“No descartamos ninguna opción”: la ofensiva total de la pesca artesanal para anular Ley Longueira

La ofensiva ya no se mueve en un solo frente. La pesca artesanal decidió abrir simultáneamente una batalla política, judicial y social para impedir que la llamada Ley Longueira sobreviva otros diez años.

En el centro de esa estrategia aparece Hernán Cortés, presidente de la CONDEPP, quien acusa al gobierno de José Antonio Kast de alinearse con los intereses de la gran industria pesquera justo cuando el sector artesanal creía estar más cerca de desmontar el modelo heredado del caso Corpesca.

La tensión escaló luego de que el Ejecutivo retirara el proyecto de nueva Ley de Pesca impulsado durante el gobierno anterior, una iniciativa que el oficialismo calificó como “refundacional”, pero que para los pescadores artesanales representaba precisamente la oportunidad de cerrar un ciclo marcado por corrupción, concentración de cuotas y desconfianza pública.

Para Cortés, la decisión no solo fue política. También fue una señal.

“Yo creo que la estrategia es evidente. El subsecretario lo ha dicho, retiró el proyecto de nueva ley de pesca (…) y todo indica que lo que quieren es volver a foja cero, es mantener los privilegios otorgados por una ley corrupta como la Ley Longueira”, afirma.

La llamada Ley Longueira, promulgada en 2013, quedó marcada por el caso Corpesca, uno de los mayores escándalos de corrupción política vinculados a recursos naturales en Chile. Parlamentarios fueron condenados por cohecho y se acreditó financiamiento irregular de la industria pesquera durante la tramitación de la norma. Para la pesca artesanal, ese origen sigue contaminando toda la estructura legal vigente.

Por eso, mientras el gobierno decidió retirar la nueva ley, los pescadores volvieron a activar otra vía: la nulidad de la Ley Longueira.

Uno de los puntos centrales de la ofensiva artesanal es presionar al Senado para que reactive el proyecto que busca declarar nula la Ley Longueira. La iniciativa permanece detenida en la Comisión de Constitución desde el año pasado.

Cortés insiste en que el Parlamento debe resolver definitivamente el tema.

“Necesitamos que el Senado, de una vez por todas, ponga en tabla esta discusión final del proyecto de nulidad (…) finalmente es ley o no es ley. Se anula o no se anula”, sostiene.

Y agrega una advertencia política de fondo: “Esta ambigüedad que tienen hoy día de temer a esta resolución me parece que da pie a que tengamos vigente aún una ley corrupta, y eso debería terminarse”.

La diferencia entre este proyecto y la nueva Ley de Pesca retirada por el gobierno es clave. Mientras la ley retirada buscaba reemplazar integralmente el sistema pesquero vigente mediante una nueva institucionalidad y nuevas reglas de acceso, el proyecto de nulidad apunta a algo mucho más radical: invalidar jurídicamente la Ley Longueira debido a su origen corrupto.

Para la pesca artesanal, ambas vías eran complementarias. Pero tras el retiro de la nueva ley, la nulidad volvió a transformarse en el eje principal de la estrategia.

El corazón de la disputa: el fraccionamiento

Paralelamente, la pesca artesanal libra otra pelea decisiva en el Tribunal Constitucional.

Ahí se discute la constitucionalidad de la Ley de Fraccionamiento Pesquero, normativa aprobada este año que redistribuyó cuotas entre el sector industrial y artesanal. La acción fue presentada por EMDEPES, filial de la japonesa NISSUIA América Latina, que acusa una afectación equivalente a expropiación. Para los pescadores artesanales, sin embargo, el fraccionamiento es el núcleo mismo de la disputa histórica.

“El fraccionamiento es el corazón de la ley de pesca, es cómo se distribuyen los recursos”, explica Cortés.

El dirigente sostiene que la redistribución aprobada corrigió parcialmente los desequilibrios heredados por la Ley Longueira y, sobre todo, lo hizo bajo un proceso transparente.

“Lo más valioso que tiene eso es que fue tratado de cara al país y no entre cuatro paredes y escondidos”, afirma.

La comparación que utiliza para describir el reclamo empresarial en el TC revela el nivel de indignación que existe en el sector.

“Es como aquel que se robó el televisor. Una vez que fue denunciado y recuperado el televisor, pretenden que indemnicen al ladrón que se robó el televisor”, dice.

Y remata: “No pueden pretender que después de haber profitado por más de 10 años de una ley corrupta, además reciban indemnización”.

“No descartamos ninguna estrategia”

En las caletas ya hablan de un nuevo ciclo de movilizaciones. La sensación de traición política atraviesa buena parte del mundo artesanal, especialmente después de que el Ejecutivo frenara la nueva ley y defendiera públicamente el carácter “refundacional” de la Ley Longueira.

Para Cortés, ahí existe una contradicción evidente.

“Una ley que está ya en un 80% de avance (…) hoy día retirarla para hacer algunas indicaciones, si el proyecto está ahí para hacer las indicaciones, hay que seguir avanzando y seguir mejorándolo en el Parlamento”, afirma.

La respuesta del sector será ampliar el conflicto.

“Nosotros no descartamos ninguna estrategia, ninguna opción para poder defender el patrimonio de la pesca artesanal”, advierte Cortés.

El dirigente asegura que la CONDEPP nació precisamente para enfrentar la Ley Longueira y que no abandonarán esa pelea.

“Nosotros nacimos para pelear contra la Ley Longueira, que era una ley corrupta (…) y no vamos a dejar de insistir en eso”.

La estrategia tampoco se limita solo a tribunales y al lobby legislativo. La pesca artesanal comenzó además a construir una articulación política propia dentro del Congreso.

Hace dos semanas, dirigentes de CONDEPP se reunieron con parlamentarios del Frente Amplio para comenzar a levantar una futura “bancada de la pesca artesanal”, abierta a legisladores de cualquier sector político.

“Vamos a invitar a participar a todos los parlamentarios que se sientan afines a las inquietudes que tiene la pesca artesanal (…) más allá del color político”, explica Cortés.

La idea es levantar un bloque transversal cuyo único eje sea la protección de la pesca artesanal y la defensa de los recursos marinos frente a la expansión industrial.

Porque para el sector, la disputa ya dejó de ser solamente jurídica.

Se transformó en una pelea por sobrevivir políticamente dentro de un sistema que sienten diseñado para favorecer a los grandes grupos económicos del mar.