
Se reactiva caso ProCultura: allanan domicilio de Alberto Larraín y encuentran computador perdido
Entre los allanamientos se encontró el servidor de la fundación, que hasta ayer se daba por perdido por parte de la entidad. Citados a declarar, tanto Larraín como María Constanza Gómez decidieron guardar silencio. Esto se en medio de la renuncia de su abogada defensora informada ayer [ACTUALIZADA].
Después de meses sin movimientos en la arista principal del caso Fundaciones, esta mañana la Fiscalía informó que 14 domicilios fueron allanados por la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI) durante el día miércoles en Santiago y Concepción, esto por las investigaciones realizadas en el marco del caso Convenios. Entre las viviendas pesquisadas están los domicilios de Alberto Larraín, cofundador de Fundación Procultura, y María Constanza Gómez, representante legal de la fundación
Entre los hallazgos de la PDI está el servidor de la ONG, el cual no había sido encontrado en las solicitudes hechas con anterioridad a la fundación por el equipo investigador. Además se encontraron CPUs, notebooks, laptop, discos duros externos, tablet, teléfonos celulares, pendrives, chip telefónicos y documentación de interés para el desarrollo de la causa, informó la PDI. Algunos de los artefactos electrónicos fueron dados por perdidos por la ONG.
Similar caso al que se enfrentó toda la cúpula de la fundación, dado que los allanamientos ―realizados en 9 comunas de la RM, más dos en Concepción― apuntaron a sus directores, jefes de unidades, contadores y personal operativo, como informó el Ministerio Público.
Las peticiones para realizar la pesquisa, dirigida por el fiscal regional de Coquimbo y encargado de las investigaciones del caso Convenios Patricio Cooper, fueron emitidas hace semanas. No obstante se esperó la disponibilidad de los agentes necesarios para que los allanamientos fueran simultáneos, con el fin de que los investigados no se les dejara sobre aviso.
Tanto a Larraín como a Gómez se les solicitó declarar en el caso durante el día de ayer. Algo a lo que ambos se negaron, acogiéndose a su derecho a guardar silencio.
Esto último ocurre un día después de que se conociera que Susana Borzutzky, abogada de Procultura, renunciara a la defensa de la institución y sus dos principales controladores, debido a diferencias con sus representados sobre cómo llevar adelante su defensa.
“Confirmamos que hemos renunciado a la representación de ProCultura debido a diferentes visiones con los clientes sobre la estrategia legal a seguir en la causa. De esta manera, hemos decido renunciar a las defensas de ProCultura; su director ejecutivo, Alberto Larraín, y su representante legal, María Constanza Gómez”, señalaron desde Barruel y Borzutzky Abogados.
La renuncia sucedió con posterioridad a las declaraciones de la socióloga y exprimera dama, Irina Karamanos, en donde negó la existencia de 5 abonos a la fundación que llevaban su nombre, abonos que fueron detectados por la Brigada Anticorrupción y expuestos en un informe pericial del Laboratorio de Criminalística, tal y como fue adelantado por El Mostrador,
Tras el comunicado que realizó Karamanos durante la madrugada del 3 de octubre, en donde negó “categóricamente haber abonado monto alguna a la Fundación Procultura”, Borzutzky consignó durante la tarde de ese mismo día que dichos abonos efectivamente se realizaron, a modo de “devolución” de dineros.
“Todos los pagos se realizaron conforme al convenio, el cual se rindió y cerró oportunamente. Al momento en que el Presidente Boric salió electo y ella asumió como primera dama, de manera transparente realizó devoluciones de fondos para evitar cualquier tipo de cuestionamiento“, señaló el pasado jueves.