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Foto: AgenciaUNO
La salida del exembajador de Chile en Francia, José Miguel Capdevila, ha reavivado el debate sobre el manejo de denuncias de acoso laboral en la Cancillería. Para la asociación de diplomáticos “es urgente trabajar en la existencia de un debido proceso con criterios claros en los sumarios”.
La salida del exembajador de Chile en Francia, José Miguel Capdevila, desató un intenso debate sobre el manejo de denuncias por acoso laboral dentro del Servicio Exterior de Chile. En medio de acusaciones cruzadas entre Capdevila y el Gobierno del Presidente Boric, la Asociación de Diplomáticos y Diplomáticas de Carrera (Adica) expresó su preocupación por la reglamentación para abordar estos casos.
El exembajador Capdevila, quien recientemente interpuso una demanda de tutela laboral contra el Fisco de Chile por $240 millones, argumentó que su carrera fue “destruida” tras una denuncia por maltrato laboral. En una carta publicada en El Mercurio, acusó al Gobierno de haberlo apartado injustamente. No obstante, desde Cancillería se afirmó que su remoción se debió a una pérdida de confianza, no a la denuncia en su contra.
Ante esta situación, Adica acusó enérgicamente una falta de protección para las víctimas de abuso y maltrato laboral en la Cancillería. “La reglamentación para sancionar este tipo de casos es deficiente, las denuncias muchas veces son desestimadas, e incluso, en algunos casos, concluyen con el traslado de la víctima y no del victimario”, denunciaron en un comunicado.
La asociación también criticó el temor a la revictimización, el escarnio público y el desprestigio que enfrentan las víctimas al exponer sus casos. Además, señalaron con preocupación las faltas a la probidad y ética diplomática, como la filtración de información reservada a los medios y comentarios inapropiados sobre otras misiones diplomáticas, acciones que, según Adica, socavan la confianza en la diplomacia como profesión.
El conflicto pone en tela de juicio el cumplimiento de la recientemente publicada Ley Karin, que obliga al Estado a prevenir el acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo. Adica acusó que, en lugar de un trato digno, quienes denuncian enfrentan procesos con falta de claridad y uniformidad, además de dilaciones injustificadas.
“Es urgente trabajar en la existencia de un debido proceso con criterios claros en los sumarios, tanto para embajadores políticos como de carrera. Las actuales falencias generan malestar e inestabilidad en el clima laboral del ministerio”, agregaron.
Ayer, por cinco votos a favor y cuatro en contra, la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja acordó oficiar a la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, luego que el exembajador de Chile en Francia, José Miguel Capdevila, denunciara haber sido víctima de una persecución política por parte de la actual administración, lo que terminó con su salida tras 43 años de carrera.
En concreto, la exautoridad acusó sufrir una “cancelación” por razones ideológicas, lo que derivó -a su juicio- en la “destrucción” de su carrera diplomática, después de que en 2022 fuera removido como embajador en Francia y este año le solicitaran la renuncia argumentando pérdida de confianza.
Debido a lo anterior, junto con tildar como “absolutamente grave” lo denunciado por el ex embajador chileno, los diputados de la bancada UDI que integran la comisión de RR.EE, Cristián Labbé y Cristhian Moreira, pidieron citar a dicha instancia a la subsecretaria de la Fuente, además de invitar a Capdevila para conocer su versión de los hechos. Los parlamentarios oficialistas decidieron oponerse a la solicitud, siendo aprobado sólo el oficio con los votos de los diputados gremialistas, además de Diego Schalper (RN), Francesca Muñoz (PSC) y Alberto Undurraga (DC).
