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CDE se querella contra Luis Hermosilla y Álvaro Jalaff por caso Parque Capital PAÍS El Mostrador

CDE se querella contra Luis Hermosilla y Álvaro Jalaff por caso Parque Capital

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El Consejo de Defensa del Estado presentó una nueva querella contra Luis Hermosilla y el empresario Álvaro Jalaff por su participación en gestiones para favorecer el proyecto Parque Capital. La acción judicial les atribuye delitos de cohecho, soborno y tráfico de influencias.


Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El CDE acusó a Luis Hermosilla de haber utilizado su calidad de funcionario público y sus vínculos con autoridades para influir en la aprobación del proyecto inmobiliario Parque Capital en Lampa. Según la querella, el abogado habría solicitado cerca de $300 millones a Álvaro Jalaff para realizar gestiones destinadas a “destrabar” el proyecto, lo que derivó en la presentación de nuevos cargos por cohecho, soborno y tráfico de influencias.
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El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una nueva querella criminal en el marco del denominado Caso Audios, apuntando esta vez a las gestiones realizadas para favorecer el proyecto Parque Capital, ligado al Grupo Patio, en la comuna de Lampa. La acción judicial fue dirigida contra el abogado Luis Hermosilla y el empresario Álvaro Jalaff, a quienes atribuye delitos de cohecho, soborno y tráfico de influencias.

Según el escrito ingresado ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, Hermosilla se desempeñó como asesor del Ministerio del Interior entre 2018 y 2022, período en que habría mantenido un interés económico indirecto en los negocios impulsados por los hermanos Jalaff. La querella sostiene que el abogado aprovechó su posición y sus contactos en el gobierno para intervenir en la tramitación de autorizaciones requeridas por el proyecto inmobiliario.

De acuerdo con los antecedentes recopilados por el CDE, fue el propio Álvaro Jalaff quien impulsó la incorporación de Hermosilla al caso debido a sus vínculos con autoridades de la época. En la querella se cita que la “razón principal para contratarlo” fueron sus “buenos contactos con las distintas autoridades públicas”, con el objetivo de ayudar a “destrabar las cosas con el proyecto Parque Capital”.

La acción judicial afirma que, a comienzos de 2019, Hermosilla solicitó alrededor de $300 millones para obtener resultados favorables para el proyecto. Según el CDE, esos recursos fueron pagados en distintas cuotas, tanto en efectivo como mediante mecanismos de compensación de deudas, sin emisión de boletas, facturas ni otros documentos de respaldo.

Entre los antecedentes incorporados aparecen conversaciones de WhatsApp entre ambos imputados. En una de ellas, Hermosilla señala que la información que manejaba respecto del proyecto era “muy buena” y que aquello “debería salir abogado los próximos 15 días”. En otro intercambio, Jalaff menciona la necesidad de “cerrar el monto en detalle”, haciendo referencia a pagos asociados a la gestión.

La querella también detalla una serie de reuniones y contactos realizados entre 2020 y 2021 con autoridades del Ministerio de Vivienda. Entre ellas se incluyen encuentros con el entonces ministro Felipe Ward y gestiones ante el seremi de Vivienda de la Región Metropolitana, Manuel Errázuriz. Según el CDE, estas acciones tuvieron por objeto “agilizar y destrabar el proyecto Parque Capital” al margen de los mecanismos formales contemplados por la legislación sobre lobby.

El escrito sostiene que las presiones terminaron influyendo en la aprobación de los Informes Favorables de Construcción requeridos por la iniciativa. Incluso, se indica que existían pronunciamientos técnicos desfavorables dentro de la propia Seremi antes de que finalmente se autorizara el proyecto en agosto de 2021.

A juicio del Consejo de Defensa del Estado, los antecedentes permiten atribuir a Hermosilla la calidad de autor de los delitos de cohecho agravado y tráfico de influencias, mientras que a Jalaff se le imputa el delito de soborno. Por ello, solicitó que la querella sea declarada admisible y remitida al Ministerio Público para continuar con la investigación penal.

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