Renuncia seremi de Hacienda en medio de resistencia a exhibir su test de drogas

Era la carta que más defendió la diputada republicana Stephanie Jéldrez Ortiz para que fuese incorporada al Gabinete Regional. Sin embargo, el ingeniero comercial y su aliado en el movimiento ciudadano “Con mi plata no” en contra de la Reforma de Pensiones, Marcelo Vergara Albarracín, solo duró casi cuatro meses como secretario regional ministerial de Hacienda, ya que sorpresivamente el viernes pasado presentó su renuncia al cargo.

Dado lo escueto del comunicado de prensa emitido por el Ministerio de Hacienda sobre su dimisión –que recién comenzó a masificarse el sábado, y que los medios pusieron el acento en que era el seremi número 24 que abandonaba un puesto en el Gobierno actual–, Aquí Arica intentó conseguir un pronunciamiento en esa misma cartera, en la Delegación Presidencial Regional (DPR), en la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno y con la misma exautoridad sobre las verdaderas causas de su decisión, pero chocamos contra una verdadera muralla para dilucidar este caso.

Es más, en todas esas instancias hubo una completa negativa y explicaciones evasivas y contradictorias ante la consulta específica sobre el test de drogas al que se había sometido Vergara. Según un reporte de la DPR entregado a este medio el 22 de junio pasado, a esa fecha el exseremi ya se lo había practicado, pero aún no estaban listos los resultados.

Pese a que dijo que estaba dispuesto a hablar con la prensa, Vergara rechazó ser entrevistado por Aquí Arica, evitando contestar su teléfono. Solo nos entregó unos mensajes vía WhatsApp, en los que reafirmó la misma versión que dio a varios militantes de su partido: que dejaba el cargo porque recién se había dado cuenta de que el sueldo que estaba recibiendo no le alcanzaba para mantener su hogar en Arica y a sus hijos en Santiago que cursan estudios superiores en dos universidades.

Es más, a la militancia le aseguró que el salario ya no tenía los bonos trimestrales por metas de gestión institucional. Sin embargo, en la página de Transparencia de la Subsecretaría de Hacienda es posible advertir que el monto fue ajustado de 3.777.020 en febrero de este año a una cifra pareja de $ 5.026.689. Esto, de acuerdo con el artículo 38 bis de la Constitución Política del Estado que fijó sueldos de funcionarios de confianza política bajo el supuesto criterio de aplicar austeridad en la política salarial, dado el complejo panorama económico por la caída del Producto Interno Bruto (PIB).

En breves mensajes que envió a este medio, Vergara descartó ser consumidor de drogas, pero se negó a exhibir el test practicado por su servicio en cumplimiento a la normativa vigente desde febrero de este año, que hizo obligatorios estos exámenes para los delegados presidenciales, seremis y jefes de servicios. Al respecto dijo que no los tenía en su manos.

• La renuncia golpeó al mundo republicano, pese a que Vergara registra una militancia no superior a seis meses en la colectividad. Es más, se sabe que la diputada Jéldrez promocionó con ahínco su nombre para que fuera designado seremi de Economía, Fomento y Turismo. Sin embargo, esa partida no la ganó, ya que la exconsejera regional y también republicana, Romina Cifuentes González, consiguió un patrocinante más fuerte y la nombraron en ese cargo.

No contenta con esa decisión, la parlamentaria logró como compensación que su candidato fuese designado seremi de Hacienda, pero con un propósito que sus cercanos siempre verbalizaban: “que si se cae la Romina, Marcelo asumirá Economía”. Finalmente ocurrió una paradoja. Tras la renuncia y mientras consiguen un reemplazante, quien asumió su subrogancia fue justamente la seremi de Economía, Romina Cifuentes.

• Lo que se conoció de los cuatro meses de gestión de Vergara fue un desempeño errático con escasa vinculación con los servicios claves y dependientes de Hacienda: el Servicio Nacional de Aduanas, el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Tesorería General de la República (TGR). Asimismo, la dimitida autoridad no tuvo eco en sus demandas de contar con una secretaria, un chofer, un periodista y un vehículo para la oficina unipersonal que asumió. Y durante las semanas de ejercicio en el cargo intervino en temas de empleabilidad –de competencia de la Seremi de Economía–, se sumó a una entrega de vacunas de una minera que es resistida por un grupo de comunidades indígenas en Camarones y participó en cuentas públicas de otras instituciones.

