PAÍS
Agencia Uno
Millonaria multa: Miguel Ángel Aguilera es condenado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos
El Sexto Tribunal Oral de Santiago condenó al exalcalde de San Ramón por incremento patrimonial injustificado y lavado de activos. Deberá pagar multas por más de $246 millones, cumplirá libertad vigilada intensiva y quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos.
El Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó este martes al exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, por los delitos de incremento patrimonial relevante e injustificado y lavado de activos, imponiéndole multas por más de $246 millones, cuatro años de reclusión sustituidos por libertad vigilada intensiva y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
De acuerdo con el fallo unánime, Aguilera deberá pagar una multa de $246.918.500, equivalente al patrimonio cuyo origen no logró justificar, además de una multa adicional de 200 UTM por el delito de lavado de activos. Asimismo, quedó inhabilitado por cinco años para desempeñar funciones públicas.
El tribunal estableció que entre 2013 y 2017 el entonces jefe comunal incrementó su patrimonio mediante ingresos injustificados depositados en sus cuentas bancarias por un monto cercano a los $247 millones, recursos que excedían ampliamente las remuneraciones que percibía como alcalde.
La sentencia señala que esos fondos ingresaron a través de decenas de depósitos en efectivo realizados por distintas personas, sin que el condenado pudiera acreditar su origen lícito.
Los jueces también concluyeron que Aguilera realizó maniobras para ocultar el origen del dinero, fraccionando operaciones financieras y destinando parte de esos recursos a la compra de una vivienda en la comuna de La Reina. Como consecuencia, el tribunal decretó el comiso de ese inmueble.
Respecto de la acusación por cohecho pasivo reiterado, el exalcalde fue absuelto debido a que la acción penal se encontraba prescrita. No obstante, la resolución dio por acreditado que recibió pagos vinculados a la adjudicación de licitaciones municipales, infringiendo las normas de probidad y contratación pública.
En su análisis, el tribunal sostuvo que el enriquecimiento ilícito, el cohecho y el lavado de activos formaron parte de un mismo esquema, mediante el cual Aguilera obtuvo beneficios económicos aprovechando el cargo que ejercía y posteriormente desplegó acciones para ocultar el origen de esos recursos.
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