PAÍS
En menos de seis meses, en la Región de Antofagasta han sido decomisadas trece toneladas de drogas y, ayer, se realizó allí el mayor decomiso de fentanilo de que se tenga registro en el país.
–Aló, dime –se escucha decir a una mujer, en un llamado telefónico interceptado por el OS-7 de Carabineros en Calama, el año 2021.
–Oye –responde un hombre.
–¿Qué pasó?
–Vine, poh.
–Ya.
–Me dice que le llegaron tres kilos, pero de… –argumenta el sujeto.
–Oye, no me hablís por allí. Háblame por WhatsApp, ¡siempre te digo lo mismo! –le reclamaba la mujer, integrante de un peculiar clan de narcotraficantes de la provincia de El Loa que acaba de ser condenado por tráfico de drogas, lavado de activos y asociación ilícita, como explica el Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios.
El grupo narco, detalla el persecutor, era muy especial por varias características. La primera de ellas es que quienes lo encabezaban eran dos mujeres, conocidas como “Las Tías”. Además de ello, a diferencia del grupo narco tradicional, esta organización, que empezó a ser indagada en 2020, de algún modo anticipó lo que comenzaría a verse en medio de la pandemia, principalmente por parte de agrupaciones delictivas extranjeras: la apropiación de viviendas ajenas para traficar drogas.
En efecto, detalla Castro, los “soldados” que estaban al servicio de “Las Tías” se tomaron dos inmuebles en la calle Manuel Rodríguez, en Calama, donde acopiaban y distribuían las drogas, fundamentalmente pasta base de cocaína, aprovechando que en ambos casos los propietarios habían fallecido y las casas estaban abandonadas. Como ambos inmuebles eran constantemente allanados por parte de Carabineros, el trabajo de uno de los integrantes de “Las Tías” consistía en reparar puertas, ventanas y pisos cada vez que alguna de las casas era objeto de un raid policial, además de ir reforzándolos. Durante los últimos operativos en el sector, ambos inmuebles eran verdaderas fortalezas, reforzadas por rejas y placas de fierro por todos lados.
Amén de aquello, los investigadores detectaron el que quizá sea el primer caso de narcodelivery en Chile, pues las escuchas telefónicas permitieron determinar que, además de la venta al menudeo, “Las Tías” contaban con reparto de drogas a domicilio, por medio de un mando medio que iba a cualquier parte a dejar droga, en auto.
El fiscal Castro explica, además, que el clan contaba “con un sistema de turnos que permitía la venta permanente desde allí, las 24 horas del día y los 365 días del año, lo que permitía un flujo de compradores permanente y, por lo tanto, un ingreso de dinero de carácter permanente”.
Para la forma de distribución y la cadena de mando dentro del grupo, el persecutor detalla que “empezamos a indagar la arista patrimonial”, descubriendo de ese modo una serie de cuentas bancarias donde se depositaba dinero producto de las ventas diarias, que en algunas ocasiones –solo en lo que dice relación con la comercialización de papelillos a los adictos del sector– podía entregar cerca de 1 millón de pesos al día.
En el veredicto que emitió hace pocos días el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Calama se determinó que, además de declaraciones falsas de impuestos, en las cuales “Las Tías” decían tener ingresos que no contaban con respaldo ni se condicen con lo que tenían en cuentas bancarias y tarjetas de crédito, también utilizaban la técnica llamada “pitufeo”, es decir, el fraccionamiento del dinero obtenido en forma ilícita en muchas cuentas distintas, de diversos miembros de la organización.
El próximo 24 de junio se conocerán las sentencias en contra de la docena de integrantes de la organización que comandaban Jenny Naranjo Vega y Denisse Gioconda González Sepúlveda, pero el veredicto de culpabilidad da a entender que estas no serán leves, especialmente para las cabecillas, pues –según los jueces del TOP– se acreditó sin dudas que todos estaban concertados para la venta de pasta base de cocaína, “estando al mando de la asociación las acusadas Naranjo Vega y González Sepúlveda”, agregando que estas “tomaban decisiones sobre los turnos, las personas y la mantención de las casas de venta; además de repartir órdenes, con firmeza e incluso bajo amenazas, a los mandos medios de la organización”.
La investigación del caso de “Las Tías” y sus ganancias dan cuenta de la forma en que operan los grupos narco en la Región de Antofagasta, donde solo este año se han realizado ya dos grandes operativos, que culminaron con la desarticulación de un grupo de criminales pertenecientes al Tren de Aragua y otro ligado a una estructura formada por colombianos que, en su país, habían estado vinculados a orgánicas paramilitares.
Igual que “Las Tías”, estas organizaciones criminales estaban radicadas en sectores poblacionales, donde se habían adueñado de mediaguas y ejercían el control territorial, evidenciando una dura realidad que se vive en muchas partes de Chile, pero que en el norte se maximiza, debido al gran flujo de drogas que se está viendo y que, este año, ha generado a la fecha incautaciones de un nivel nunca antes visto: mientras en todo 2022 la PDI decomisó 31 toneladas de drogas en todo el país, solo este año, en los decomisos efectuados en la Región de Antofagasta por esa policía y Carabineros, ya van 13 toneladas de distintas drogas.
La principal es la marihuana, proveniente de organizaciones criminales bolivianas, peruanas y colombianas, pero también hay clorhidrato y pasta base de cocaína, así como drogas de síntesis y, a ello, se suma –como informó este martes El Mostrador– la mayor incautación de fentanilo jamás realizada en Chile.
A ese respecto, Castro señala que la región “es una especie de hub delictual donde confluyen distintos tipos de delitos y eso está dado por distintos factores”.
El primero de ellos, indica, es su ubicación, la extensa frontera que posee con Bolivia y la forma de la región, pues destaca que es la más ancha del país, pero donde el último gran centro poblado (Calama) está al medio de ella y que, después de San Pedro de Atacama, salvo un par de unidades fronterizas de Carabineros, “no hay más presencia del Estado”, por lo cual estima que la instalación de una Fiscalía en la última comuna sería ideal para tratar de combatir no solo “el tráfico de drogas, sino también la trata de personas y el tráfico de inmigrantes, así como el tráfico de armas y la problemática de los vehículos robados”, ítem que se agudiza justamente por la práctica de cambiar autos (que luego son internados en forma ilegal a Bolivia) por droga, debido a lo cual una buena parte de los vehículos robados en todo Chile terminan en esa frontera, pues el fiscal señala que “el 47% de los vehículos que se incautan en la Región de Antofagasta es de otras regiones”.
Otro factor que favorece la llegada de grandes volúmenes de droga tiene que ver con la presencia de organizaciones criminales enquistadas en los campamentos, sobre todo de Antofagasta, que son de difícil acceso y donde los grupos criminales ejercen el control territorial absoluto, generando “campamentos tipo favela” que son capaces de mover cantidades importantes de droga y que no dudan en usar la violencia para cumplir sus objetivos.
Frente a todo eso, argumenta el persecutor, “hay una multiplicidad de factores que se conjugan para que en la Región de Antofagasta se vayan generando todo este tipo de problemáticas criminales. Si bien el Ministerio Público puede hacerse cargo de algunas de estas cuestiones, aquellas vinculadas a la persecución penal, es evidente que aquí lo que se necesita es una intervención de todos los organismos del Estado en su conjunto, para poder hacerse cargo del fenómeno de la criminalidad en Antofagasta e incluso va más allá, pues es necesario el trabajo en términos de cooperación internacional efectiva, porque sería muy ingenuo pensar que Chile puede enfrentar de manera individual el crimen organizado que, al día de hoy, funciona de manera transnacional”.
