PAÍS
Radiografía del CPLT revela que transparencia estatal funciona con equipos mínimos
Un informe inédito del Consejo para la Transparencia mostró que cerca de dos tercios de los organismos públicos gestionan solicitudes de acceso a información con apenas una o dos personas.
El Consejo para la Transparencia (CPLT) presentó un informe inédito que expone cómo operan internamente los sistemas de transparencia en organismos públicos y cuáles son las condiciones reales con las que el Estado enfrenta las obligaciones establecidas en la Ley de Transparencia.
El estudio, denominado “Censo de Funcionamiento de los Sistemas de Transparencia de los Sujetos Obligados de la Ley de Transparencia”, se aplicó durante 2025 a 1.110 instituciones públicas obligadas por la normativa.
De ellas, 955 entregaron respuestas válidas, alcanzando una tasa de participación de 85,9%.
Uno de los principales hallazgos del informe es la alta precariedad operativa con la que funcionan muchas unidades encargadas de responder solicitudes ciudadanas y mantener información pública disponible.
Según el reporte, un 34,1% de los organismos declara que las labores de transparencia recaen en una sola persona.
Otro 29,3% indicó que dichas funciones son realizadas por apenas dos funcionarios.
En la práctica, esto significa que cerca de dos tercios de las instituciones públicas administran sus obligaciones de transparencia con equipos extremadamente reducidos.
La situación se vuelve aún más crítica en algunos tipos de organismos.
En las municipalidades, un 44,3% reportó que estas funciones dependen de una sola persona.
En las corporaciones municipales la cifra sube a 45,3%, mientras que en las asociaciones de municipalidades alcanza 65,7%.
Pese a ello, el estudio detectó que formalmente la transparencia ya se encuentra instalada en gran parte del aparato estatal.
El 86,9% de los organismos declaró contar con al menos una persona designada ante el CPLT para gestionar materias de transparencia y acceso a la información.
Además, el 93,5% afirmó disponer de una unidad, dependencia o funcionario encargado específicamente de estas funciones.
Sin embargo, el informe también reveló debilidades estructurales importantes.
Un 33,7% de las instituciones reconoció no contar con un acto administrativo formal que establezca responsabilidades y funciones vinculadas a transparencia.
Según el CPLT, esto demuestra que en una parte relevante del Estado estas tareas siguen dependiendo de arreglos internos poco institucionalizados.
El estudio también evidenció que la mayoría de los encargados de transparencia cumplen estas labores junto con otras funciones.
El 79,4% de las personas responsables designadas ante el Consejo no tiene dedicación exclusiva.
En términos horarios, el 57,1% dedica entre una y diez horas semanales a tareas relacionadas con transparencia activa y acceso a información pública.
Solo un 21,2% destina más de 30 horas semanales a estas labores.
La presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González, sostuvo que el informe permite observar por primera vez cómo funciona realmente el sistema desde dentro de las instituciones públicas.
“Este informe es inédito porque permite mirar por dentro cómo está funcionando la transparencia en el Estado”, afirmó.
La autoridad advirtió que el cumplimiento efectivo de la ley requiere más que obligaciones normativas.
“No basta con que existan obligaciones legales: se necesitan equipos y capacidades reales para responder adecuadamente a la ciudadanía”, señaló.
González explicó además que por esa razón el organismo ha intensificado programas de capacitación dirigidos a encargados de transparencia en distintas regiones del país.
La presidenta del CPLT también enfatizó que la responsabilidad final recae en los jefes de servicio de cada institución pública.
“El cumplimiento de la ley de transparencia no es opcional”, sostuvo.
Además, recordó que las autoridades deben asegurar personal, presupuesto y organización suficientes para cumplir adecuadamente con las exigencias legales.
“No olvidemos que la ciudadanía espera respuestas oportunas, completas y claras”, afirmó.
El Consejo advirtió que, en caso de incumplimientos, puede aplicar sanciones contempladas en la normativa vigente.
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