Plan Arrau: Gobierno acelera ofensiva migratoria y de seguridad con seis proyectos urgentes

Al cumplirse 90 días del actual Gobierno, en una visita al paso fronterizo Chacalluta, el Presidente Kast, escoltado por el ministro de Seguridad, Martin Arrau, y legisladores, anunció el envío de dos proyectos de ley al Congreso para endurecer el control migratorio: Una reforma constitucional para extender los plazos de retención previo a la expulsión y una iniciativa para ampliar el tipo de delitos de tráfico de personas.

Los dos se suman al paquete de otros cuatro proyectos fundamentales que el Ministerio de Seguridad elabora para enviar este mes al Congreso con suma urgencia y la idea de que sean aprobados a fines de septiembre: la extensión de la flagrancia de 12 a 24 horas, para dar más margen de acción a las policías; el juicio oral en ausencia, para evitar que los prófugos eludan sus condenas; el Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades; y el fortalecimiento de la carrera funcionaria de Carabineros, cuya dotación va en descenso.

Este lunes Arrau abordó la obra gruesa de las dos reformas anunciadas el domingo por el Mandatario, cuyo núcleo radica en una reforma a la Carta Fundamental que busca solucionar las falencias para expulsiones administrativas.

El Ejecutivo propone elevar el plazo de 5 días de “retención” para inmigrantes ilegales a 60, prorrogables hasta 180, otorgando al Estado más herramientas para conseguir expulsiones efectivas del país. En sectores de la oposición ya advierten que 180 días es un plazo que no luce bien.

Con todo, Kast precisó que esta medida constituye una sanción administrativa, no penal, aplicable a quienes ingresaron de forma irregular y ya cuentan con decretos de expulsión vigentes. La segunda iniciativa legal apunta directamente a las redes de tráfico, mediante modificaciones al Código Penal.

El Gobierno pretende penalizar no solo el ingreso clandestino, sino también la salida irregular de personas por pasos no habilitados. Mientras que un tercer anuncio relevante explicado por Arrau es la creación de un nuevo delito y agravante por el traslado de inmigrantes irregulares.

Además de la reforma a la Constitución, Arrau anunció un paquete de cuerpos legales complementarios, como la ley para la posterior creación de Centros de Retención Administrativa específicos, siguiendo modelos utilizados habitualmente en Europa.

Seguridad condiciona el éxito de las expulsiones a coordinación diplomática con Venezuela

Es que la duda está instalada en cómo se va a albergar a las personas que estén como irregulares y sean retenidas para su expulsión. Dudas que se plantean desde sectores de la izquierda. El senador Daniel Núñez (PC) planteó en Al Pan Pan de El Mostrador que el Gobierno en seguridad “está muy preocupado de dar señales para la galería”, en vez de enfocarse de manera efectiva en “combatir el narcotráfico, el crimen organizado”.

De acuerdo con el parlamentario, propuestas como retener a personas con orden de expulsión que cometan delitos menores van a “saturar las cárceles chilenas”. Asegura que se va a “tener presas a muchas personas que no son delincuentes ni narcotraficantes”.

El senador Núñez además plantea la duda sobre los centros especiales destinados a este fin. El parlamentario aseguró que “de aquí a que se instalen centros de retención”, y con los problemas económicos que acusa el Gobierno, la realidad es que “van a terminar en las cárceles, estoy seguro de eso”, dijo a Mirna Schindler en Al Pan Pan.

Pero el ministro Arrau salió a defender la medida. “Hoy día la PDI ya cuenta con un recinto, habrá que ver si es necesario otro recinto, también la capacidad que tiene el país expulsando a estas personas, porque no basta solo con la ley, sino que hay que tener un sistema práctico para que esto efectivamente se lleve a cabo y que las personas salgan del país”, señaló.

Finalmente, el Gobierno condiciona el éxito de las expulsiones a una coordinación diplomática gradual con Venezuela. Las autoridades esperan que la normalización del estado interior venezolano permita una mayor fluidez en los vuelos de expulsión.

Según el plan, el nuevo plazo de 60 días servirá como la herramienta técnica para que la diplomacia y la logística operativa tengan el tiempo para concretar las salidas decretadas.

“En el caso de Venezuela, esperamos ir retomando relaciones poco a poco. Venezuela ha ido normalizando su estado interior y, por tanto, vemos que en un tiempo más quizás podríamos tener mayor fluidez en eso. (…) Pero efectivamente lo que hemos firmado ayer es una señal potente de que no podemos tolerar la migración desregulada, desordenada, que personas que entraron por la ventana delincan en nuestro país”, agregó el secretario de Estado.

Los seis proyectos de ley que ingresarán al Congreso con suma urgencia

El cronograma del Gobierno es estricto y las medidas coinciden con un alza del Presidente en las encuestas.

En ese marco, el Ejecutivo ha definido el ingreso de seis proyectos de ley con suma urgencia a fines de junio y presionará para que sean aprobados por el Congreso a más tardar a fines de septiembre. Esta batería legislativa busca atacar nudos críticos del sistema procesal y desincentivar el ingreso ilegal.

El pilar más destacado es la reforma constitucional para solucionar las falencias en las expulsiones administrativas y la penalización no solo del ingreso clandestino, sino también de la salida irregular por pasos no habilitados y las redes de transporte de dueños de minibuses que facilitan la movilidad de indocumentados desde las fronteras hacia el interior del país.

Más allá de la urgencia inmediata, el denominado “Plan Arrau” contempla “descongelar” otros 22 proyectos de ley que actualmente “duermen” en el Parlamento. El objetivo es que la totalidad de este despliegue legal sea ley antes de que termine el año. Esta estrategia se organiza en siete focos estratégicos que incluyen el control de calles, cárceles, fronteras y el combate al reclutamiento criminal.

Entre las reformas de mediano plazo destaca la Nueva Ley Orgánica de Gendarmería, que formalizará el traspaso de la institución desde el Ministerio de Justicia hacia el nuevo Ministerio de Seguridad. Asimismo, el Gobierno planea la implementación de siete fuerzas de tarea especializadas para enfrentar delitos de alta complejidad, como el sicariato y el lavado de activos.

En términos de infraestructura y tecnología, el despliegue en la frontera norte ya incluye radares terrestres, drones de vigilancia y equipos de visión térmica, junto con la proyección de más de 50 kilómetros de zanjas para desincentivar el ingreso ilegal. Otro eje ambicioso es el SINAPROC (Sistema Nacional de Protección Ciudadana), un “911 chileno” que unificará las respuestas de emergencia de Carabineros, PDI, SAMU y Bomberos bajo un solo número con capacidad de geolocalización.

Tensiones financieras y la controversia por “inflación normativa”

A pesar de la ambición de la agenda, el ministro Arrau ha manifestado cautela financiera. El secretario de Estado advirtió que muchas indicaciones parlamentarias acarrean gastos no previstos, subrayando la necesidad de informes presupuestarios responsables para que la “obra gruesa” no naufrague por falta de fondos.

Desde el ámbito político y técnico, la avalancha de leyes ha despertado críticas por una posible “inflación legislativa”. Voces tanto de la oposición como del oficialismo, como los senadores Iván Flores (DC) y Andrés Longton (RN), han advertido sobre el riesgo de crear un sistema penal poco coherente basado en agravantes y penas que responden más a la urgencia comunicacional que a una estrategia jurídica sistémica.

El desafío para la administración Kast será asegurar que esta batería legal no fatigue el sistema judicial y que el deseo de orden no se diluya en un “punitivismo simbólico”, logrando desarticular realmente el poder económico y operativo de las mafias que hoy desafían al Estado.