PAÍS
El canciller chileno y el embajador argentino firmaron un tratado que busca agilizar procedimientos, eliminar requisitos burocráticos y permitir la extradición directa. En este contexto, cobra relevancia la situación del exfrentista y refugiado político en el país trasandino Galvarino Apablaza.
El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, y el embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa, firmaron hoy, en la Cancillería, un Tratado Bilateral de Extradición, el primero que suscriben ambos países en esta materia.
A la fecha, y pese a que Argentina representa anualmente alrededor de un 40% de las solicitudes de extradición enviadas y recibidas por Chile, aún se utiliza la Convención de Montevideo sobre Extradición, adoptada en 1933.
“Este tratado es un testimonio del compromiso y la colaboración entre nuestras naciones, reflejando las realidades de nuestras propias normativas que guardan altas similitudes”, afirmó el canciller durante la ceremonia de firma. “No solo marca un logro significativo en nuestra relación bilateral, sino que también demuestra el excelente estado de la cooperación jurídica entre nuestros países. Refleja nuestro anhelo común de combatir juntos las diversas formas de criminalidad, así como profundizar y agilizar nuestra colaboración en beneficio de ambas naciones”, agregó.
En líneas generales, el nuevo texto, que deberá ser aprobado por los Congresos de ambos países para su entrada en vigor, servirá de guía para las autoridades judiciales que requieran una extradición activa dirigida al otro Estado, ya que recoge los estándares normativos de ambos países, permitiendo preparar de manera más informada los pedidos de extradición, lo que hará más expeditos los procedimientos que se inicien en uno u otro país.
Con este tratado se terminará con el requisito de legalización y apostilla; se reconocerá la posibilidad de llevar a cabo un procedimiento abreviado de extradición; se establecerá la posibilidad de entregar temporalmente a los extraditables, y se permitirá la transmisión directa de peticiones de extradición entre las autoridades centrales designadas por ambos Estados.
“Esperamos que este tratado sea un paso más hacia una colaboración más robusta y más fructífera entre ambos países”, concluyó el canciller.
Previo a la firma del tratado, el canciller sostuvo una audiencia de despedida con el embajador Bielsa, quien culmina su misión en el país. En el encuentro, abordaron los principales aspectos de la relación bilateral, y el ministro agradeció la labor realizada para fortalecer los vínculos entre Chile y Argentina.
El Gobierno abordó los comentarios del embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera Gallo, respecto a la solicitud de extradición del exfrentista Galvarino Apablaza, indicando que es un asunto que también concierne a Argentina. Tanto el ministro de Justicia, Luis Cordero, como la vocera de La Moneda, Camila Vallejo, afirmaron esto ante los reclamos de la UDI.
La UDI y la Fundación Jaime Guzmán ha reactivado la presión para que se concrete el retorno del “comandante Salvador” a Chile, sobre todo tras la elección de Javier Milei como nuevo presidente en Argentina.
Galvarino Apablaza es un exguerrillero chileno y uno de los fundadores del FPMR (Frente Patriótico Manuel Rodríguez). Llegó a ser el líder de dicha organización desde 1988 hasta el 2001. Como tal, es sindicado como el autor intelectual del homicidio del senador y fundador de la UDI, Jaime Guzmán Errázuriz, ocurrido el 1 de abril de 1991, y del secuestro de Cristián Edwards, a mediados del mismo año. Tras la solicitud de extradición desde Chile, la exmandataria de Argentina Cristina Fernández le otorgó la calidad de refugiado político, por lo que se negó la petición de la justicia chilena.
El embajador chileno en Buenos Aires, José Antonio Viera Gallo, reconoció hace unos días que “es una tarea que tiene el Gobierno de Chile porque tenemos que hacer cumplir la sentencia de la Corte Suprema”.
El ministro Cordero señaló que “la posición del Estado de Chile es que las resoluciones judiciales, las solicitudes de extradición o las sentencias judiciales se cumplen”. En tanto, la vocera de La Moneda, la ministra Vallejo, destacó que “el Gobierno, a través de su embajador que representa al Estado de Chile en esta materia, ha hecho todas las gestiones y seguirá haciendo todas las gestiones, como lo señaló el propio embajador Viera Gallo”.
“De todas maneras hay que considerar que este tipo de extradiciones no dependen sólo del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Chile. También dependen de la respuesta del otro país, en este caso de Argentina, y además de otro poder del Estado en Chile, que es el Poder Judicial”, enfatizó la titular de la Segegob y militante del Partido Comunista (PC).
“Se van a seguir haciendo las gestiones por parte de nuestra Cancillería y el embajador en cuestión. El resultado de esas gestiones también involucran al Poder Judicial en Chile, que es un poder autónomo y también involucran, evidentemente a el Gobierno argentino”, concluyó.
