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Analistas consideran cómo el proyecto constitucional podría afectar la eficiencia del Estado

Aseguran que la propuesta constitucional podría mermar la descentralización, representatividad y derechos humanos, planteando preocupaciones sobre el poder municipal, la reducción de diputados y las implicaciones abusivas en detenciones y gestión de excepciones.


En una nueva entrega de la serie de conversaciones “Café Constitucional“, producida por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAHC), se abordó el impacto del proyecto constitucional en el ámbito político y la eficiencia estatal en aspectos cruciales como la descentralización y la representatividad legislativa.

En este episodio, María Elena Villagrán, abogada y Secretaria General de la UAHC, junto a Catalina Moya, directora de la Escuela de Ciencia Política, Gobierno y Gestión Pública, dialogaron con el rector de la institución, Álvaro Ramis.

Ramis planteó cómo a través de las medidas propuestas de redistribución de ingresos a partir de impuestos y contribuciones se mermaría el poder de los municipios y gobiernos regionales.

La profesora Moya consideró que esta reducción de la influencia del aparato de gobierno agudizaría problemáticas que actualmente marcan la principal batalla social del ejecutivo.

Asimismo, la rebaja en el número de diputados -de 155 a 138- que propone el texto en construcción afectaría también el proyecto descentralizador mayor al disminuir la representatividad de la población en el ejecutivo, especialmente para quienes viven en regiones, complementó Villagrán.

Ambas académicas señalaron que la aprobación de este proyecto constitucional también limitaría las facultades del presidente al transformar al Tribunal Constitucional en una tercera cámara, lo que ralentizaría algunos procesos legislativos que han avanzado en materia local y regional.

Ante las posibilidades que se que abren para nuevos estados de excepción y su radical influencia en los derechos humanos de las personas, el espacio de conversación planteó que es importante evaluar cómo proteger los derechos básicos de manifestación de todos los chilenos y chilenas. Especialmente, sus derechos humanos ante, por ejemplo, la posibilidad de detención en lugares no establecidos para ello y otras formas de gestión abusivas que registra el proyecto de nuevo texto constitucional.

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