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Foto: AgenciaUNO
Desarmar el “sistema Hermosilla”: el mayor desafío del ministro Gajardo en medio de crisis judicial
Con el calendario legislativo en contra, resistencias en el Congreso y una judicatura bajo escrutinio, el titular de Justicia enfrenta el desafío de empujar una reforma heredada del caso Hermosilla que busca cambiar las reglas del juego y marcar un punto de quiebre en la crisis del Poder Judicial.
Jaime Gajardo (PC) llegó al Ministerio de Justicia con poco espacio para curvas de aprendizaje. Aunque conocía la cartera al dedillo, tras haber encabezado su subsecretaría desde el inicio del Gobierno, asumió en octubre de 2024 en medio de un remezón político, gatillado por el estallido del caso Monsalve. Lo hizo, además, con una mochila pesada: dar continuidad a una gestión marcada por la figura de Luis Cordero —el “bombero” de La Moneda en tiempos de crisis—, enfrentar la profunda crisis del Poder Judicial y tomar definiciones incómodas para todos los actores del sistema.
Hoy, a poco más de un año de ese aterrizaje forzoso, el desafío que define su gestión tiene nombre propio en el debate político: la reforma al sistema de nombramientos judiciales, el proyecto que busca cerrar definitivamente la puerta a los “telefonazos” y a las prácticas que quedaron al desnudo tras el caso Hermosilla.
La iniciativa no nació bajo su firma. Fue diseñada por el exministro Cordero en medio de la tormenta que provocaron las acusaciones constitucionales contra ministros de la Corte Suprema y las revelaciones de redes de influencia en los nombramientos. Pero fue Gajardo quien decidió “revivirla”, empujarla y ponerle urgencia política, aún sabiendo que el calendario legislativo juega en contra y que el consenso está lejos de ser evidente.
Senador Araya: “Veo difícil que se logre un consenso en forma rápida”
El proyecto ya superó una primera barrera: fue aprobado en general en la Comisión de Constitución del Senado y quedó listo para su votación en Sala. Sin embargo, ahí mismo comienzan los problemas. Con apenas seis semanas legislativas antes del cambio de período y con un Congreso atravesado por el ciclo electoral, nadie se atreve a asegurar que la reforma vea la luz durante este gobierno.
Desde el propio Senado lo reconocen sin rodeos. La presidenta de la Comisión de Constitución, la senadora RN Paulina Núñez, fue clara a comienzos de diciembre: por la magnitud de los cambios, la reforma difícilmente será despachada en este período y quedará para el próximo gobierno. Una lectura que comparte el senador PPD Pedro Araya, quien advierte que, aunque existe apuro, el texto arrastra “problemas de carácter técnico” que complican un acuerdo rápido. “Está para ser votada en la Sala, pero veo difícil que se logre un consenso en forma rápida”, dijo a El Mostrador, junto con reconocer que el rol del ministro Gajardo es clave.
En la Cámara de Diputados el ambiente tampoco ayuda. Allí, varias voces del oficialismo han cuestionado que la propuesta del Ejecutivo se haya quedado corta. La diputada Camila Musante calificó los cambios impulsados en primer trámite como “cosméticos” y lamentó que no se avanzara en una transformación más profunda.
En un comunicado emitido a inicios de este mes, la parlamentaria independiente-PPD comentó que “lo veo con absoluta gravedad, porque hace un año y ocho meses presenté una reforma constitucional para cambiar el actual sistema de nombramiento de jueces y ministros, para terminar con el sistema Hermosilla principalmente, para acabar con la incidencia del Senado y también, por supuesto, con la importancia que tiene hoy el Presidente de la República. Eso termina favoreciendo esta red de favores que hemos visto y que tiene podrida la justicia en Chile”.
Musante afirmó que “si ahora en el Senado encima le van a poder la lápida, es muy lamentable, porque se termina validando el sistema Hermosilla, cuando en vez de presentar una acusación constitucional tras otra, cada vez que sale un caso de un nuevo ministro de la Corte Suprema o de las Corte de Apelaciones, Vivanco o Ulloa, etc., lo que debemos hacer es ir a atacar la raíz del problema. Por eso presenté en su momento esta reforma constitucional, pero acá la podaron en la Comisión de Constitución”.
Desde el Frente Amplio, en tanto, se emplaza derechamente a la oposición por resistirse a modificar el rol del Senado en las designaciones y por bloquear el aumento de quórums.
Consejo de Nombramientos para elaborar ternas y quinas
En la oposición no hay un rechazo frontal al proyecto, pero sí una postura que desdramatiza la urgencia, relativiza su viabilidad inmediata y apuesta a postergar la definición para la próxima administración, manteniendo intacto —por ahora— el equilibrio de poder del actual sistema de nombramientos.
En una reciente presentación ante la Comisión de Constitución del Senado, el exsenador y exministro de Justicia Hernán Larraín (UDI), llamó a poner especial atención en la composición que tendría el nuevo organismo encargado de realizar los nombramientos de los jueces.
En ese contexto, Gajardo camina por una cornisa política. Por un lado, empuja una reforma que busca crear un Consejo de Nombramientos para elaborar ternas y quinas, restando poder al pleno de la Corte Suprema, epicentro de las críticas tras el caso Hermosilla. Por otro, debe administrar las resistencias internas del propio Poder Judicial, que ha observado el debate con distancia y cautela, y las aprensiones de un Congreso que no logra ponerse de acuerdo ni siquiera en la integración de ese nuevo órgano.
El dilema de fondo sigue intacto: si cambiar las reglas ahora o dejar la definición para el próximo gobierno. Con vacantes aún frescas en el máximo tribunal y un sistema de nombramientos cuestionado, cada semana que pasa sin reforma aumenta la presión sobre el Ejecutivo y, en particular, sobre el ministro de Justicia.
Para Gajardo, el costo de no lograr avances también es alto. Su gestión quedó tempranamente asociada a esta reforma y a la promesa de enfrentar “el corazón de la crisis judicial”. No se trata solo de técnica legislativa, sino de una señal política: demostrar que el caso Hermosilla no fue solo un escándalo pasajero, sino el punto de quiebre para cambiar un sistema que operó durante años entre llamadas, favores y silencios incómodos.
A días de que la Corte Suprema elija a su nueva presidencia y con el proyecto en una zona gris del Congreso, el ministro juega una de sus cartas más importantes. Si la reforma avanza, Gajardo podrá anotarse un triunfo estructural en medio de un escenario adverso. Si no, el debate quedará heredado al próximo gobierno, con la incómoda sensación de que el “sistema Hermosilla” sobrevivió una vez más al escándalo.
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