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Foto: EFE
Violencia en colegios golpea al Gobierno: crimen en Calama presiona a Steinert y Arzola
La Moneda salió rápidamente a mostrar control –ministras en terreno, querellas y anuncios como detectores de metales–, pero la jugada activó críticas por el riesgo de respuestas parche. Dos incendios empiezan a cruzarse: colegios inseguros y estudiantes movilizados.
El asesinato de una inspectora al interior de un colegio en Calama no solo golpeó a una comunidad educativa: abrió un flanco político incómodo para el Gobierno de José Antonio Kast en uno de los terrenos donde había buscado marcar diferencia –la seguridad–, pero ahora trasladado a un espacio especialmente sensible: las salas de clases.
La reacción fue inmediata. El Mandatario –que reaccionó a través de X a la noticia– instruyó el despliegue en terreno de sus ministras Trinidad Steinert y María Paz Arzola, en una señal de control político frente a un hecho que desbordó el perímetro tradicional del delito. Pero el problema no se agota en la contingencia: expone tensiones –políticas y de gestión– dentro del propio gabinete en un tema donde la expectativa pública es cero margen de error.
Steinert, que venía de una semana marcada por el ruido en torno a la salida de la exjefa de inteligencia de la PDI y cuestionamientos políticos a su manejo del problema, se ve ahora obligada a reposicionarse desde la acción. Su anuncio de querella por homicidio y el impulso al proyecto que permite detectores de metales, buscan mostrar iniciativa, pero también la empujan a un terreno donde el Gobierno arriesga quedar atrapado en respuestas rápidas frente a un problema más profundo.
Ahí apareció el primer choque. Desde el gremio docente, liderado por Mario Aguilar, la propuesta de pórticos fue leída como insuficiente e incluso desalineada del momento. El mensaje fue directo: reducir el debate a control de acceso puede sonar a respuesta fácil frente a una crisis estructural que mezcla salud mental, convivencia escolar y rol de las familias. En otras palabras, el riesgo de caer en el “efecto medida” sin abordar el fondo.
Pero el flanco no es solo para Seguridad. Arzola también queda expuesta. La ministra de Educación, que venía de enfrentar movilizaciones estudiantiles por recortes presupuestarios y cambios en gratuidad, ahora debe administrar una doble presión: contener la crisis en las comunidades escolares y, al mismo tiempo, sostener el orden en un sistema tensionado por protestas. Su llamado a manifestarse sin violencia y a priorizar la continuidad de clases refleja esa línea, pero la deja en una posición delicada si el conflicto escala.
Colegios inseguros y estudiantes movilizados
El problema para el Ejecutivo es que ambos frentes —seguridad en colegios y movilización estudiantil— empiezan a cruzarse. Lo que hasta ahora eran carriles paralelos (delincuencia por un lado, conflicto educacional por otro) comienza a mezclarse en la percepción pública: colegios inseguros y estudiantes movilizados. Un cóctel complejo para un Gobierno que ha hecho de la autoridad uno de sus ejes.
En el oficialismo, la presión ya se activó. Parlamentarios como la diputada Marlene Pérez (Ind-UDI) y el senador Cristián Vial (Partido Republicano) empujan acelerar medidas concretas –como los detectores de metales– y endurecer la agenda. Desde RN, las senadoras Paulina Núñez y María José Gatica refuerzan la misma línea: urgencia, herramientas y prevención. Es decir, más acción y menos diagnóstico.
En la oposición, en tanto, voces como la de la diputada Daniela Serrano (PC) apuntan a no bajar el perfil, pero poniendo el acento en el acompañamiento y las políticas de convivencia, marcando distancia con el enfoque más securitario.
Eso sí, el diputado Sebastián Videla (Ind-PS) sostuvo que, además del despliegue de las autoridades de Seguridad y Educación, es clave avanzar sin demora en la instalación de detectores de metales en los colegios, subrayando que se trata de una iniciativa ya visada por la Cámara y que no puede quedar solo en anuncios. En esa línea, llamó a dictar el reglamento correspondiente y acelerar su implementación para que la medida se concrete en el corto plazo.
Así, el caso de Calama se convierte en algo más que un hecho policial: es un test a la capacidad del Gobierno de articular una respuesta integral en un terreno donde confluyen seguridad, educación y conflicto social. Y donde, además, cualquier error se paga caro.
Porque, si algo dejó en evidencia este episodio, es que el desafío ya no es solo controlar la calle. Ahora, también, es resguardar la sala de clases sin convertirla en una extensión del conflicto. Un equilibrio fino –y políticamente riesgoso– que recién comienza.
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