Sala Cuna avanza en el Senado con críticas por falta de garantías de calidad y límites al copago

La comisión de Educación del Senado concluyó la votación de las indicaciones presentadas al proyecto que equipara el derecho de sala cuna para las trabajadoras, los trabajadores y los independientes, y crea un fondo solidario de sala cuna. 

La instancia despachó el texto a la comisión de Hacienda para que continúe su análisis en particular, tras aprobar las normas del Ejecutivo que permiten el financiamiento con cargo al seguro de cesantía, la implementación del copago y no exigir reconocimiento oficial para los nuevos establecimientos vinculados a la iniciativa. 

Cabe destacar que gran parte del articulado fue aprobado por mayoría de votos oficialistas -Gustavo Sanhueza (UDI), Rojo Edwards (independiente), Cristian Vial (ind-PR)- y persistieron las diferencias con los senadores de oposición, Vlado Mirosevic (Partido Liberal) y Yasna Provoste (DC).

Con todo, el proyecto superó la primera valla para modificar el artículo 203 del Código del Trabajo, quedando establecido que las personas trabajadoras podrán acceder a salas cunas donde puedan dar alimento a sus hijos menores de dos años y dejarlos mientras estén en el trabajo.

“Es un hito importante. Avanzamos en este proyecto tan importante en situaciones de complejidad del mercado laboral, como es de público conocimiento, con una tasa de desempleo femenino de 10,5%”, dijo el ministro del Trabajo, Tomás Rau, al término de la sesión. 

Mecanismo de financiamiento 

Uno de los principales puntos del debate, el cual se aprobó por tres votos a favor, uno en contra, y una abstención, fue el mecanismo de financiamiento del fondo de sala cuna.

De acuerdo a lo que estableció el Ejecutivo, los recursos se dispondrán desde el seguro de cesantía, vía cotización de 0,35% a cargo del empleador, lo que será compensado por una reducción de 0,2% de la tasa de cotización destinada a las cuentas individuales de cesantía (CIC), y una reducción de 0,15% de la tasa de cotización al Fondo de Cesantía Solidario (FCS).

Mientras que desde el oficialismo defendieron que el  gobierno propuso una buena solución al no afectar al mercado laboral, desde la oposición apuntaron a que el seguro de cesantía tiene por objetivo principal proteger el riesgo ante el desempleo, y no financiar un derecho educativo de la primera infancia.

“Usar su arquitectura de recaudación no es una neutralidad de costo como sostiene el Ejecutivo, sino que lo que busca es sustituir un derecho social por otro dentro de los mismos recursos de los trabajadores, sin que el Estado asuma el costo fiscal de lo que significa una nueva prestación permanente”, señaló la senadora DC, Yasna Provoste. 

Al término de la sesión, Provoste reiteró que “antes de este proyecto de ley, el empleador tenía que pagar íntegramente la sala cuna. Después de este proyecto, la sala cuna la pagan con los recursos de las y los trabajadores, desnaturalizando el fondo de cesantía. En momentos en que tenemos un 9,4% de desempleo, el más alto en los últimos 5 años, se debilita el fondo de cesantía”. 

“Un escenario ideal hubiese sido un modelo donde pague el empleador, paguen los trabajadores y pague el Estado. Hoy día solo se carga la mano al trabajador”, dijo el senador del Partido Liberal y miembro de la comisión de Educación, Vlado Mirosevic. 

Reparos por fiscalización y falta de garantías a la calidad

Ambos senadores de oposición, también lamentaron que no se robusteciera la obligación de asegurar el “reconocimiento oficial del Estado”, con cronograma para su implementación, como una fórmula para “elevar los estándares”. Algo que también fue parte de los reparos que manifestaron algunos de los parlamentarios oficialistas. 

El presidente de la Comisión, senador Gustavo Sanhueza (UDI),  señaló que han hecho “especial hincapié en que tiene que existir una fiscalización adicional. Es algo que le estamos pidiendo al Ejecutivo para que lo considere en los próximos procesos legislativos, de manera de poder garantizar a la familia chilena que sus hijos van a estar con el adecuado resguardo”. 

“Esta es una oportunidad para elevar los estándares de calidad de las salas cunas. El gobierno se negó a abrir esa discusión, no pudimos incorporar ningún artículo para mejorar la calidad, darle seguridad a los padres, que cuando manden a su hijo o hija a una sala cuna lo puedan hacer de manera segura. Lamentablemente no hubo ninguna discusión, ningún artículo sobre calidad, sobre estándares, sobre fiscalización”, enfatizó el senador Mirosevic. 

En respuesta, la subsecretaria de Educación Parvularia, María Cristina Tupper, manifestó estar disponible para dar el debate sobre fiscalización, pero no en esta instancia legislativa.

