Permiso a funcionarios para explotar estacionamientos abre flanco a Alessandri en Zapallar

La Municipalidad de Zapallar renovó el permiso que permite a la Asociación de Funcionarios Municipales explotar estacionamientos ubicados en playas, calles y otros bienes públicos, una decisión que abrió cuestionamientos por un eventual conflicto de interés y su compatibilidad con el principio de probidad administrativa.

Según informó La Tercera, el Decreto Alcaldicio N.º 201, firmado el 23 de enero de 2026, ratificó la renovación de un permiso precario concedido originalmente en 2021. La autorización estará vigente, al menos, hasta el 30 de noviembre de 2027.

El permiso incluye los estacionamientos del Parque de La Paz, Playa Grande de Cachagua, Las Cujas, Los Coirones, el Loteo El Golf y la avenida Tajamar, además de las calles de los sectores urbanos de Zapallar, Cachagua, La Laguna y Catapilco.

La asociación podrá cobrar hasta $40 por minuto en los estacionamientos de playas y $30 por minuto en el resto de las calles urbanas, con excepción de la avenida Tajamar. La renovación había sido aprobada previamente por el concejo municipal en una sesión extraordinaria realizada a fines de 2025.

La organización recibe cerca de $100 millones anuales después de pagar una suma similar a la empresa contratada para efectuar los cobros. De esos recursos, un 10 % se destina a señalética y mejoras, un 30 % queda en las arcas de la asociación y un 60 % va al Departamento de Bienestar Municipal.

Las dudas sobre el permiso

Expertos consultados sostienen que el problema no radica en la facultad municipal para entregar permisos sobre bienes de uso público, sino en que la entidad beneficiada está integrada por funcionarios del mismo organismo que concede la autorización.

También plantean dudas respecto de si la explotación permanente de estacionamientos resulta compatible con la finalidad establecida para las asociaciones de funcionarios en la Ley N.º 19.296, centrada en la representación y promoción de los intereses laborales de sus afiliados.

El alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, defendió la legalidad de la medida. Señaló que la asociación es una persona jurídica sin fines de lucro, cuyos recursos no pueden distribuirse entre sus integrantes, y aseguró que la exención del pago de derechos municipales se ajusta a la ordenanza vigente.

El jefe comunal añadió que no se trata de una contratación de servicios ni de una concesión permanente, sino de una autorización temporal cuyos costos son asumidos por la organización. Parte de los ingresos, explicó, financia un seguro complementario de salud para los funcionarios afiliados.

El abogado y académico de la Universidad Central Claudio Pimentel sostuvo que el decreto puede ser jurídicamente defendible, pero advirtió que debe fundamentar la finalidad pública perseguida y respetar los principios de probidad, igualdad e imparcialidad. Si la Contraloría detectara vicios de legalidad, podría solicitar su corrección o invalidación e instruir una investigación sumaria para determinar eventuales responsabilidades administrativas.