la pena de 3 años de presidio menor en su grado medio y también condenado a 10 años de presidio por el secuestro calificado de Marta Ugarte Román.
-Alberto Roque del Sagrado Corazón Badilla Grillo (oficial de la Armada en retiro), sentenciado como autor del delito de homicidio calificado y aplicación de tormentos contra Enrique López Olmedo, a las penas de 12 años y 541 días respectivamente.
-Juan Dionisio Opazo Vera (exconscripto) sentenciado como coautor de 38 homicidios calificados a la pena de 10 años y un día, en el Caso Paine, Episodio Principal.
-Nelson Edgardo Hasse Mazzei y Juan Renán Jara Quintana (oficiales del Ejército en retiro), condenados como coautores de los secuestros calificados y homicidios
calificados de Víctor Jara Martínez y Littré Quiroga Carvajal. Se les impuso una pena de 10 años y un día por los secuestros y de 15 años de presidio por los homicidios.
-Guillermo Salinas Torres, Pablo Belmar Labbé y René Patricio Quilhot Palma (oficiales de Ejército en retiro y funcionarios de la DINA), condenados como coautores del homicidio calificado de Carmelo Soria Espinoza y autores de asociación ilícita. Por el primer cargo se impuso una pena de 15 años y un día a Salinas Torres, y de 10 años y un día a los dos restantes. Por el delito de asociación ilícita se impuso a todos la pena de 541 días de presidio.
“Una falta grave a los deberes estatales”
Para el abogado Francisco Bustos, lo ocurrido con ellos es una situación preocupante, que debería ser una prioridad para las autoridades, aseverando que “los Estados tienen el deber de investigar, juzgar y sancionar delitos de lesa humanidad”, agregando que “este deber no se agota con la mera dictación de un fallo condenatorio. Estas sentencias deben cumplirse y, en ese sentido, que existan prófugos por cualquier delito, y especialmente 14 prófugos por crímenes de lesa humanidad, representa una falta grave a los deberes estatales”.
En este sentido, indica que “la judicatura y los querellantes en procesos por delitos de lesa humanidad deben extremar las medidas, incluyendo imposición de cautelares, a fin de evitar esta forma de impunidad”, agregando que al mismo tiempo los prófugos desafían a los tribunales de justicia, a Carabineros y a la Policía de Investigaciones.