“Me parece que son conversaciones válidas de tener, pero no respecto de un proyecto que entrega un subsidio a la sala cuna, porque son conversaciones que son pertinentes para todo el nivel de educación parvularia y para todos los establecimientos, no solo con los que pueden participar de este registro. Y por último, señalar que el año pasado se tuvieron esas discusiones aquí, sobre qué requisitos del reconocimiento oficial se podían flexibilizar y cuáles no, qué facultades tenía la superintendencia sobre los establecimientos que no tienen certificación. Y como yo decía, no veo problemático volver a abrirlas, pero no en el contexto de este proyecto, porque eso va a desordenar la institucionalidad de educación parvularia en general”, dijo durante la sesión de este miércoles. 

Límite al copago

En el proyecto también quedó establecida la posibilidad de que las salas cuna soliciten un copago. Algo que para los senadores oficialistas ratifica el derecho de los padres a elegir centros educativos que les generen mayor confianza, lo que otorga una herramienta para fomentar la calidad,

En contraste, los senadores de oposición criticaron la medida, apuntando a que permite la discriminación, advirtieron que el copago podría crear desigualdad de acceso y presionar los precios de los recintos. 

Provoste anunció reserva de constitucionalidad apuntando que la Constitución garantiza el derecho de la educación y su acceso. “Este proyecto dice que si la sala cuna es más alta que el valor promedio que el gobierno va a colocar, esa diferencia, ese copago es de responsabilidad del trabajador y de la trabajadora”, criticó. 

“Presentamos una indicación solicitando que quienes accedieran a este fondo de los trabajadores fuera solo con reconocimiento oficial, lamentablemente, lo perdimos. Luego, presentamos otra indicación señalando que las instituciones privadas que accedan a este fondo no podían establecer un copago y esto es porque existe demasiada evidencia en el mundo, en orden a que el copago genera una segregación. Imaginen segregando desde los primeros meses de vida dependiendo del poder adquisitivo de sus padres y lamentablemente, también lo hemos perdido”, detalló la legisladora.

Si bien el senador Rojo Edwards calificó la aprobación como un “momento histórico” al terminar con una de las brechas que incide en la participación laboral de las mujeres, durante la sesión de este miércoles manifestó su preocupación sobre varios aspectos no zanjados, e invitó al Ejecutivo a formular un protocolo de acuerdo para los siguiente pasos de tramitación. 

“Yo estoy 100% a favor del copago, pero yo estoy a favor del copago, no del pago. A mí me preocupa que terminemos con un sistema donde los copagos puedan dispararse mucho. Entonces, quizás tendríamos que ver alguna forma de ponerle algún tipo de límite, como se hacía en el copago anterior. Como no tengo seguridad de cuánto va a ser el subsidio, porque no está, entonces también tengo preocupación de que el copago sea muy alto”, dijo. 

Asimismo, sugirió que el monto del subsidio quede establecido en la ley. “Para que la señal que se da sea de que vamos a tener una buena sala cuna y que vamos a tener la posibilidad de generar la oferta que vaya a cubrir esta demanda de 15.000 cupos que probablemente se necesitan al año. (…)  Que el monto del subsidio también tenga alguna comparación con los subsidios que se entregan en el sector público, para que tengamos una oferta que buenamente nos garantice a todos un mínimo de calidad en términos financieros”, agregó. 

Sin titularidad del niño o niña 

Otras de las discrepancias entre el Ejecutivo y algunos parlamentarios, fue la redacción del artículo que señala “los trabajadores podrán acceder a salas cunas donde puedan dar alimento a sus hijos menores de dos años y dejarlo mientras estén en trabajo, bajo las condiciones establecidas en la ley y en el presente código (…)”, al desconocer la titularidad del niño o niña como sujeto de derecho. Algo que no fue recogido por el Ejecutivo. 

Al respecto, el senador Rojo Edwards advirtió “que no dejar al titular del niño creo que es un problema. A mí me hubiese gustado que aquello ocurriera, pero entiendo que el Ejecutivo no va a permitir eso”. 

“Sería importante afirmar la titularidad del niño porque quienes defendemos la libertad, y en particular la libertad de enseñanza, es clave que el titular del derecho -por ejemplo de la educación- sea el niño, y no un  tercero y menos del Estado. Y creo que esto debilita esa idea, entre otras cosas. (…) Si bien esta reacción es un avance, y dadas las circunstancias, yo personalmente lo voy a tomar. Sin embargo, igual van a haber algunas consecuencias respecto a las adecuaciones que van a haber más adelante sobre la defensa de los derechos del niño”, indicó. 

Por su parte, la senadora Provoste acusó al gobierno de no tener “ningún grado de flexibilidad para reconocer el interés superior de los niños y niñas en este proyecto”:

“El Ejecutivo sigue anclado a una lógica que invisibiliza a los niños, que no reconoce el interés superior de ellos y que además desconoce lo que está establecido en la ley que es aplicar de forma prevaleciente y sistemática siempre el interés superior de los niños y niñas”, señaló.