PAÍS
Claudio Orrego enfrenta audiencia clave en el Tricel por solicitud de destitución
Consejeros regionales republicanos y de la UDI acusan al gobernador metropolitano de notable abandono de deberes y faltas a la probidad. La defensa sostiene que el requerimiento carece de sustento jurídico y fáctico.
El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) revisará este viernes, a las 15:00 horas, el requerimiento presentado por consejeros regionales del Partido Republicano y la UDI para destituir al gobernador metropolitano, Claudio Orrego.
Según informó La Tercera, la acción fue ingresada en julio de 2025 y acusa a la autoridad regional de notable abandono de deberes y faltas graves a la probidad administrativa.
Los requirentes cuestionan la ausencia de controles internos y mecanismos de verificación en el Gobierno Regional Metropolitano. También apuntan al uso de más de $31 millones en sesiones de coaching que, según sostienen, estuvieron enfocadas en la campaña de reelección de Orrego.
La acusación fue impulsada por los entonces consejeros Ignacio Dülger y Álvaro Bellolio, junto con los abogados Máximo Pavez, Emiliano García y Pablo Toloza. Varios de ellos ocupan actualmente cargos en el gobierno del Presidente José Antonio Kast.
Los antecedentes de la defensa
Orrego será representado por los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz, quienes adjuntaron una serie de resoluciones favorables para respaldar su defensa.
Entre ellas se encuentra el rechazo unánime de la Corte de Apelaciones de Santiago a la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía en el caso ProCultura y el posterior sobreseimiento definitivo de la autoridad regional.
La defensa también incorporó la decisión de la Fiscalía Oriente de no perseverar en la investigación por las sesiones de coaching y el fallo de la Corte Suprema que ordenó a la aseguradora Aspor pagar $1.000 millones por el fallido convenio Quédate, suscrito entre el Gobierno Regional y ProCultura.
Sin embargo, el punto más sensible será el pronunciamiento de la Contraloría General de la República que confirmó la existencia de irregularidades administrativas y rechazó la solicitud de reconsideración presentada por Orrego.
“El notable abandono de deberes y la contravención grave al principio de probidad es algo que corresponde calificar privativamente al Tricel”, sostuvo Álvaro Ferrer, abogado de los consejeros requirentes.
La defensa afirmó que la acusación “carece de sustento jurídico y fáctico” y expresó su confianza en que el tribunal resolverá conforme a los antecedentes del proceso. Tras los alegatos, la decisión quedará en manos de los ministros que integren la sala del Tricel.