“Pídalo al Gobierno Regional”

Pese a que el empleador directo del exseremi era el Ministerio de Hacienda, desde ese servicio no quisieron responder a las consultas de Aquí Arica, derivándonos, increíblemente y con total desconocimiento del sistema político administrativo regional, a el “Gobierno Regional”.

Esa respuesta fue entregada por la coordinadora de Comunicaciones del Ministerio de Hacienda, Marialí Bofill García. Luego, al representarle que estaba en un error porque el Gore era un organismo autónomo y que no tenía relación con el Ejecutivo, dijo: “Ay, parece que me quedé en el pasado. Pida la versión en la Delegación Regional, ellos van a hablar, quedamos en que la región va a hacer la vocería”. Y al solicitarle directamente que exhibiera los resultados del test de drogas aplicados al exseremi, primero señaló: “¿Cómo te voy a dar eso si es privado?” . Sin embargo, al expresarle que había una normativa reciente que obliga a los servicios del Estado a hacer públicos estos antecedentes, manifestó: “Voy a consultar si te los podemos dar”.

Desde ese momento, la asesora nunca más nos contestó los mensajes, pese a que le enviamos la normativa, el instructivo de la Contraloría General de la República en torno a esta materia y el compromiso del propio Presidente José Antonio Kast del 8 de abril pasado de transparentar estos antecedentes, luego de aplicarse voluntariamente el test capilar.

Aunque el delegado presidencial regional Cristian Sayes Maldonado comprometió el 22 de junio a este medio que habría total transparencia en la difusión de los exámenes de drogas, su disposición cambió radicalmente luego de conocerse el doping positivo que registró en junio el seremi de Agricultura, el ingeniero agrónomo y su amigo personal, Jorge Heiden Campbell (Evópoli). Este último debió renunciar por la incompatibilidad legal que tiene el ejercicio de un cargo de Gobierno con el consumo de sustancias ilícitas.

La situación de Heiden se tornó bochornosa porque nunca el profesional reconoció que su test dio positivo, y se despidió del Gabinete Regional y de su servicio a través de un mensaje de WhatsApp, anunciando que dejaba el cargo por un empleo en el extranjero. También significó un golpe a uno de los pilares del Gobierno relacionados con la lucha frontal contra el narcotráfico y el crimen organizado, al registrar entre sus filas a la primera autoridad consumidora de drogas a nivel nacional.

A diferencia de lo que hizo con Heiden, esta vez el delegado Sayes se comprometió el sábado a hablar con Aquí Arica, pero luego optó por radicar la vocería de este caso en la seremi de Gobierno, la periodista republicana Pollyana Rivera Bigas, quien solo se limitó a repetir la escueta versión del Ministerio de Hacienda: “De acuerdo a información entregada por el Ministerio de Hacienda, informamos que el seremi de Hacienda, Marcelo Vergara, presentó su renuncia voluntaria al cargo, por lo que como Gobierno agradecemos el compromiso y trabajo realizado en nuestra región”.

Si bien hasta hoy en la región solo han sido publicitados tres exámenes de las autoridades del Gabinete Regional, específicamente los de los delegados presidenciales regional y provincial y el de la seremi de Gobierno, el tema está lejos de agotarse. Ello porque la Ley 21.806 estableció que las autoridades deberán someterse a otros dos tests durante cada año para mantener la vigilancia sobre el consumo de drogas.

Es más, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez Cantillana, emitió el Oficio N° 12.759 el pasado 5 de junio, mediante el cual instruyó a todos los servicios gubernamentales, centralizados y descentralizados, la obligatoriedad del sometimiento a control del consumo de sustancias estupefacientes mediante muestra biológica de pelo para autoridades, así como también requirió a las entidades disponer de los recursos necesarios para cumplir con este precepto.

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